Las esterilizaciones forzadas y la política peruana

Ad portas de las elecciones presidenciales 2016 vale la pena hacer un breve recuento sobre la importancia política del caso peruano de esterilizaciones forzadas, y cómo este ha sido tratado políticamente a lo largo de los últimos cinco gobiernos. Las recientes declaraciones neopopulistas y contradictorias de Keiko Fujimori sobre el tema han provocado su manipulación política y es posible que el caso tenga una importancia decisiva para definir al próximo mandatario, tal como sucedió en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2011. En efecto, esta situación atañe a miles de mujeres de los pueblos originarios; ellas ocupan el ochenta por ciento de nuestro territorio nacional y ya han hecho oír su voz oponiéndose a las declaraciones tanto del candidato Guzmán sobre el tema de la consulta previa y de García en el tema de los derechos ciudadanos.

En el primer gobierno de García se gestaron los antecedentes sobre control poblacional en el Perú, pero la decisión política de vincular los programas de control demográfico a los llamados programas de planificación familiar, con el fin de alcanzar metas económicas, la tomó el autócrata Alberto Fujimori. Ni bien comenzó su gobierno de corte neoliberal, neomalthusiano y neopopulista denominó al año 1991 “Año de la austeridad y la planificación familiar”. Luego del autogolpe militar que siguió los lineamientos del Plan Verde (1989) y con el cambio de la Constitución en 1993, logró en el año 1995 modificar la Ley Nacional de Población aunando el discurso económico (antipobreza), el feminista (pro-choice) y el del discurso humanitario (pro desarrollo «sustentable»). Desde entonces se permitió en el Perú la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (esterilización) como método de planificación familiar mediante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF, 1996-2000). El PNSRPF terminó siendo un programa de control demográfico bajo el cual se realizaron innumerables esterilizaciones forzadas merced a un sistema de cuotas que violó los derechos fundamentales especialmente de miles de mujeres rurales campesinas, indígenas, nativas y pobres.

La responsabilidad política de este crimen de lesa humanidad recayó sobre Alberto. Fujimori y sus ministros de salud Dr. Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga (actual congresista de Fuerza Popular); pero además sobre John Nagahata Susanibar, Jorge Parra Vergara y Ulises Jorge Aguilar que en ese entonces fueron directores de los programas del Ministerio de Salud. También concurren a esta devastación las cartas que se enviaron al jefe de la Casa Militar y las implicancias militares en el PNSRPF. Desde entonces el Fujimorismo (Alberto Fujimori) y su continuidad política bajo el partido hoy Fuerza Popular (Keiko Fujimori), han negado la existencia de las cuotas y aunque, la hoy candidata, ha reconocido ciertos abusos cometidos durante la implementación del programa, los ha atribuido a la responsabilidad a los médicos, exculpando a la cadena política de mando. Alevosamente en los días que corren y con miras a la contienda electoral, la candidata Keiko anuncia su reciente solidaridad con las mujeres afectadas, circunstancia en la que indagaremos más adelante.

Es a partir del gobierno transitorio de Paniagua (2000-2001) y en el transcurso del gobierno de Toledo (2001-2006) que la voluntad política sobre las esterilizaciones forzadas permitió el surgimiento de la lucha articulada por la verdad, justicia y reparación. En el año 2002 el Congreso de la República presentó dos investigaciones sobre el caso y en ambas se determinó la responsabilidad política en Alberto Fujimori y sus ministros. Se publicó también el Informe Defensorial 69 que reveló la cifra de 272,028 esterilizaciones realizadas durante los años 1996-2001. Los diversos informes e investigaciones dieron lugar al reclamo conjunto presentado por DEMUS, CLADEM, APROHDEH, CRPL y CEJIL (1999) y en el año 2003 se logró la suscripción del acuerdo de solución amistosa (ASA) entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el expediente de María Mamérita Mestanza Chávez quien falleció a causa de la esterilización forzada a la que fue sometida en Cajamarca. En dicho acuerdo el Estado peruano se comprometió a sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos y a compensar a las víctimas de esterilizaciones forzadas como resultado del Programa Nacional de Salud de Fujimori, mientras que la Fiscalía de la Nación inició las investigaciones del caso. Paradójicamente en ese mismo año la Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó su Informe Final que si bien fue una encomiable contribución a la lucha por la verdad y la reconciliación, paradójicamente excluyó el caso de miles de mujeres rurales, indígenas y nativas a las cuales tenía la obligación de representar. Este discurso oficial sobre los años de violencia política contribuyó al historicidio y minusvalía del caso en las políticas de memoria del país. Un año más tarde se gestó el comienzo de la resistencia: en el año 2004 nace en Cusco la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF). Es importante enfatizar que los esfuerzos por recuperar la democracia lograron que durante el gobierno de Toledo se realizaran avances sustanciales en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres más oprimidas, aunque ello fuera más bien el resultado de un cambio coyuntural y no significó ningún avance en términos de justicia interna penal ni reparación.

Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) la denuncia del caso por genocidio se archivó en el año 2009 reconociendo que si bien se habían cometido delitos se adujo que estos habrían prescrito; pero los casos de crímenes de lesa humanidad no prescriben, tal como lo aclaró DEMUS en su momento. Ante la indiferencia del Estado, la CIDH condenó el incumplimiento del ASA (2010). De todo ello se puede deducir que no hubo voluntad política de parte del gobierno de García para llevar a cabo las investigaciones necesarias para la obtención de justicia y menos aún lograr avances en el tema de las reparaciones, aspecto independiente del tema judicial penal.

El actual presidente Ollanta Humala (Gana Perú) hizo mención pública del caso de esterilizaciones forzadas en el debate presidencial de 2011 frente a Keiko Fujimori (entonces Fuerza 2011 hoy Fuerza Popular) organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Según diversos politólogos y politólogas, el caso de esterilizaciones forzadas fue determinante para que Humala ganara ventaja electoral sobre Keiko. En su segundo año de gobierno y a pedido de la CIDH se reabre la investigación penal por crímenes de lesa humanidad en el marco de cumplimiento del ASA. Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos bajo la coordinación de Rocío Silva Santisteban (2011-2015) reconoce el caso de las esterilizaciones forzadas como un acto de vejación en contra de los derechos humanos, reconocimiento que había sido rechazado en anteriores gestiones. Bajo la coordinación del historiador y activista Tito Bracamonte (2015-2017) y de la secretaria adjunta Ana María Vidal, las asociaciones de mujeres organizadas de Anta y Huancabamba recibieron el premio especial de la CNDDHH (2015). También se conformó el grupo de reparaciones y seguimiento al caso de esterilizaciones forzadas (GREF) que reunió por primera vez a diversas organizaciones de víctimas, ONG, activistas, periodistas y académicos independientes nacionales y extranjeros que unieron sus esfuerzos en el tema de las reparaciones y el GREF se inscribió como miembro de la CNDDHH.

En el año 2014 el Fiscal Baca archivó nuevamente el caso aduciendo que las sanciones no serían perseguidas penalmente, quitó toda responsabilidad política a Fujimori y sus ministros y denunció finalmente como responsables a un grupo de médicos cajamarquinos. Si bien Humala fue coherente al poner sobre la mesa política (en tanto opositor al régimen Fujimorista) el tema de las esterilizaciones, cierto sector (mayoritariamente fujimorista) vio como una manipulación política el hecho de que Ollanta esperara hasta el final de su mandato para demostrar su voluntad política. Esto finalmente se logró en noviembre de 2015 cuando se dio la resolución que declaró de interés nacional la creación del Registro de Victimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), el cual a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (MINSA) tendría la finalidad de “identificar el universo de personas afectadas y garantizar su acceso a la justicia”.

El período de Humala también será recordado por ser parte del contexto en el que por primera vez se manifestó la indignación y la solidaridad de la sociedad civil a través de las intervenciones artísticas en el espacio público del colectivo No sin mi permiso (2011) y del movimiento social Alfombra Roja (2013-2016). En esta última han participado las propias afectadas y ambas acciones han destacado y dado visibilidad al tema afectando la esfera pública. En suma el gobierno de Ollanta ha facilitado un contexto favorable para que la lucha por la justicia se articule internamente con el apoyo de las instancias internacionales y pueda cumplirse el Reviesfo respetando en su proceso los derechos de las mujeres afectadas; éste será sin duda un gran avance, aunque todavía miles de mujeres siguen en la lucha y a la espera de justicia. Cabe destacar que se espera para febrero de este año la decisión de la Fiscal Marcelita Gutiérrez, lo que podría significar el fin de la obstrucción política de acceso a la justicia para las mujeres y hombres que fueron esterilizados sin un consentimiento legítimo.

Un breve recuento de las decisiones políticas que se tomaron sobre el cuerpo y el proyecto de vida de las mujeres más indefensas del país en estos últimos 20 años, deja en claro que fue bajo el régimen de Fujimori que sistemáticamente se cometió el crimen de lesa humanidad contra nuestra población rural e indígena y que desde entonces su bancada congresista ha colaborado con todos los medios a su alcance en la obstrucción de la justicia. Si bien es de reconocer que en los gobiernos de Paniagua y Toledo se obtuvieron ciertos avances, éstos se lograron gracias a la intervención internacional o a la favorable coyuntura democrática lo que representó avances para nuestros derechos de manera general. La política de García ha sido igualmente desfavorable en términos de derechos humanos y más aún en cuanto a los derechos de las mujeres pobres. Según Tamayo (2014), en el caso de las esterilizaciones forzadas a lo largo de casi dos décadas se ha dado una sistemática obstrucción política de la justicia, interfiriendo incluso los programas de los gobiernos favorables a los derechos de las mujeres.

Políticamente una mujer por el simple hecho de serlo no tiene los mismos derechos ciudadanos que un hombre; si esto es así, ¿de qué derechos goza una mujer peruana?, y con mayor pertinencia ¿cuáles son los derechos que políticamente corresponderían a una mujer rural quechua, aimara o shipibo-conibo hablante, campesina y pobre, cuáles son los derechos que realmente puede ejercer?, ¿cómo imaginar siquiera las condiciones y relaciones de vida a las que está expuesta una mujer transexual nativa en términos políticos?

La realidad nos enseña que hay seres humanos que no existen para nuestra historia contemporánea, como las miles de mujeres «subalternas» que fueron esterilizadas sin un consentimiento personal durante el régimen autocrático de Fujimori. Desde luego, en cuanto miembros de la sociedad peruana nos horrorizamos al vislumbrar algo de lo realmente acontecido, como cuando la CVR nos reveló la cifra de 70,000 víctimas a consecuencia del Conflicto Armado Interno que duró dos décadas. Pero, ¿por qué nos ha tomado tanto tiempo indignarnos ante una masacre ocultada adrede como lo son las miles de esterilizaciones forzadas que se dieron en tan sólo cinco años de manera extremadamente compulsiva bajo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) que fue en el siglo XX el programa de control demográfico más compulsivo y violento de América Latina?

El sector fujimorista arguye intensamente que la cantidad de 2,074 denuncias por esterilizaciones forzadas es poca comparada con las más de 300,000 esterilizaciones que se practicaron en la década del noventa. Esta lógica corresponde a una visión política que sigue denigrando a las mujeres al reducir el género a una estadística numérica. Aunque relativamente pocas en comparación, 2,074 denuncias son pruebas contundentes del crimen de lesa humanidad. Es claro que este número no representa únicamente a las mujeres afectadas por el trauma; la cantidad de testimonios se debe más bien a que las mujeres agraviadas –también hubieron hombres directamente afectados pero en menor proporción– siguen siendo tratadas como el «lumpen» de lo subalterno. Giulia Tamayo constata en el informe de CLADEM (1999) que las mujeres más afectadas proceden de los sectores de menor poder en nuestra sociedad y esto quiere decir que enfrentan graves factores adversos: son pobres; viven en localidades andinas y amazónicas lejos de las instancias oficiales a las cuales deberían recurrir para denunciar; tienen desventaja de género por ser mujeres y por ser en su mayoría monolingües de poco acceso a la educación, desconocen sus derechos fundamentales y las vías para ejercerlos; les es difícil orientarse en un medio letrado y, consecuentemente, ante la administración de justicia; sufren de mala salud debido a los graves daños producidos por las operaciones, lo que limita su capacidad de movimiento; y como si esto fuera poco, parte de los casos proceden de localidades que fueron el mismo escenario del conflicto armado interno lo que dejó secuelas de indefensión en ellas. Así, debido a estas razones las denuncias han sido muy limitadas; si las condiciones de vida de las mujeres fueran otras, ciertamente las denuncias se ampliarían en cientos de miles ya que el PNSRPF tuvo un alcance de más de 272,000 esterilizaciones que se realizaron sin consentimiento expreso y en deplorables condiciones médicas.

Actualmente y rumbo a las elecciones 2016, la candidata Keiko ha comenzado a manipular políticamente el caso que le quitara su opción presidencial en la campaña anterior. Cuando en el “debate” con Steve Levitsky (setiembre de 2015) le preguntaron sobre la responsabilidad histórica que su padre y ella tienen sobre las miles de esterilizaciones forzadas, Keiko comenzó la respuesta típicamente neopopulista –el estilo también se hereda y delata la continuidad– agradeciendo la pregunta que le permitiría aclarar el «mito» para de inmediato echar toda la responsabilidad política a los médicos. Desde una postura crítica hay que enrostrarle a Keiko Fujimori lo que muchos testimonios, pruebas e investigaciones serias ya han confirmado: que las más de 272,000 mujeres esterilizadas en menos de cinco años (cuando ella ejercía como primera dama) no son ni un «mito» ni un invento. Aunque la historia oficial se empeñe en desaparecerlas (el negacionismo, el historicidio y el fundamentalismo coaligados) y la demorada justicia tarde en llegar, ellas están aquí, existen, y en su gran mayoría son víctimas del sistema neoeugenésico que alentó y practicó el Estado peruano: insistimos, el crimen de lesa humanidad más grave cometido en contra de nuestras mujeres rurales, indígenas, nativas y pobres desde las primeras décadas de la conquista.

Si reflexionamos un momento sobre la manipulación del lenguaje político actual, cabe preguntarnos: una mujer que llega a la política a costa de torturar las condiciones de vida de su propia madre ¿puede ser solidaria con otras mujeres? ¿Keiko puede ser legítima y honestamente solidaria con las mujeres esterilizadas, como lo viene anunciando recientemente en el marco de su campaña electoral? Las respuestas a estos cuestionamientos nos llevan a corregir los usos semánticos y políticos del propio «mito» fujimorista: Keiko Fujimori inicia en el 2015 una campaña electoral para ganar las elecciones presidenciales 2016 con una patraña política: su ideología y propósito serían distintos de los de su padre. En este discurso para «pulpines», la ocultación o desvío del caso de las miles de esterilizaciones forzadas y la vulneración impune de los derechos de las mujeres peruanas son capitales. Para darle credibilidad a su farsante postura, aleja de sus filas a los actuales congresistas Alejandro Aguinaga, Luisa María Cuculiza, y Martha Chávez entre otros acérrimos defensores del PNSRPF y del fujimorismo. Esta situación lleva al actual reo Alberto Fujimori a escribir una carta pública en donde señala lo siguiente: “[…] El Fujimorismo a través de Fuerza Popular, asume su alta responsabilidad para procurar ser gobierno bajo la presidencia de su indiscutible lideresa Keiko Fujimori. […] Para lograrlo se requiere […] se cuente con las candidaturas de congresistas de larga e impecable trayectoria como Martha Chávez, Luisa María Cuculiza, Luz Salgado y Alejandro Aguinaga”. Como bien señala la abogada Jeanette Llaja, los términos de esta carta ponen en evidencia que el fujimorismo de la dictadura no ha cambiado un ápice o que al menos tiene demasiadas resistencias para hacerlo. No obstante, para darle una estrategia y cierta credibilidad a su avieso programa, Keiko presentó el 23 de enero de 2016 en la localidad de Ccasapata, en la región de Huancavelica, al equipo técnico y a los voceros de su plan de gobierno. Desde ahí se comprometió a reparar a las víctimas de esterilizaciones forzadas que hubieran sido esterilizadas sin su consentimiento durante la década de los noventa durante el gobierno de su padre A. Fujimori. También insinuó que el Reviesfo es parte de la campaña electoral de Humala y, en ese sentido, comentó que “le preocupa politizar sobre el dolor ajeno”, postura perversa y siniestra contra la que podemos redargüir que quien está politizando sobre el dolor ajeno, es más bien la candidata Keiko al escoger para su campaña a Huancavelica, una de las zonas más afectadas por las esterilizaciones forzadas, y presentar allí su programa político solidarizándose con las mujeres víctimas a las que despiadadamente negó sus derechos por dos décadas consecutivas.

A diferencia de Guzmán quien se desdice sobre la consulta previa y cree que no es deber de un candidato a la presidencia conocer cuál es el distrito más pobre de la ciudad que habita o cual la región más pobre del Perú, y García que ha declarado que existen ciudadanos de segunda clase refiriéndose a los pobladores y la masacre de Bagua, la postura de Mendoza y su equipo ha sido solidaria con la búsqueda de justicia de las mujeres esterilizadas, no sólo para aprovechar la circunstancia de la campaña política sino a lo largo de su trayectoria política. Además cuestionó abiertamente la reciente «solidaridad» que Keiko dice tener frente a las mujeres afectadas y afirmó que la agrupación política de ésta (los fujimoristas) ha hecho lo posible para entorpecer las investigaciones. En suma, de un lado el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú está siendo nuevamente distorsionado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular; de otro lado, las mujeres implicadas, en cuanto tales, sólo existen realmente para la candidata Mendoza del Frente Amplio. De hecho y derecho, para el resto de candidatos (hombres) en la esfera pública de la campaña la multitud de mujeres que fueron malamente esterilizadas, ha sido borrada: ellas no han existido… ni existen. Y en el plan de gobierno Jairo Rivas advierte que las esterilizaciones forzadas sólo aparecen mencionadas en dos planes de gobierno: Peruanos por el cambio ofrece la continuidad del Reviesfo y el Partido Humanista Peruano se comprometa a cumplir con la reparaciones

En medio de una contienda electoral donde adrede y conscientemente se silencia el tema de derechos humanos, Vidal nos alerta que “una campaña sin derechos humanos es el caldo de cultivo perfecto para (que) quien llegue al gobierno los viole sin mayor reparo” (2016). En ese sentido y más allá del simple juego político que algunos quieran darle al caso, la sociedad civil debería estar exigiendo enérgicamente un debate serio y político tanto sobre las actuales declaraciones de «buenos propósitos» como sobre las perspectivas y compromisos de «oportuna voluntad gestionaria» de los candidatos y candidatas frente al desamparado destino de miles de mujeres a las que se vejó sin piedad y a las que se les siguen negando sus derechos inalienables.