¿Para qué sirve el acuerdo de colaboración con Odebrecht?

Desesperación. No hay otra palabra que describa mejor la secuencia de acciones y decisiones que caracterizaron la huida hacia adelante que emprendió el ahora ex Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, y quienes lo aplaudieron y justificaron, desde que a solo cuatro horas de la llegada del Año Nuevo, tomara la determinación de separar de sus cargos en el Equipo Especial de Investigación del caso Lava Jato a los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez; hasta presuntamente arrastrar a otros funcionarios a cometer crímenes y actos de obstrucción de la justicia con el fin de ocultar evidencias.

Ante la amplia indignación y protesta ciudadana, Chávarry tuvo que recular y ratificar en sus cargos a los fiscales Vela y Pérez; sin embargo, su maniobra consiguió afectar en alguna medida el proceso de investigación del caso Lava Jato en el Perú, puesto que desde Brasil, observando lo que ocurría en nuestro país, se postergó la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y los interrogatorios a los exfuncionarios de la empresa, según lo informó el fiscal José Domingo Pérez.¹ Según las últimas informaciones, superada la incertidumbre que generó la arbitraria separación de los fiscales, se retomaron las acciones conducentes a recuperar el tiempo y concretar el acuerdo en el más breve plazo.

¿Por qué es importante el Acuerdo de colaboración con Odebrecht?

Por una sencilla y trascendental razón: siendo el primer acuerdo para la investigación de la corrupción corporativa en el Perú, permitirá acceder a mayor información sobre las coimas, sobornos, lavado de activos y otros ultrajes que se cometieron contra el país, en connivencia con políticos y autoridades peruanas corruptas, de diversos niveles jerárquicos. Esto ocurrirá por la vía de la colaboración testimonial de los ejecutivos y empleados de Odebrecht tanto peruanos como brasileños, la entrega de información y documentos que corroboren las declaraciones y el acceso a la data contenida en los servidores informáticos encriptados My Web Day y Drousys. (IDL-Reporteros 2018) Estos sofisticados sistemas informáticos de la División de Operaciones Estructuradas, la oficina de Odebrecht que se encargaba de gestionar y pagar las coimas con dinero negro triangulado por medio de paraísos fiscales y la banca internacional, hacían sentir muy seguro e intocable a Marcelo Odebrecht frente a las investigaciones de la Fuerza de Tarea Lava Jato de la Policía Federal. Sin embargo, los investigadores pudieron conocer la existencia de estos sistemas e incautarlos en Suiza. Actualmente se encuentran bajo custodia del Ministerio Público Federal de Brasil.

El Acuerdo también establece el pago de una reparación civil al Estado peruano que asciende al monto de 610 millones de soles por parte de Odebrecht. La información entregada por esta empresa servirá a su vez para que la Procuraduría Ad-Hoc inicie los procesos de cobro de reparación civil a las empresas peruanas comprometidas en los casos de corrupción. Odebrecht quedará habilitada para trabajar en el país, sujeta a la obligación de pagar prioritariamente a sus acreedores así como a observar la implementación de los mecanismos y reformas internas que destierren toda práctica corrupta de su accionar. (IDL-Reporteros 2018) Los críticos del Acuerdo han argumentado que el monto de reparación es bajo, comparado a las ganancias que debe haber obtenido Odebrecht y rechazan que se permita que la empresa continúe operando en nuestro país, pero lo que se puede recibir a cambio es mucho más valioso: información que permita identificar y reconstruir casos de corrupción e individualizar a los responsables peruanos de defraudar la confianza y el servicio público en perjuicio de los intereses del país.

¿Se puede estar seguro? ¿Ya se ha empleado información obtenida vía acuerdos de colaboración eficaz en otros casos?

La respuesta es afirmativa. Para muestra un botón: el caso de Alejandro Toledo, cuya extradición ha sido solicitada a los Estados Unidos. El expresidente se encuentra comprendido en una acusación por solicitar un soborno de US$ 35 millones a Odebrecht, de los cuales solo habría recibido alrededor de US$20 millones, para que la empresa brasileña se haga de la construcción de las carreteras del proyecto IIRSA, un importante proyecto de integración impulsado con gran ahínco como objetivo geopolítico y de Estado desde Brasil.²

El beneficio indebido se negoció en Río de Janeiro en el 2004. Ese año Toledo participó en la XVIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política del Grupo de Río. Dicha ocasión fue aprovechada para negociar con Odebrecht el pago de los sobornos en una reunión llevada a cabo en la suite presidencial del hotel Marriott en Río de Janeiro, que contó con la participación de Alejandro Toledo, Josef Maiman, Avraham "Avi" Dan On, entonces jefe de seguridad de Toledo, y Jorge Barata. A cambio de la coima, Toledo se comprometió a intervenir en el proceso de adjudicación de modo que el resultado fuera favorable al consorcio integrado por Odebrecht. (La República, 2017) Una vez en el Perú, el expresidente cumplió su parte y el resultado del concurso se ajustó a lo acordado, pese a una alerta de la Contraloría General de la República que informaba que Odebrecht y algunas otras empresas se encontraban impedidas de contratar con el Estado por mantener juicios en curso.

La información sobre el acuerdo pactado en Río de Janeiro fue aportada por Jorge Barata al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y posteriormente a las autoridades peruanas, al acogerse a la colaboración eficaz y brindar sus declaraciones y elementos de corroboración ante el fiscal Hamilton Castro.

Como señala Francisco Durand, en el caso IIRSA, “…existió un acuerdo conjunto entre Odebrecht y Camargo Correa para canalizar los sobornos. Los datos obtenidos de la DOE (División de Operaciones Estructuradas) identifican 17 transferencias de Odebrecht desde el Trend Bank Limited de Brasil, por un total de 9,2 millones de dólares.” (Durand 2018: 210) Por otra parte, Josef Maiman, amigo y socio de Alejandro Toledo y quien también participó en la reunión de Río de Janeiro, viéndose acorralado por las investigaciones fiscales y una orden de prisión preventiva -se le atribuía haber ayudado a Toledo en el movimiento y blanqueo de los US$ 20 millones acordados con Odebrecht-, decidió acogerse a la colaboración eficaz. Francisco Durand también señala que, “los datos proporcionados por Maiman, por su parte, permitieron registrar 98 transferencias a sus empresas en Londres. Estos fondos fueron luego transferidos a Confiado International Corporation, en Suiza, donde se ubicaron 17,5 millones de dólares depositados entre 2007 y 2010 (Concepción Carhuancho, 2018)”. (Durand 2018, 210)

Con la información proporcionada por los colaboradores se pudo cerrar el círculo y establecer la ruta del dinero desde Odebrecht hasta las empresas creadas en Costa Rica por el entorno del expresidente que, finalmente, transfirieron los recursos al Perú para la realización de operaciones inmobiliarias de la pareja Toledo-Karp, mostradas en el Gráfico N° 1³.

El gráfico que incluimos a continuación muestra dicha ruta. Esta ilustración fue elaborada para el libro “Odebrecht. La empresa que capturaba gobiernos”, a partir del Auto de Requerimiento Judicial de Extradición del Investigado Alejandro Toledo Manrique, redactado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que preside el juez Richard Concepción Carhuancho. Este documento judicial presenta de modo sistematizado la información obtenida de la División de Operaciones Estructuradas (DOE), acerca de los diversos pagos realizados a través de transferencias de cuentas offshore a empresas vinculadas a Josef Maiman, entregados por Odebrecht al Ministerio Público, así como por los documentos entregados por el colaborador Josef Maimam Rapaport.

Este ejemplo muestra la utilidad y necesidad de los mecanismos de colaboración eficaz para obtener información vía declaraciones y, tan o más importante aún, los documentos e información material que corrobora los testimonios. La trazabilidad del dinero resulta fundamental para identificar las fuentes o el origen de recursos, el recorrido y el beneficiario real de los mismos.

Al parecer, desde que se hizo público el Acuerdo de Reconocimiento de Culpabilidad (Plea Agreement) entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y estallara el escándalo, la empresa brasileña ha administrado la entrega de información cuidadosamente, mientras que la inestabilidad política en el Perú generaba un vaivén y aleatoriedad en las orientaciones de los actores y decisores políticos y judiciales. En el ínterin se incautaron los servidores informáticos encriptados, y Odebrecht, según los acuerdos judiciales firmados en Brasil, se encuentra en la obligación de cooperar con la justicia y entregar la información. Sin embargo, estos acuerdos también brindan protección a la empresa y sus ejecutivos de que no serán doblemente incriminados, a cambio de sus declaraciones, por lo que la negociación de un Acuerdo de colaboración final y general, a nivel de toda la empresa, ha tomado varios meses y un proceso de filigrana.

Queda pendiente por conocer en detalle, los tratos que Odebrecht negoció con Ollanta Humala, Susana Villarán, Alan García, Keiko Fujimori y sus partidos, congresistas de diversas agrupaciones, entre otros actores, en relación a coimas o financiamiento político con dinero de la “Caja 2”.

Lo mejor y la mayor cantidad de información estaría aún por venir, situación a la que se oponen agrupaciones como el Apra por las presuntas responsabilidad que les pueden alcanzar en los proyectos que se realizaron en el segundo gobierno de Alan García, como el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, o sobre los que tuvo influencia.

La separación de los fiscales Vela y Pérez no resultaba negativa porque se les apartara de los procesos en los que venían mostrando un notable desempeño, sino también porque significaba la interrupción de las gestiones tendientes a la firma del Acuerdo de colaboración con Odebrecht o que su suscripción finalmente se frustrara. La permanente hostilidad que llevó adelante Gonzalo Chávarry, no hizo más que contribuir a evidenciar lo denunciado por el fiscal José Domingo Pérez: la captura y penetración de intereses políticos y criminales en el Ministerio Público que buscan obstruir la acción de la justicia y con ello, lograr impunidad. Chávarry no es más el Fiscal de la Nación, pero aún integra la Junta de Fiscales Supremos hasta que se resuelvan las acusaciones en su contra pendientes de debate y evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, controlada aún por el fujimorismo. Quienes pretenden impedir que lleguemos a conocer la verdad de los grandes latrocinios cometidos contra nuestro país en los últimos 18 años, no cejarán en sus esfuerzos. Para el resto de peruanos y peruanas está en juego la posibilidad de un más justo y mejor país, toca la hora de mantenernos alertas y con nuestras zapatillas cerca.

Referencias

Durand, Francisco (2018). Odebrecht: la empresa que capturaba gobiernos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial; Oxfam.

IDL-Reporteros (2018). “El Acuerdo”. Lima, 8 de diciembre del 2018. Consulta: 4 de enero del 2019.

El Comercio (2017). “Josef Maiman se acogió a colaboración eficaz y declarará contra Alejandro Toledo”. Lima, 23 de agosto del 2017. Consulta: 4 de enero del 2019.

La República (2017). “Toledo, Dan On y Maiman negociaron coimas en suite presidencial en Río de Janeiro”. Lima, 5 de febrero del 2017. Consulta: 4 de enero del 2019.

Footnotes

1. José Domingo Pérez: Lamentablemente la firma del acuerdo de colaboración se ha tenido que postergar. ↩

2. Para mayores referencias, un estudio muy detallado sobre este caso se encuentra en el capítulo 7 “Carretera Interoceánica Sur” del libro “Odebrecht. La empresa que capturaba gobiernos”, de Francisco Durand. ↩

3. Se muestran también las empresas creadas por la suegra de Toledo y su ex jefe de seguridad en Costa Rica. ↩