Opinión

La quimera del oro

2021-12-27
Por Víctor Caballero Martin

Sociólogo

coverFoto: Andina

En la sabiduría popular hay frases que grafican muy bien cómo las buenas intenciones pueden generar efectos contrarios a lo que se busca para solucionar un grave problema. Se dice “el remedio resultó peor que la enfermedad” para sentenciar que lo que supuestamente iba a sanar al enfermo o a una sociedad, termina generando daños mucho peores. De eso mismo se trata cuando gobernantes o autoridades pretenden, con buena intención, impedir por la ley o por la fuerza, se realicen actividades de extracción y procesamiento de minerales en las cabeceras de cuencas o en sitios ecológicamente frágiles. Lo que sucede es todo lo contrario, sobre todo si se trata de extracción de oro y plata.

La legislación minera y ambiental en el Perú es muy drástica contra las actividades mineras ilegales; hay un marco normativo que prohíbe las actividades mineras en las cabeceras de cuencas y que defiende los ecosistemas frágiles de dicha acción depredadora y contaminante (Ley Nº 30640). Cada cierto tiempo fuerzas policiales y militares realizan operativos espectaculares en la que se dinamitan cargadores frontales, balsas carrancheras, dragas y plantas ilegales en acciones de interdicción. No obstante, nada de eso arredra a quienes invaden terrenos y concesiones mineras para continuar con sus actividades de extracción y procesamiento del oro. Cerrada una planta o desalojada una empresa de una zona minera, poco tiempo después esos terrenos son invadidos por centenares de personas para continuar con la extracción del oro en condiciones mucho más precarias que la anterior.

Las disputa por el oro en las provincias del sur de Ayacucho

Hay motivos para suponer que el anuncio de la Presidenta del Consejo de Ministros de cerrar operaciones de las unidades mineras: Breapampa, Inmaculada, Pallancata, y Apumayo que explotan el oro y plata de las empresas Ares y SAMI, ubicadas en cabeceras de cuencas de las provincias del sur de Ayacucho pueden alentar luego invasiones a esas unidades por parte de mineros ilegales o de los propios comuneros que están cerca de esas concesiones.

El conflicto en las zonas mencionadas lleva más de unan década. La oposición por parte de autoridades locales y dirigentes comunales ha sido intensa; se redobló en los últimos meses, llegando a un punto donde la posibilidad de diálogo o de negociación entre las partes (autoridades locales y empresas mineras) se torno imposible. Era evidente que ante este punto crítico las autoridades del gobierno tenían que actuar, pero lo hicieron cometiendo errores que luego dejaron la sensación de acabar en un punto muerto y sin salida (salvo la de respetar y hacer respetar los procedimientos legales en los procesos de cierre de minas y de aprobación de nuevas operaciones).

Pero, veamos el caso con más perspicacia: los terrenos en disputa tienen yacimientos de oro y plata que son explotados por las empresas mencionadas. El oro se explota a tajo abierto, y las unidades no están distantes de los pastizales y terrenos agrícolas de las comunidades. En las provincias de Paucar del Sara Sara, Parinacochas y Lucanas, convive la actividad minera con la agricultura y ganadería; la explotación del oro en dichas zonas es también una actividad que concentra un gran número de familias; datos no oficiales señalan que en Ayacucho existen más de quince mil mineros informales.

No tengo duda que en las comunidades campesinas, productores agrarios, defensores del medio ambiente existe un sano interés por evitar que en sus territorios se prohíba toda actividad extractiva depredadora, pero la experiencia muestra ejemplos contrarios de cómo la oposición a que se instalen proyectos mineros en cabeceras de cuenca o en valles agrícolas, lleva al surgimiento -con una fuerza inusitada- de centenares de personas dispuestas a hacerse de dichos terrenos realizando una práctica ilegal y altamente contaminante para la extracción del oro. Además se producen enfrentamientos entre comunidades por problemas de linderos que tienen a la base la posesión de zonas mineras. Lo más probable es que quienes cubran ese espacio vacío dejado por la minería formal sean mineros informales de las propias comunidades o de otros lugares. Todo hace suponer que el cierre de las operaciones de esas unidades mineras no significará el fin de la minería en dichos lugares.

Si no fuera porque la demanda de oro y plata es tan atractiva, podemos concluir que el cierre de estos proyectos puede ser la solución a los problemas de contaminación que generan. Pero no es así, la ambición de hacerse de terrenos donde están esos metales; y la expectativa de ganancias rápidas es tan poderosa que impulsa a miles de personas a invadir las concesiones mineras que están a su alcance. No hay fuerza pública que las contenga, ni atemorice. Conocemos que las acciones de interdicción que el Estado realiza cada cierto tiempo para dinamitar máquinas o instalaciones de los mineros ilegales, no ha hecho retroceder un metro de las zonas tomadas, como lo podemos comprobar en Madre de Dios o en La Rinconada (Puno).

El cierre de un proyecto minero o la prohibición que se realicen actividades mineras en cabeceras de cuenca o en zonas frágiles no evita los conflictos sociales. Lo sabemos de sobra, hay experiencias que lo confirman. Lo que generan estas prohibiciones son nuevos conflictos, más complejos, y no necesariamente entre comuneros y empresas, sino entre comuneros o entre comuneros y mineros informales.

Los conflictos por las zonas o denuncios de minería aurífera

Como sabemos la minería artesanal (e ilegal) de oro está en todo el territorio nacional: Madre de Dios, Ananea, las pampas de la costa, las zonas auríferas de Pataz, Huamachuco, Cajabamba, por mencionar las zonas más conocidas. En la mayoría de estas zonas el conflicto con los mineros artesanales e informales ha sido intenso y muy violento, sobre todo, por las invasiones en las que se posesionaron a la fuerza de concesiones mineras.

Es una historia bastante conocida y repetida que el oro, o las ambiciones por apropiarse de concesiones de minería aurífera ha generado enfrentamientos entre hermanos y vecinos. Un caso reciente se presentó en la primera semana de diciembre en el centro poblado de Titire, zona fronteriza de Puno y Moquegua. El motivo: el proyecto minero Katy de la empresa CULTINOR S.A.C. que pretende explotar una montaña “que contiene oro en sus entrañas”i .La zona está en un conflicto territorial entre el centro poblado Titire (Moquegua) y la comunidad campesina de Jatucachi (Puno). Ambos pobladores se oponen al proyecto minero, pero ambas se disputan el terreno donde está el oro, y ya se produjeron las primeras invasiones.

Un caso similar se presentó en noviembre pasado, cuando estalló un conflicto entre comunidades en las provincias de Antabamba y Grau que dejó un saldo de dos muertos y más de sesenta heridos. No era solo una disputa de linderos lo que enfrentaba a las comunidades Huaquirca - Sabaino (Antabamba) y Virundo (Grau), también hay el interés por la posesión de zonas en donde se está explotando oro y plata. Este conflicto no es de ahora, tiene ya más de cuatro décadas, con periodos intensos de enfrentamientos e invasiones.

Recordemos otra experiencia negativa que se presentó en el Valle de San Lorenzo – Piura en el 2005. La oposición de los pobladores de Tambogrande al inicio de las operaciones del proyecto aurífero de la minera Manhattan en el ámbito del valle de dicho distrito. El conflicto se inició el 2004; el lema de la campaña fue: “Sin limón no hay cebiche”. La campaña fue exitosa. A principios del año 2005, la empresa Manhattan se retiró. Luego de ello, miles de mineros informales se posesionaron de la zona alta del valle y destruyeron el medio ambiente ante la vista y paciencia de todos: autoridades locales y nacionales, y ante los impávidos campesinos que vieron como su lucha no impidió que las vetas de oro fueran invadidas por mineros ilegales.

Otra experiencia de conflicto con mineros ilegales invasores se presentó en el Cerro Algamarca, Cajabamba durante los años 2005 - 2009. Este cerro estaba en disputa entre las empresa Sulliden Shahuindo y Minera Algamarca S.A.; las desavenencias comerciales y disputas legales se enredaron cuando centenares de invasores se posesionaron del cerro e inmediatamente empezaron las excavaciones sin orden ni concierto; peor aún, empezaron a lavar el mineral con cianuro y otros componentes químicos altamente contaminantes que ocasionó la muerte de decenas de informales. Como era inevitable, se generó un conflicto muy intenso entre los mineros ilegales y los comuneros del caserío San Jose de Cachachi afectado por esta actividad. Poco tiempo después que esas invasiones eran alentadas por una de las empresas en conflicto, la minera Algamarca S.A., quienes llegaron a un acuerdo estratégico para la extracción y compra del oro.

El mercado del oro, como factor que estimula la conflictividad

Los casos de esta naturaleza son frecuentes y reiterativos. El problema de fondo es cuál debe ser la estrategia más adecuada cuando se trata de afrontar conflictos en zonas en donde lo que está en debate es la posesión y explotación de zonas auríferas de mediano o gran potencial; si hay oro y plata en terrenos en disputa se tornará inevitable la presencia de mineros ilegales, se alentarán invasiones que se posesionarán de dichos terrenos.

La explotación de los yacimientos de oro y plata no se va a detener porque hay un mercado muy activo del oro. En los dos años de crisis económica por la pandemia del coronavirus, el precio del oro ha crecido, y su demanda es sostenida.

El negocio del oro está bien montado. Existen numerosas plantas de este mineral estratégicamente ubicadas en zonas donde se extrae; funcionan muchas cadenas de comercialización que capta la producción artesanal (e ilegal) que, por lo visto, están obteniendo buenas ganancias en plena pandemia Es el caso de la empresa Dynacor - corporación industrial internacional de mineral de oro que compra a la MAPE (mineros artesanales y de pequeña escala).

Ensayando alternativas para afrontar los conflictos

Se han ensayado varias alternativas para encausar estos conflictos, algunas con éxito. A manera de resumen presento varias de las alternativas para analizar con detalle la posible estrategia a aplicar para canalizar los conflictos generados por estas disputas:

  1. Alianzas estratégicas entre mineros artesanales debidamente formalizados con empresas mineras dueñas de concesiones. Esta fue una forma que pudo canalizar el conflicto en el cerro Algamarca; esa modalidad se ha extendido a otras provincias, caso del acuerdo entre la empresa Sulliden y la Asociación de Mineros Artesanales de San Blas.
  2. Que las empresas mineras formales puedan asociarse con pequeñas empresas de mineros artesanales para ser parte de la cadena de producción; para que sin ceder las concesiones form almente adquiridas procedan a compartir acciones de remediación ambiental.
  3. Que los mineros ilegales pasen a un régimen de contrata de la empresa minera, por tanto la formalización laboral puede posibilitar su incorporación como trabajadores.
  4. La formalización de los mineros artesanales en empresas comunales o cooperativas de producción, para lo cual previamente se debe proceder a la legalización de la posesión de lotes mineros.
  5. Que las comunidades campesinas en donde se encuentran los yacimientos inicien su formalización como comunidades mineras, y sean registradas como tales.