Lo peor de un mal año

A pesar de mi usual optimismo, no puedo evitar ponerme el sombrero negro para hacer un balance del 2020. Más que un año diferente, ha sido el peor año que yo recuerde. La clase política no encontró el mejor momento para mostrar su rostro más vil y miserable, y de lo que está hecha realmente: no es clase dirigente, otra vez.

Datos al canto de lo que hablamos.

La pandemia nos ha dejado al cierre del año un saldo -en excedente- de más de cien mil muertos, tomando como referencia el promedio de muertes de las cifras de los últimos cuatro años del Sistema Nacional de Defunciones. Es decir, en menos de un año hubo muchos más muertos de lo que nos dejó el conflicto interno con Sendero Luminoso, en 20 años (1980-2000). Además de ello, la economía quedó devastada y el PBI contraído en 11.5%, con niveles de desempleo jamás vistos, con 39.5% menos empleos durante el segundo trimestre del año, lo que equivale a 6.7 millones de puestos perdidos, según el Instituto Peruano de Economía.

No obstante, en plena pandemia el Congreso de la República, el 11 de setiembre, inició un proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra que culminó con su destitución el 9 de noviembre. Tres meses de tensiones políticas, de movilizaciones inmensas que terminaron con la caída de Merino, la asunción al mando de Sagasti, y que el Perú se haya quedado relegado de la vacuna “anti covid” hasta mediados del año 2021, colocándonos en una situación de vulnerabilidad frente a la segunda ola del coronavirus y a nuevas paralizaciones de nuestra economía.

Pero la cosa no quedó allí, a lo largo del año la mayoría del congreso aprobó normas anticonstitucionales buscando imagen y desgastando la del ejecutivo, poniendo el poder que tienen al servicio de sus mezquinos intereses. La formalización de los taxis colectivos, la creación de municipalidades distritales, la reposición de los maestros, la devolución de los fondos de las AFP, la ley de nombramiento automático del personal de salud, la devolución de los aportes de la ONP y la eliminación del régimen CAS han sido aprobadas con el propósito señalado.

Desde esta columna hemos advertido que el congreso busca salvar el pellejo frente a una posible acusación constitucional en contra de una mayoría de los congresistas, prometida por la candidata de izquierda Susel Paredes en la lista morada. De otro lado les aterra Vizcarra, y son conscientes que no solo van a ser acusados por el golpe de estado, sino también por las sucesivas infracciones constitucionales generadas por sus iniciativas legislativas.

Y como para ponerle la cereza al pastel, los que han traficando con la educación, dizque preocupados por los estudiantes de las universidades que no lograron la acreditación, han propuesto declarar a estás de interés prioritario para evitar que estás cierren y seguir burlándose de las expectativas de los jóvenes por acceder a una profesión.

Cuando todos creíamos que habíamos tocado fondo, nos dimos cuenta que -en nuestro país- en política todavía no hemos llegado al fondo. Las famosa frase de González Prada ha sido largamente superada. Ya no es necesario poner el dedo para que brote pus.

Los gánsteres de la política, los corruptos, los que han podrido el país, le gritan a medio mundo “corruptos”, como si ello los liberara de culpa. Ya no les importa hundirse en el lodo con tal que les salpique a todos, con el fin de ahuyentar a la gente decente de la política y de colocar a la población en el dilema eterno de elegir entre los menos malos.

Pero como dice y lo reitera el Amauta Michel Azcueta: “No todos somos iguales”.