Tres casos de persecución judicial: Financiación de marchas, FREDEPA y San Marcos

Analizamos tres casos en la estrategia de criminalización empleada por gobierno orientada a quebrar la movilización popular.

1. La acusación a quienes financian marchas (dos detenciones).
2. La acusación por terrorismo al FREDEPA (siete detenciones).
3. La acusación por terrorismo en la Universidad San Marcos (193 detenciones).

Los tres casos han tenido un modus operandi común aunque su grado de éxito ha sido diferente. En los tres casos se ha buscado criminalizar la organización de protestas. El primer caso ha sido presentado como delitos de disturbios violentos. Los otros dos casos se presentaron como delitos de terrorismo.

1. La acusación a la financiación de marchas (Yaneth Navarro y Cirilo Jara)

Resumen: El propósito fue criminalizar a los organizadores de marchas detenidos en el Callao el 31 de enero. Se les acusó como financistas de protestas calificadas como disturbios violentos que tenían como finalidad la toma del aeropuerto de Lima. La estrategia ha sido exitosa en la medida que han logrado abrir un proceso y dictar 30 meses de prisión preventiva para Yaneth Navarro y comparecencia para Cirilo Jara Mamani. El derecho a la protesta ha sido castigado.

2. La acusación por terrorismo al FREDEPA

Resumen: Acusación por terrorismo a los integrantes de organización social que apoyó las protestas en Ayacucho. La DINCOTE se encargó de “inventar” un planteamiento que vincula al FREDEPA con una nueva organización terrorista: La Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso. La estrategia del gobierno ha sido exitosa ya que ha abierto el proceso y conseguido la prisión preventiva para seis de sus integrantes.

3. La acusación por terrorismo en incursión a la universidad San Marcos

Resumen: La incursión tuvo como propósito inicial presentar a los alojados y los residentes como terroristas. Las características del operativo son muy similares en el aspecto mediático a la captura de los integrantes del FREDEPA. Sin embargo, a diferencia del caso FREDEPA, en San Marcos todos los detenidos fueron puestos en libertad y no se presentaron cargos posteriores. El operativo causó descrédito al gobierno.

Análisis de los componentes de la estrategia: uso mediático y el “sembrado” de pruebas

Caso 1 componentes de la acusación a Yaneth Navarro y Cirilo Jara

A. Componente mediático. El primer componente de la estrategia seguida por el gobierno es el manejo de los medios. El diario El Comercio primeramente se encargó de publicitar el cuaderno de la acusada Yaneth Navarro donde constaban los pagos para atender heridos, pasajes, etc. Esa acusación fue fuertemente contestada en medios alternativos, haciendo ver que se estaba criminalizando la solidaridad entre manifestantes.

Sin embargo, hubo otro elemento de uso mediático que resultó mucho más provechoso. Fue un audio donde Yaneth Navarro refiere la situación que se vivía en Andahuaylas a pocos días de la destitución de Castillo:

Fragmento del audio enviado por Yaneth Navarro a Gloria Castillo, hermana de Pedro Castillo, el 11 de diciembre de 2022:

“el día de ayer hubo dos hermanos muertos por parte de la policía, también hay ahorita 21 heridos el día de ayer, y hemos tomado por rehén a dos policías no, entonces aquí en la provincia de Andahuaylas región Apurímac está fuerte la lucha, todos nos hemos levantado en son de protesta”

Este audio tuvo una gran repercusión en los medios concentrados como Peru21, RPP, Expreso, etc. La razón es clara: evidencia el vínculo de la acusada con el expresidente Castillo a la vez que revela que ella estuvo de acuerdo con algunas de las acciones de autodefensa (ilegales) que los manifestantes de Andahuaylas tomaron ante las muertes causadas por la represión policial.

Es importante señalar que en ningún momento se ha acusado a la imputada de secuestro, el audio solo ha sido usado para argumentar que la imputada promovía actos violentos orientados a la reposición del expresidente. Sin embargo la campaña mediática presentó el audio como una “prueba” de que la acusada fue parte de un delito de secuestro.

La campaña del gobierno consiguió lo que buscaba gracias a la manipulación de medios. Una parte de la opinión pública consideró justificada las imputaciones a la acusada, aun cuando dichos argumentos no tuvieran valor legal. De hecho la acusación de los medios no se usó por la fiscal ni la jueza en el dictado de la prisión preventiva. Yaneth Navarro en ningún momento ha sido acusada de secuestro en su proceso. Pero sí ha sido acusada de secuestro mediáticamente. Sin embargo resulta claro que su proceso legal se relaciona directamente a su linchamiento mediático. Una vez que existe un linchamiento exitoso el proceso judicial puede ser manipulado con libertad y en base a pruebas endebles o inexistentes procederse a la sanción buscada. Lo que nos lleva a la segunda parte de la estrategia: el “sembrado de pruebas”.

B. Sembrado de pruebas. El segundo componente de la estrategia de criminalización ha sido el uso judicial de “pruebas” basadas en testimonios de policías, no corroborados en ninguna otra fuente. Los policías son funcionarios del Estado y por tanto tienen un estrecho vínculo con las autoridades del Gobierno. Es muy plausible que los testimonios policiales hayan obedecido a disposiciones del Ministerio del Interior. Un proceso justo hubiera exigido elementos de comprobación de los testimonios policiales, pero ello no ha ocurrido. El resultado ha sido la prisión preventiva de 30 meses para Yaneth Navarro. Un éxito de la criminalización y un retroceso del derecho a la protesta, independientemente de que compartamos o no algunas de las ideas que Yaneth Navarro expresó a pocos días de la vacancia de Castillo.

Caso 2 componentes de la acusación AL FREDEPA

A. Componente mediático. Con un gran despliegue militar siete dirigentes del FREDEPA de Ayacucho fueron violentamente detenidos el 12 de enero, aislados y trasladados primero a un cuartel militar y después a Lima sin darles ninguna posibilidad de contactar con familiares ni informarles de los hechos. La idea fue hacer una detención como las que se practicaban en los 80 y 90 contra miembros de Sendero Luminoso. Al día siguiente los siete detenidos fueron presentados enmarrocados y sujetados por policías ante los medios de prensa, como si fueran delincuentes peligrosos y violentos. Todo lo cual era parte del show mediático de mostrarlos tal cual se mostraba a los terroristas de Sendero en aquellos años. Sin embargo el elemento mediático más aprovechado fue otro. La presidente del FREDEPA, Rocío Leandro Melgar, hacía unos 20 años había sido acusada por un ex integrante de Sendero Luminoso de ser la camarada Cusi que participó en el asesinato de Pedro Huilca Tecsi. Rocío Leandro también cumplió una condena de 11 años por terrorismo pero dicha condena fue anulada, por lo que legalmente no tiene antecedentes por terrorismo. El testimonio aislado anónimo tampoco prueba nada. No obstante, a esta acusación anónima se le dio una amplia proyección mediática. En base a medias verdades Rocío Leandro fue presentada en los medios como una terrorista sanguinaria. Usando las habituales estrategias de manipulación informativa que caracterizan a la prensa concentrada limeña, nunca se mencionaba que la condena que recibió fue anulada.

Esas acusaciones contra Rocío Leandro fueron el elemento decisivo de su linchamiento mediático. Curiosamente no tuvieron la menor relevancia judicial en términos formales ya que en los cargos que se le imputan no se menciona esas antiguas acusaciones, carecen de todo valor. Existe un claro paralelo al caso de Yaneth Navarro, la acusación mediática contra Rocío Leandro no fue usada legalmente. Sin embargo el linchamiento mediático que sufrió Rocío Leandro y los otros miembros del FREDEPA fueron el factor decisivo en su prisión. La pantomima judicial representada en base a “argumentos semióticos” de la DINCOTE y validada por fiscal y juez no hubiera operado sin ese previo linchamiento.

B. Sembrado de pruebas. El segundo componente es también similar al del caso de Yaneth Navarro y Cirilo Jara. Se basan en testimonios o informes policiales. Aunque hay un elemento adicional. En el caso del FREDEPA las “pruebas” adquieren una dimensión “semiótica”. Resulta que hablar de “Nueva Constitución”, de “clases sociales”, de “Conflicto Armado Interno” o incluso de “la democratización de la sociedad peruana” es –para DINCOTE, fiscal y juez– usar un lenguaje coincidente con Sendero Luminoso o con la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso o con el Movadef. Podría parecer una exageración, pero quien quiera comprobarlo puede hacerlo, ya que la vista que expresa estos argumentos está en el Facebook de Justicia TV. La participación de los acusados del FREDEPA en una “Conferencia académica” sobre el Conflicto Armado Interno también se considera un elemento de convicción que fundamenta que son parte de esa organización terrorista que lleva alguno de los nombres mencionados.

De esa organización, según el juez, solo se sabe que es terrorista por cierto lenguaje: hablar de “Nueva Constitución” por ejemplo. Pero el juez también dijo que, de dicha organización, por ser secreta, no se sabe qué hace ni qué se propone. Es decir, no se sabe prácticamente nada de ella, lo único que se sabe es que es terrorista y está relacionada al ya inexistente Sendero Luminoso. El resultado es que seis integrantes del FREDEPA han recibido 18 meses de prisión preventiva y una integrante tiene comparecencia restringida.

También dejó claro el juez que no se les acusa de actos terroristas sino de pertenencia a una organización terrorista (se sabe que es terrorista pero no se sabe a qué se dedica). En suma, los argumentos del juez replican informes semióticos de la DINCOTE que no han sido corroborados ni contrastados. Es la misma DINCOTE que presentó la interpretación de BOYKA, con el significado de los colores amarillo, negro y rojo. La prisión ordenada por el juez podríamos titularla “condena semiótica”.

Caso 3. La incursión en la universidad nacional mayor de San Marcos

A. Componente mediático. La incursión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 20 de enero tuvo un manejo mediático casi idéntico a las detenciones de los miembros del FREDEPA. La imagen de estudiantes y campesinos enmarrocados tendidos en el suelo en filas pretendía mostrarlos como terroristas ya que reproducía la forma como se hacían detenciones masivas en los años 80 y 90. La irrupción de la tanqueta también tuvo ese componente teatral. Las declaraciones de policías, la violencia de la intervención, todo contribuía a reproducir la forma en que se procedía a actuar contra terroristas en décadas pasadas.

Sin embargo, el parecido llegó hasta ahí, no prosiguió al sembrado de pruebas. Los detenidos fueron liberados progresivamente y no se les levantaron cargos. ¿Qué había pasado? La gran diferencia con el caso de FREDEPA es que hubo una respuesta contundente de la opinión pública y de la población en general. Inmediatamente abogados, estudiantes, intelectuales, defensores de derechos humanos, campesinos, congresistas, parte de la prensa nacional y extranjera reaccionaron y se logró presionar para que el gobierno diera marcha atrás. La incursión a San Marcos tuvo un resultado adverso a los planes del gobierno. Sostengo la hipótesis que muy posiblemente hubo planes para realizar un “sembrado de pruebas” similar al que se hizo en los casos de Yaneth Navarro, Cirilo Jara y los siete integrantes del FREDEPA. Pero el gobierno retrocedió ante la presión que significó la condena generalizada a su acción. El propio Ministro del Interior declaró que él ni siquiera tuvo conocimiento previo de la incursión policial. El resultado fue un descrédito para el gobierno que también retrocedió en el intento de incursionar en la UNI.

Conclusiones

Estamos ante tres distintas arremetidas de un gobierno que busca acabar con una movilización social a cualquier costo. Bien sea con asesinatos de manifestantes, estados de emergencia, militarización o criminalización. Las acciones contra Yaneth Navarro y Cirilo Jara buscan golpear la organización solidaria de comunidades y organizaciones de base que financian viajes, o atienden heridos o alimentos de los manifestantes. Es especialmente importante hacer un ejemplo de Yaneth Navarro por el vínculo que ella tuvo con Pedro Castillo. Es muy dudoso que la pequeña cantidad de manifestantes congregados pretendiera tomar el aeropuerto; sin embargo, también se busca castigar a quien promueva alguna marcha que se considere peligrosa para la estabilidad del gobierno.

El caso del FREDEPA es más grave porque implica criminalizar a una organización departamental justamente en el territorio que recibió la represión inicial más cruenta, los 10 asesinados del 15 de diciembre de 2022. No escapa que tiene como fin –no explícito pero subyacente– argumentar la existencia de una organización terrorista que de alguna manera ayudaría a justificar lo injustificable: el asesinato de manifestantes indefensos cometido por miembros del ejército.

El componente mediático y el sembrado de pruebas en el caso del FREDEPA siguen patrones similares al del caso de Yaneth y Cirilo. Pero el FREDEPA es una organización mayor y por tanto tiene mayor proyección. Se criminaliza la lucha por los derechos políticos. Pedir Constitución es ser terrorista.

Las penas de los delitos imputados son también mayores. Por otro lado la consistencia de la acusación es torpe, descabellada y carente de toda lógica. Se ha inventado una organización terrorista de la cual lo único que se sabe es que usa un lenguaje tal que ciertas palabras clave como Constitución, Clase Social o Conflicto Armado Interno, son las “pruebas” decisivas de su existencia. En base a ciertas “coincidencias” con el lenguaje alguna vez empleado por Sendero, o el Movadef. Millones de personas podrían ser acusadas de terrorismo con esos argumentos!

Una de las principales razones para que haya progresado el proceso y el pedido de prisión preventiva para seis de los acusados del FREDEPA es que la respuesta de la sociedad ha sido insuficiente. Una de las “razones” sería el rechazo que la gran mayoría sentimos por lo que fue el accionar de Sendero Luminoso, lo que nos parece injustificado porque la asociación con el terrorismo de Sendero es producto de una campaña mentirosa. La otra razón es el miedo a ser involucrado con el terrorismo, miedo real que el gobierno y la prensa saben usar para sus fines. Esos elementos hacen la diferencia con el caso de la incursión en la Universidad de San Marcos. De no haber habido la respuesta social a la incursión de San Marcos es muy posible que hoy nos encontráramos ante un caso similar al de FREDEPA, con estudiantes y campesinos cargados de “pruebas sembradas”, con procesos abiertos por terrorismo, sustentados en campañas mediáticas inventadas con medias verdades y con pedidos de prisión preventiva. La respuesta social no les dio el margen necesario para realizar el “sembrado de pruebas”. Pero la posibilidad de sembrar y fabricar pruebas está siempre latente.

La comparación de lo ocurrido en los tres casos nos deja lecciones de cómo defender derechos democráticos y cómo el gobierno consigue anularlos con acusaciones fabricadas y manejos que juegan en pared con campañas mediáticas y con la complicidad de la fiscalía y el poder judicial. La persecución política en el Perú de Dina Boluarte está vigente con la complicidad y aval de los otros poderes del Estado y de la prensa concentrada.

Referencia: Historia de los acusados del FREDEPA: https://wayka.pe/fredepa-la-historia-de-los-lideres-sociales-de-ayacucho-acusados-de-terrorismo/

.... (1) Video con la justificación de la prisión preventiva para seis de los siete miembros del FREDEPA y comparecencia para el séptimo del juez Raul Justiniano, Lima 15-2-23: https://t.co/gKSIlDWGA3