Entrevista

Jennie Dador: "El Congreso considera que la obligación de cumplir y respetar los derechos humanos es sólo del Ejecutivo"

2022-06-16
Por Omar Rosel

Corresponsal en Ayacucho

coverFoto: Idehpucp

Al interior del Congreso de la República, se vienen promoviendo normas y leyes que buscan retroceder en materia de derechos humanos, específicamente lo relacionado con el enfoque de género, la educación sexual integral y el aborto terapéutico. Lo que sorprende es que las propuestas vienen de bancadas con ideologías aparentemente contrapuestas pero ampliamente conservadoras. Para conversar al respecto, Noticias SER entrevistó a Jennie Dador Tozzini, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

¿Cuál es la explicación para que este Congreso haya empezado a priorizar la aprobación de normas y leyes antigénero?

Es parte del mismo paquete autoritario que también apunta al cierre de los espacios democráticos y ahora se está reflejando en mecanismos de control y espacios de toma de libertad y autonomía de las mujeres. Esto se hace efectivo porque coinciden fuerzas antiderechos, ubicadas en la derecha y en la izquierda, que han logrado alianzas transversales, al margen de sus supuestas ideologías. En realidad, a los representantes en el Congreso, ya no los podríamos identificar por carteles ideológicos, porque si uno se da cuenta, quienes votan, justamente, por estas leyes antiderechos, que pretenden regresar a las mujeres al encierro doméstico, que pretenden quitarles la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, coincidentemente, también, son aquellos que están pretendiendo socavar lo poco que queda de las instituciones democráticas.

¿Porque cree que estas posiciones antiderechos humanos han logrado tener mayor presencia en el parlamento y cuáles son los riesgos?

Todo lo que era de alguna manera las representaciones de los partidos político se han licuado. Entonces, quienes están en el Congreso ya no son dirigentes y líderes de partidos políticos, sino es gente que compra su sitio en una lista parlamentaria, poniendo su plata para la campaña y va con un cartel de un partido político, y en las siguientes elecciones los podemos ver con otro cartel político, porque básicamente buscan representar intereses particulares.

Pero lo que se ve en estas propuestas legislativas antigénero es un desconocimiento total de los marcos normativos de respeto por los derechos humano ¿qué opina al respecto?

Hay un alto desconocimiento. Sé que para ser parlamentario no se necesita de título, ni nada, pero hay niveles de ciudadanía necesarios. Y, se ha observado en el caso de Perú, que la gente cree que el Estado sólo es el Ejecutivo y no el Legislativo y el Judicial; entonces, los comités de derechos humanos han dicho, “oiga, cuando nosotros decimos el Estado es garante de derechos y el Estado tiene que respetar los derechos”. Asimismo, se ha dicho que el legislativo no puede legislar o proponer leyes por debajo de los estándares de derechos humanos. Acá el Congreso cree que puede legislar lo que le da la gana, porque considera que la obligación de cumplir y respetar los derechos humanos es sólo del Ejecutivo. Hay un desconocimiento del campo de los estándares de derechos humanos y del cumplimiento de la propia Constitución. Parece que solamente se olvidan de este bloque de convencionalidad y que implica que todos los poderes tienen que respetar el marco de derechos humanos y los pactos y convenciones que ha firmado Estado Peruano.

¿Qué situaciones podría generarse en caso se apruebe la ley que permite que padres participen en elaboración de materiales educativos?

El proyecto 904 es peligroso, en principio, porque está dirigido a la escuela pública. Acá se ha colocado el control sobre determinadas materias, como la educación sexual integral, el contenido de igualdad de género dentro del currículo e incluso se ha incorporado los temas de historia. Es decir, ahora los padres podrían seleccionar los temas de la historia y aquí hay el peligro de quebrar lo que cohesiona a una nación: el relato y la memoria de lo que somos como nación. De otro lado, quitar la educación sexual integral, es ir contra algo que ya es un derecho humano, tal como lo ha desarrollado en el último fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de una niña violada en una escuela, el caso Guzmán Albarracín contra Ecuador. En el año 2020 salió la sentencia y ahí se habla de educación sexual integral.

¿Cómo impactaría esta norma en la educación de los niños y las niñas?

Quitar la educación sexual integral, deja con menores posibilidades a las niñas y niños para conocer su cuerpo, para identificar cuándo una persona les toca o de qué modo les toca, cuáles son los mecanismos para defender su autonomía y sus posibilidades de negociación. Entonces, coloca este aspecto en manos de las familias, lo cual, en el caso peruano, es peligroso, los deja indefensos frente a las situaciones de violencia, porque la familia no necesariamente es un espacio de protección para niños y niñas. Casi el 80% de denuncias de violación sexual que tenemos, ocurren en el entorno familiar, el tío, el padre, el abuelo, el vecino. Creo que todos estos datos, debería servir para una reflexión sobre como intervenir sobre estas familias, un tema que no queremos abordar, porque es doloroso.

Los contenidos escolares requieren ciertas capacidades profesionales ¿los padres están esa capacidad?

El tema es quiénes son las organizaciones, los grupos de padres y madres que van a decidir sobre estos contenidos. Quizá, de alguna manera quienes ya están inscritos y son todos estos que vemos marchando como “Con Mis Hijos no te Metas” o “Padres en Acción”, que han estado en contra del currículo educativo, contra los contenidos que enseñan a los niños y a las niñas, a crecer en igualdad y en diversidad. Lo que tenemos que aprender desde pequeños es que esa diversidad o sea expresión distinta de género no se debe traducir en desigualdad. Ahí está el otro peligro que se cierne en este caso, además está planteado de una manera que sería prácticamente imposible tener los textos escolares para el inicio del año escolar. Se estaría en permanente revisión y nunca podrías acceder a estos textos escolares. Hay distintas dimensiones que hacen peligroso este proyecto de ley.

¿Qué implicancias, en términos de los derechos humanos, tendría esta norma que fue aprobada en la Comisión de la Mujer que supuestamente busca la protección del embarazo de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar?

El proyecto 1520 afirma que el niño por nacer tiene derecho a nacer, pero eso ya está en la Constitución, porque el concebido tiene derecho a nacer y tiene derecho a la vida. Sin embargo, esa forma de expresarse y las denominaciones que utilizan, están dirigidas a cerrarle el pasó a la posibilidad de aplicación del aborto terapéutico, que es legal en el Perú desde 1924. Entonces, los argumentos que usa y la forma de la redacción, coloca en peligro la posibilidad de este tipo de aborto. Y, también, nuevamente, va en contra del desarrollo de los derechos humanos y de los pronunciamientos de la Corte Interamericana sobre cómo debemos entender la protección al concebido y el derecho a la vida. Nadie discute que el concebido tiene derecho a la vida, pero este reconocimiento, este derecho y esta protección es progresivo e incremental. Y, la propia Corte Interamericana admite excepciones que ya están y no sólo es el aborto, sino también, el estado de necesidad. Hay estándares que se han ido desarrollando en ese sentido.

Persiste la probabilidad de retrocesos en materia en derechos humanos ¿qué se debe hacer desde la sociedad civil?

Nosotros siempre decimos, por un lado, hay que hacer uso de todos los mecanismos que nos provee el sistema democrático y el sistema jurídico. Y, entonces, plantearemos la inconstitucionalidad e iremos al Tribunal Constitucional, efectivamente, y seguramente tendremos que ir luego a la Corte Interamericana y, seguramente lo vamos a ganar. Pero, lamentablemente para hacer todo eso, tendríamos que perder unos 7 u 8 años y el país entero habrá perdido 10 años. Por otro lado, tenemos la sociedad civil organizada que puede también hacer sentir su malestar de distintas maneras, hacer llegar su voz desde las regiones, escribir a los congresistas que los representan. Hay mecanismos desde donde podemos hacer saber a nuestros congresistas que no estamos de acuerdo con la forma en la que se está legislando y votando estos controles que se pretende hacer sobre la vida, la sexualidad y la reproducción, castigando incluso a las niñas que son violadas a la imposibilidad de acceder a un aborto. La sociedad civil también tiene que hacerse cargo de una ciudadanía más activa, de despertar un poco de ese letargo en el que estamos.