Opinión

You are fired!

2020-11-08
Por Jorge Frisancho

Escritor

coverFoto: Reuters

La presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos entró en su epílogo ayer, sábado 7 de noviembre de 2020, a eso de las 11:30 de la mañana (hora peruana). En ese momento, los medios anunciaron su proyección de una victoria Demócrata en las elecciones en Pennsylvania, con la que el ascenso de Joe Biden a la Casa Blanca se hacía irreversible.

Por supuesto, las proyecciones de la prensa no son una proclama oficial; esas se irán dando estado por estado en los próximos días y semanas. Pero el cálculo es minucioso y confiable, y se asume definitivo. Así lo entendió la campaña Demócrata: Biden y su vicepresidenta electa, la actual senadora por California Kamala Harris, dieron algunas horas más tarde su esperado discurso de victoria. En las calles de muchas ciudades del país, sus partidarios salieron a celebrar.

Trump, en su estilo, no reconoció la derrota. Terminará como empezó y como ha gobernado: negándose a aceptar la realidad cuando no favorece sus intereses e intentando imponer su voluntad.

Esta vez no va a conseguirlo. Con la complicidad de sectores significativos del gran capital y la élite del partido Republicano (y con la entusiasta anuencia de vastos sectores de la población, hay que decirlo), su gobierno le ha sumado muchos daños a la largamente deteriorada institucionalidad republicana de los Estados Unidos, pero ese deterioro aún no es absoluto. La institución más básica y más emblemática, el voto ciudadano, retiene su considerable potencia.

El derecho al voto de los estadounidenses lleva varios años bajo ataque desde diversos ángulos (especialmente desde 2013, cuando una decisión de la Corte Suprema de mayoría conservadora volvió letra muerta partes importantes de la ley de 1965 que lo protegía). El propio Trump ha insistido en deslegitimarlo con su retórica y trabarlo con sus acciones, restando validez incluso al proceso que lo llevó a la presidencia en 2016. Sin embargo, una ciudadanía movilizada y pertinaz todavía puede cambiar algunas cosas en las urnas.

Trump parece creer que un segundo periodo en la Casa Blanca está aún a su alcance por la vía judicial. Ha denunciado desde su púlpito predilecto —Twitter— un fraude masivo en varios estados, algo sobre lo que no hay ninguna evidencia (y que sería, en la práctica, imposible de ejecutar), mientras su equipo de abogados interpone demandas cuestionando aspectos técnicos del proceso. Esa discordancia es significativa: ninguno de los trámites legales iniciados por los Republicanos versa sobre el supuesto fraude en su contra, pues para ello necesitarían presentar evidencias aceptables ante una corte, y no tienen ninguna. Lo del fraude es retórica y rumor en las redes; lo de las demandas legales, un cúmulo de tecnicismos (ninguno de los cuales ha logrado prosperar).

El riesgo es que la irresponsable retórica de Trump se transforme en un llamado a la insurrección de sus partidarios, muchos de ellos armados y claramente dispuestos a violentar el orden constitucional. No puede descartarse para los días y semanas que vienen (ciertamente, algunos parecen escuchar ese llamado sin que Trump lo haya hecho), pero lo cierto es que no está sucediendo, y se ve difícil que llegue a suceder. En parte, porque el énfasis en las acciones legales implica en sí mismo una confianza en las instituciones establecidas, y tiende a desinflar los ánimos insurreccionales. En parte, porque tras cuatro años de imaginarse en batalla con el fantoche de anarquía y caos al que denominan "Antifa", lo que los trumpistas confrontan hoy es la decisión de 70 millones de votantes, sus conciudadanos, sus vecinos, sus parientes, y ese es un enemigo bastante más difícil de demonizar. Y en parte porque la intención autoritaria del proyecto trumpista está aún muy lejos de consolidarse, y tiene mucho más de performance que de capacidades efectivas para la captura del poder. Este hubiera sido el momento de hacerlo, pero lo construido hasta ahora no les alcanza.

También existe la posibilidad de que algunas legislaturas estatales controladas por el partido Republicano decidan trabar el proceso de conteo de votos (eso está ocurriendo, por ejemplo, en Michigan) y dificultar la certificación de los resultados. A fin de cuentas, la Constitución otorga a los legisladores competencia sobre la forma en que cada estado elige sus delegados al Colegio Electoral, y están teóricamente facultados para anular el voto y nombrar su propia delegación. De hecho, ocurrió ya una vez en la historia, y este año se ha reportado un posible plan Republicano para repetir la maniobra. Algunas voces dentro del partido ya lo reclaman en voz alta.

Tampoco esto puede descartarse, pero se trata de un trámite difícil e incierto, que debería coordinarse en varios estados y contar con la complicidad de numerosas instancias judiciales, funcionarios administrativos y estructuras partidarias. No es imposible, pero dadas las proyecciones (Biden pasó la barrera de los 270 votos electorales al ganar Pennsylvania, pero podría sumar hasta 306), es poco probable que lo intenten siquiera.

En todo caso, las anteriores son opciones extremas, operadas al borde de la legalidad o fuera de ella, y requieren de una eficacia operativa que el núcleo duro en torno a Donald Trump nunca ha demostrado poseer. Su desorganización y su incompetencia son proverbiales; sin el apoyo decidido del aparato partidario en su conjunto, incluyendo la directiva del Senado, y sin la caja de resonancia que los medios de prensa de Rupert Murdoch han dejado de brindarle, no tienen mayores posibilidades de ejecutarlas.

En suma: las semanas que faltan para el 20 de enero, fecha inamovible de la próxima inauguración presidencial en los Estados Unidos, serán atropelladas, confusas, repletas de sobresaltos y disonancias, pero la trayectoria iniciada ayer difícilmente cambiará. Trump ha sido derrotado, aunque no lo admita, y pronto pasará a ser un ciudadano común. Su proyecto personalista de consolidación autoritaria no avanzará un paso más; más bien, entra en acelerado retroceso. Sus cuatro años en la cúspide del poder político han sido una vorágine y una pesadilla cuyas reverberaciones se sufrirán por mucho tiempo; su partida será, para muchos en todo el mundo, como volver a respirar.