Poca justicia es un jalón de mechas

Leonardo Ancco Chacca fue una de las víctimas mortales de la violencia desmedida con la que efectivos militares, usando abusivamente sus armas de fuego contra civiles desarmados respondieron a las protestas que ocurrieron en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022. Desde entonces su esposa, Ruth Bárcena, al igual que los cientos de familiares de las otras 50 víctimas, muertas en similares circunstancias allí y en otras partes del país, iniciaron su propia vía crucis buscando una justicia que hasta ahora les es esquiva.

La principal responsable de las barreras que no permiten que Ruth y los otros familiares tengan pleno acceso aún a la verdad, la justicia y reparación es sin duda Dina Boluarte. Primero, ella avaló la versión terruqueadora que dio el comandante general del ejército, Manuel Gómez de la Torre, que unos días antes de la masacre de Ayacucho en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno manifestó que “no se trata de protestas, sino de terrorismo”. Esa fue la señal que alentó a los efectivos policías y militares para que en Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Pichanaki y Lima dispararan sus armas contra la ciudadanía movilizada.

Segundo, ella elogió explícitamente las masacres cometidas por dichos efectivos. De la policía, en particular, dijo que tuvieron “una actuación inmaculada”, echando sal sobre la herida de los familiares como Ruth Bárcena.

Tercero, durante varios meses ella misma terruqueó a las víctimas, sosteniendo que entre los que protestaban había personas armadas con fusiles traídos desde Bolivia, de lo cual transcurrido un año nunca se encontró una pizca de evidencia.

Cuarto, cuando ya era evidente, hasta para la prensa mundial que, junto con la prensa local, mostraron fotos y videos como evidencia irrefutable de que si hubo disparos injustificados contra civiles desarmados, Boluarte salió a decir que no estuvo enterada de nada y que no tenía mando sobre policías y militares. Con el temor de quedarse solo con la responsabilidad, el general Gómez de la Torre declaró a la prensa que ella sí tenía mando y que los altos mandos militares le reportaban todos los días lo que ocurría en las protestas.

Quinto, el propio Nuncio Apostólico asentado en Lima, representando por una parte al Papa, y por otra a todo el cuerpo diplomático, en su tradicional saludo de inicio de año a la jefa del Estado peruano, le manifestó a ella y a la canciller que deploraban la “violencia más insidiosa” encarnada en la represión aplicada a las protestas del Sur. Lo hizo con la serenidad propia de su encargo, pero con la energía suficiente para borrar la sonrisa de la presidenta y su canciller, que acaso pensaron que les daría un feliz año nuevo.

Sexto, muchas más evidencias gráficas sobre las masacres e informes de las autopsias y pericias balísticas fueron apareciendo hacia mediados de 2023 y después. Las mostraron los informes llenos de información irrefutable de Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos. También un exhaustivo reportaje especial de The New York Times, para no contar los informes de la prensa local, especialmente en sus alternativas digitales.

Sétimo, otra de las respuestas autoexoneratorias de responsabilidad por parte de Boluarte ha sido que son las “instancias correspondientes” las que se harán cargo de las investigaciones y que ella respetará su trabajo. Como si el poder ejecutivo, por tanto ella, no tuviera a su cargo al ministerio de Justicia y este a los procuradores responsables de actuar para que se haga justicia a las víctimas y a sus familiares. Y como si ella no tuviera ningún rol que jugar para garantizar las propias investigaciones internas en los ministerios del Interior y de Defensa y en la policía y en las fuerzas armadas.

Una de las ultimas perlas negras en el collar apañador de Boluarte ha sido el ascenso reciente de oficiales policiales y militares que tenían posiciones de mando en los lugares donde y cuando se produjeron las intervenciones de sus efectivos y las masacres.

Cada una de estas actuaciones de Boluarte ha sido una victimización y un dolor más para los familiares de las víctimas. A ellas debe añadirse el invariable abuso de la fuerza con la que han actuado cada vez que han venido esos familiares a Lima a expresar su reclamo de justicia.

Pero no solo a ellos, también es un agravio a todo el país. Boluarte no ejerce sus responsabilidades de gobierno solo frente a las eventuales víctimas de los desmanes policiales y militares. Es presidenta responsable por sus funciones ante todos nosotros. Y al pretender que ella no tiene mando sobre las fuerzas armadas, que no sabía nada, que los que protestaban eran terroristas y que ella puede ponerse de perfil frente a las investigaciones y las barreras de acceso a la justicia, Boluarte viene haciendo sistemático y repetido abandono de sus funciones.

Todo eso por sí solo, si tuviéramos un Congreso que no fuera cómplice suyo como el actual, ya hubiera ameritado su vacancia del cargo. Pero a todo eso se le añade el enorme rechazo a su gestión y a su continuidad como presidenta. Pocos presidentes, ni siquiera Castillo, juntaron tanta ilegitimidad como presidenta ficticia que es.

Por esa razón, es todavía poca justicia el jalón de mechas que le han dado en Ayacucho, y la recriminación que Ruth Bárcena le ha hecho, 400 días después que ciertos militares mataron a su amado Leonardo, y ella con una hija huérfana de 7 años y otro en su vientre comenzó a buscar justicia mientras Dina calificaba al crimen como una acción inmaculada.