Informe

¿Qué pasa con las elecciones en el Perú?

2021-06-21
Por Nicanor Domínguez

Historiador

coverFoto: GEC

El último martes, 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de procesar y contabilizar las 84,488 actas de la votación en la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales 2021. El Padrón Electoral, elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) hace casi 10 meses en setiembre del año pasado, suma 25’096,486 electores hábiles. El domingo 6 de junio votaron 18’737,761 personas (6’358,725 no sufragaron, 25.337%). De los que sí votaron, resulta que 120,931 (0.645%) lo hicieron en blanco, 1’086,214 (5.797%) viciaron su voto, y 17’530,616 (95.558%) lo hicieron en favor de los candidatos Keiko Fujimori, de “Fuerza Popular” (FP), o Pedro Castillo, de “Perú Libre” (PL). Castillo, con 50.125% de la votación válida, ha obtenido 44,058 votos más que Fujimori (49.875%).

Es la tercera vez que Keiko Fujimori pierde las elecciones presidenciales en Segunda Vuelta: en el 2011 ante Ollanta Humala (por 445,057 votos, 2.9%), en el 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski (por 41,057 votos, apenas 0.24%), y ahora en el 2021 ante Pedro Castillo (por 0.25%). Hace cinco años, Fujimori no reconoció públicamente la victoria de Kuczynski, sino que dio una conferencia de prensa rodeada de los 73 parlamentarios de FP elegidos en Primera Vuelta (53% de los 130 congresistas), afirmando que desde el Congreso llevaría adelante las propuestas de su Plan de Gobierno. Sin embargo, no habló de “fraude” ni reclamó un nuevo conteo de actas. Los problemas legales de la candidata podrían contar con la protección de la llamada “bankada” de FP en el Congreso (cálculo que no resultó acertado debido al trabajo de la Fiscalía Especial del Caso Odebrecht). Además, siendo Kuczynski el “candidato de lujo” de la derecha peruana, ningún grupo empresarial ni de prensa habría apoyado semejante intento de desconocer abiertamente los resultados electorales y desestabilizar los sacrosantos mercados.

¿Por qué ahora, cuando Castillo obtiene más votos que Kuczynski en su victoria sobre Keiko Fujimori, se produce la masiva campaña del llamado “fraude en mesa” y el intento desesperado de anular 945 actas por parte de FP?

Primero, porque, si hubiese ganado la elección, Keiko Fujimori podría postergar por cinco años más sus problemas judiciales (recuérdese que ha hecho la actual campaña con permisos del juez para salir de Lima, y que tiene impedimento de salida del país). En parte perdió la elección del 2016 porque la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) permitió que se conociesen las investigaciones referidas a Joaquín Ramírez, congresista de FP (2011-2016) y jefe de campaña en ese momento. Habiendo sido opacada la candidata en la Primera Vuelta 2021 por la irrupción del escandaloso candidato de “Renovación Popular”, Rafael López-Aliaga Cazorla, estos antecedentes parecen haber caído convenientemente en el olvido de muchos.

Segundo, porque Pedro Castillo es un candidato sin conexiones con los grupos de poder en el Perú, que no saben cómo poder controlarlo una vez llegado a la presidencia. Maestro rural cajamarquino, inscrito por más de 15 años en “Perú Posible” --extinto partido del prófugo ex-presidente Alejandro Toledo (2001-2006) --, se hizo conocido en el 2017 como dirigente de la huelga magisterial contra el gobierno de Kuczynski. En ese momento, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dirigido desde 1972 por el Partido Comunista del Perú “Patria Roja”, y el Ministerio de Educación, con la ministra Marilú Martens, se aliaron en contra de los huelguistas. Acusaron a Castillo y a otros dirigentes de formar parte de facciones sindicales vinculadas al “Movadef” (el movimiento político --no reconocido por el Estado peruano-- que pide la excarcelación de Abimael Guzmán y otros líderes del derrotado y desaparecido Partido Comunista de Perú “Sendero Luminoso”). En medio del paro magisterial, la “bankada” se reunió con los dirigentes huelguistas, al mismo tiempo que interpelaban a la ministra en el Congreso. El premier Fernando Zavala hizo cuestión de confianza en respaldo a la ministra, y el Fujimorismo con 4 congresistas “amigos”, sumando 77 votos, negaron la confianza y forzaron la caída del gabinete (14 de setiembre, 2017). Demonizado desde entonces como “pro-senderista”, Castillo nunca ha sido formalmente investigado por estas acusaciones en los últimos cuatro años. Y no por falta de ganas --como evidencia Carlos Basombrío, ex ministro del Interior de Kuczynski, cada vez que le tocan el tema--, sino por falta de pruebas.

Tercero, porque Castillo, como tantos candidatos en los últimos 20 años, es “invitado” de la agrupación política con la que ha ganado las elecciones, “Patria Libre”. PL fue creado en 2012 por Vladimir Cerrón, médico neurocirujano (con estudios en Cuba) y político chupaquino, ex-gobernador regional de Junín (2011-2014 y 2019), suspendido en el cargo por acusaciones de corrupción. Dado que no podía ser candidato por sus problemas judiciales, Cerrón aceptó la participación de Castillo como cabeza de lista. Más por sus vinculaciones con el magisterio que por la capacidad organizativa de PL, Castillo resultó vencedor en la Primera Vuelta con 2’724,752 votos (18.92% de los votos válidos).

Cuarto, porque los “poderes fácticos”, habiendo dirigido erróneamente su campaña de desprestigio y “terruqueo” contra la candidata Verónika Mendoza, de “Juntos por el Perú” (quedó en sexto lugar, con 1’132,577 votos, el 7.86%), se vieron sorprendidos por el crecimiento electoral del Castillo en las últimas dos semanas anteriores a la Primera Vuelta (11 de abril). Se creía que López-Aliaga, el autotitulado “Bolsonaro peruano”, pasaría a la Segunda Vuelta, pero quedó en tercer lugar (1’692,279 votos, 11.75%). Keiko Fujimori parecía desahuciada electoralmente, pero debido a la dispersión del voto de la derecha y el desasosiego generalizado por el contexto de la pandemia del covid-19 en el Perú (el país con el peor porcentaje de fallecidos del mundo), el “voto duro” del Fujimorismo le resultó suficiente (1’930,762 votos, 13.41%).

¿Qué han hecho los “poderes fácticos” en este contexto? Pues redirigir el “terruqueo” contra Castillo (al final, campaña poco convincente para los votantes de provincias, especialmente en la Sierra) y contra Cerrón (de quien parece que se cuentan los cuentos más horribles de los que es capaz la imaginación humana). Por desgracia para el angustiado “establishment peruviano”, todo eso no ha sido suficiente para que Keiko Fujimori pueda ganar la Segunda Vuelta. Ya los anuncios del conteo rápido de actas la noche misma del domingo 6 de junio apuntaban a una ajustada victoria de Castillo. ¿Cuál ha sido la última y desesperada idea de los asesores legales del Fujimorismo? ¡Acusar sin fundamentos que ha ocurrido un “fraude en mesa” contra FP, tratando de anular 945 actas para así reducir la votación válida en favor del candidato de PL!

Como la labor de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el contexto de la pandemia, ha sido de un sacrificio extraordinario, los primeros ataques del Fujimorismo se han dirigido contra los miembros de mesa que participaron en la elección el día 6 de junio. Contra reloj y febrilmente, un grupo de 150 jóvenes y desinteresados practicantes de Derecho en los mejores estudios de abogados de Lima donaron su valioso tiempo revisando las actas de aquellas mesas con mínima votación por FP y mayoritaria votación por PL (es decir, una muestra estadística preseleccionada, que no puede usarse para apuntalar el argumento de un fraude masivo). Con el argumento de “defender los votos de Keiko”, lo que se busca en realidad es anular votos de Castillo para reducir la diferencia de los 44,058 votos con los que ha ganado.

Pero esta “solución” de proclamar a los cuatro vientos un “fraude en mesa” ha chocado con serios problemas, tanto lógicos, como ideológicos y procedimentales. Comenzando por éstos últimos, el plazo de ley para presentar los reclamos venció el miércoles 9 de junio, a las 8 pm. Por el atolondramiento de los denunciantes, solo han podido ingresar a la mesa de partes electrónica del JNE apenas 135 de las 945 actas que cuestionan. Por esta falla, las 810 actas extemporáneas no han sido consideradas. Resulta risible la argumentación de personajes que alguna vez se preciaron de tener alguna seriedad política, como Carlos Bruce (uno de los dirigentes de la Marcha de los Cuatro Suyos contra la re-reelección de Alberto Fujimori en el 2000, parlamentario y ministro en los gobiernos de Toledo, Kuczynski y Vizcarra, y desde apenas el mes pasado, mayo de este año 2021, ¡miembro del equipo técnico de Keiko Fujimori!) y Óscar Urviola (diputado por el Movimiento Libertad en el Congreso de 1990-1992, defenestrado por el “Fuji Golpe” del 5 de abril de 1992, ex magistrado del Tribunal Constitucional, convocado ahora por Álvaro Vargas Llosa para ayudar en este despropósito): pedir que muevan el plazo 4 horas más, hasta las 11:59 pm de ese día 9 de junio, para validar así las peticiones extemporáneas. ¿Qué dirían ellos mismos si los personeros de Pedro Castillo pidieran ampliación de plazos con los mismos argumentos de la “importancia” de sus propios e interesados reclamos?

Por desgracia, estos pedidos, que se pretenden justifican con la muletilla de “para aclarar todas las dudas” y “que no queden luego dudas”, no pueden en realidad ser satisfechos. Como no ha habido ningún fraude, ni existen “pruebas” (solo “sospechas” de parte interesada), ni aun si se revisaran todas las actas que están cuestionando quedarían contentos. Prueba de ello es que ahora está pidiendo el Fujimorismo (y su nueva aliada, la desafortunada ex-lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano), que se les entregue el Padrón Electoral para revisarlo. ¿Qué pensaría un verdadero “liberal” de este llamado a violar la obligación del Estado a salvaguardar la información personal de la ciudadanía, las mismas personas a quienes los “neoliberales” entienden más bien como consumidores con derechos? En medio de la cruzada “anticomunista” de estos días, hasta los Vargas Llosa, padre e hijo, se han olvidado del credo que tanto han venido predicando desde 1987, cuando formaron el “Movimiento Libertad”.

Aparte de estos problemas de procedimiento (las elecciones tienen un calendario perentorio, que en este caso se definió el 28 de setiembre de 2020, para garantizar la transferencia de mando el 28 de julio del 2021), hay problemas ideológicos serios en esta campaña anti-democrática del Fujimorismo y sus aliados. Mucho se ha comentado ya sobre los presupuestos racistas en la “lógica” de los buenos muchachos que revisaron las actas, buscando firmas diferentes, apellidos repetidos, y miembros de mesa “incapaces” de hacer bien las cosas en provincias. Esa visión paternalista y despectiva, que se ha expresado también contra la persona de Pedro Castillo, contrasta con la sorprendente eficiencia con la que esos mismos prójimos habrían actuado para efectuar el supuesto “fraude en mesa”. Al final, ¿son incapaces, o son extremadamente hábiles? ¿O las dos cosas, dependiendo de la línea argumental que se quiera utilizar en su contra? ¿Es el miedo lo que les impide analizar las cosas a los propulsores de la falacia del “fraude en mesa”, o es la intención de asustar y azuzar lo que está detrás de todo esto?

Porque, al final de cuentas, sería la primera vez en la historia del Perú y de América Latina que un grupo de oposición, en menos de dos meses entre la Primera y la Segunda Vuelta, es capaz de organizar un fraude electoral de estas características. Usualmente es quien tiene el poder del Estado y controla los organismos electorales quien puede modificar los resultados. En 1931 el Apra acusó de fraude al gobierno provisorio encargado de los comicios (porque el candidato Sánchez Cerro, proclamado vencedor, había transferido el mando a ese gobierno provisorio para ser candidato). En 1962 fue Fernando Belaúnde Terry quien argumentó fraude, porque el candidato Haya de la Torre encabezaba la “Alianza Democrática” (formada por el Apra y el partido de gobierno, el Movimiento Democrático Peruano del saliente presidente Manuel Prado Ugarteche). Ninguno de estos dos casos ha sido probado, ni entonces ni después.

En realidad, el fraude electoral más escandaloso de la historia peruana ocurrió en el año 2000, cuando Alberto Fujimori impuso su re-reelección, forzando la propia Constitución fujimorista de 1993, luego de que con la escandalosa “Ley de Interpretación Auténtica” se había presentado a las elecciones de 1995. A las clamorosas irregularidades de ese proceso electoral se sumó, el 14 setiembre del 2000, la denuncia pública del primer “vladi-video”: el “asesor” Vladimiro Montesinos comprando la lealtad del congresista Alberto Kouri, elegido por “Perú Posible” pero que se había pasado al Fujimorismo, junto con otros 18 congresistas inicialmente de la oposición, obteniendo así el gobierno mayoría en el Congreso. Sólo así quienes no querían ver la corrupción fuji-montesinista de la década de 1990 tuvieron que enfrentarse a la verdad.

De este modo, la campaña de un supuesto “fraude en mesa”, no tiene ningún asidero. Los miembros de mesa fueron designados por sorteo el 29 de enero, cuando Pedro Castillo y Vladimir Cerrón ni se imaginaban el resultado de las elecciones. Es una leguleyada de último minuto de quienes pensaron que con una campaña de terror “anticomunista” podían elevar a Keiko Fujimori por encima del anti-voto que genera la tres veces derrotada candidata. Saben todos los abogados que apoyan este despropósito que la ley no los ampara, que pedir ampliaciones y modificaciones de las normas electorales es ilegal, y que todo lo que pidan con el cuento de “defender los votos” no es legalmente aceptable. Lo hacen a sabiendas de que el objetivo final es prolongar la incertidumbre y generar el caos social (con marchas y contramarchas de simpatizantes de ambos candidatos) y económico (con la variabilidad del precio del dólar y las angustias de la Bolsa de Valores).

En paralelo a esta arremetida tinterillesca de los aliados del Fujimorismo, vemos todos los días nuevas acciones en la misma dirección. Cuestionar a las autoridades electorales, tratar de amedrentarlos, violentar las normas que emanan de la propia Constitución de 1993 que dicen querer defender. Amenazar a nuestro débil presidente transitorio, Francisco Sagásti, con favorecer a Castillo solo porque pide a ambos bandos esperar y respetar las decisiones del JNE. Presentar este viernes 18 una moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso, cuya caída podría provocar la salida del presidente Sagasti. Resucitar a vetustos personajes de la política criolla como Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, pidiendo nuevas elecciones (pero sólo de Segunda Vuelta, manteniendo así el Congreso emanado de la Primera Vuelta, donde el futuro presidente del Congreso sería el almirante en retiro Jorge Montoya Manrique, de “Renovación Popular”, que en estos días está llamando a las Fuerzas Armadas a intervenir en contra del “fraude” imaginario que venimos criticando).

Habrá que recordarles aquel viejo refrán a todos estos personajes (Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Lourdes Flores Nano, Víctor Andrés García Belaunde, Carlos Bruce, Óscar Urviola, Rafael López-Aliaga, Jorge Montoya Manrique): ¡quien siembra vientos, cosecha tempestades!

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