Javier Mujica: “La ley de debida diligencia contribuye a hacer efectiva la responsabilidad de las empresas en los Derechos Humanos”

Javier Mujica Petit, abogado y representante de Perú Equidad, en diálogo con Noticias SER, considera de suma importancia la ley de debida diligencia que entrará en vigor en Alemania a partir de enero 2023. Se trata de una norma que establece obligaciones jurídicas para las empresas alemanas y a otras que se vinculen con ellas -dentro y fuera de sus fronteras- en el cumplimiento y respeto a los derechos humanos y ambientales.

¿Qué es una ley de debida diligencia y por qué es necesario contar con esta ley?

Es una norma que establece la obligación de prevenir los riesgos de que se produzcan impactos negativos en los derechos humanos de aquellas partes con las que se interactúa en una actividad económica o productiva. Es importante contar con una ley de debida diligencia porque las normas de autoregulación o los principios voluntarios tienen un alcance limitado para impedir que se produzcan violaciones efectivas a los derechos humanos. Es indispensable que pensemos en un avance para definir normas vinculantes que hagan de esta una obligación real y efectiva.

¿Qué tanto importa la responsabilidad social para que se cumpla una ley como esta?

La responsabilidad social empresarial es una conducta autoasignada, usualmente guiada por un enfoque filantrópico y normalmente sin un enfoque de derechos. Toca por ello un reajuste de la conducta de las empresas en torno a sus obligaciones en este campo puesto que, si ellas tienen que respetar la ley, y esta incluye las normas internacionales sobre derechos humanos, entonces están obligadas a respetarlas legalmente.

¿Crees que nuestra sociedad está lista para una ley de este tipo?

Aspiramos a vivir en un contexto de normas de convivencia de respeto a los demás. Pero para eso falta que se establezcan reglas claras que definan cuál es la conducta esperada de las empresas y que estas actúen con debida diligencia; es decir, con el adecuado deber de cuidado y sabiendo que consecuencias pueden esperarse por el incumplimiento de este deber. En Países como Francia, Alemania, Noruega y Países Bajos ya se han venido adoptando disposiciones sobre la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos. Y actualmente se discute una directiva europea para definir un estándar común en materia de debida diligencia y derechos humanos. Una vez aprobada, los 27 países de la Unión Europea tendrán que adaptar sus legislaciones a este estándar.

¿Cómo encaja una ley como esta en la legislación peruana?

Las normas europeas rigen para los ciudadanos y las empresas domiciliados en Europa. Pero se aplican también a las relaciones comerciales o las cadenas de suministro de estas a lo largo y ancho del mundo. Si hay en Perú empresas domiciliadas en Alemania o empresas peruanas que tienen intercambios comerciales con empresas alemanas, tendrán que considerar la ley de debida diligencia alemana, sus disposiciones y evitar daños a los derechos humanos en sus relaciones comerciales y su cadena de suministro o de valor.

En caso de incumplimientos por parte de las empresas, ¿esta ley es sancionadora o solamente recurre a llamados de atención? ¿Cómo funciona?

No permiten que se declare la responsabilidad civil de estas empresas para que paguen por los daños y perjuicios que cometan, pero si prevee otro tipo de sanciones como la exclusión, de las empresas infractoras, de los mecanismos de contratación pública en Alemania o ser sancionadas a pagar multas por los daños que produzcan.

¿Cómo validar estos incumplimientos a la ley en temas extraterritoriales? ¿Cómo se demuestra a la justicia de países europeos, Alemania en este caso, la ilegalidad en ciertas acciones?

Todos los Estados tienen la obligación de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas sometidas a su jurisdicción. Pero estas obligaciones se proyectan también extraterritorialmente. El presupuesto básico es que las autoridades estatales conozcan lo que está ocurriendo. Si conocen y no actúan, esta omisión se convierte en un factor de atribución de responsabilidad por el incumplimiento de estas obligaciones extraterritoriales. El Estado se convierte en cómplice de la violación por no actuar.

En Alemania como país, el “made in Germany” tiene solidez. ¿Por qué la necesidad de contar con una ley como esta?

La excelencia tiene que ver no solo con la calidad de los productos, sino también con el proceso de producción mediante el que son elaborados. El producto terminado puede ser muy bueno, pero se pueden incurrir en afectaciones a los derechos de los demás: trabajo infantil, trabajos forzosos, impedimentos a derechos como los de sindicalización o de negociación colectiva. Si no tomo en cuenta estos aspectos, la calidad de esta actividad económica se ve empañada. El Estado aleman quiere prevenirlo con una norma como la ley de debida diligencia alemana que entrará en vigor el próximo año.

¿Podemos considerar que una ley de debida diligencia favorecería a los trabajadores de estas empresas alemanas vinculadas con el Perú?

La ley alemana sobre debida diligencia contribuye a hacer efectiva la responsabilidad de las empresas en este ámbito, como ya ocurre desde antes con la ley francesa o como ocurrirá pronto con la directiva europea, todas las cuales son disposiciones claves para garantizar los derechos humanos en el mundo.

Una ley de este tipo, ¿no facilitaría que los trabajadores vayan más allá de lo justo o les da ventajas para mayores exigencias?

Es una ley que protege los derechos humanos, no una ley que conceda ventajas indebidas a nadie. No se puede concebir una vida en una sociedad civilizada, en la que se garanticen el respeto a la dignidad de las personas y los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad o de cooperación, si no están en vigor los derechos humanos.

Muchas veces las empresas temen que los trabajadores se sindicalicen y hacen sus mayores esfuerzos para cancelar estos procesos. ¿Cómo hacer para que las empresas recuperen la confianza en los sindicatos?

Antiguamente algunos empresarios podrían creer que la falta de reglamentación era la mejor manera de producir, que podía ser más próspera y dinámica la actividad económica si hubiera menos reglas, pero en la actualidad esto ha deslegitimado profundamente este tipo de actividad económica. Los índices de conflicto social en nuestro pais, con una cifra más alta que en los demás países de la región, reflejan esa falta de legitimidad de la actividad empresarial al ignorar los derechos de los demás. Eso tiene costos: costos para las empresas, costos para la sociedad. Con respeto a los derechos humanos, no obstante, estas actividades empresariales serían más legítimas y tendrían más oportunidad de crecer en mejores condiciones. Tal como se actúa en la modernidad. La actividad empresarial del país responde mucho a rasgos premodernos, que no tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado, al que nosotros -paradójicamente- aspiramos a integrarnos como parte, por ejemplo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

¿En el Perú hay avances en materia legislativa de debida diligencia? ¿Cómo estamos, en tanto nos interesa ser parte de la OCDE?

Las normas que han venido siendo aprobadas internacionalmente buscan hacer que la economía sirva para garantizar que el crecimiento económico sea un componente sustancial del desarrollo sostenible y de la protección de la dignidad de las personas y del medio ambiente. Esto hace importante que en el Perú se piense en la necesidad de adoptar una regulación sobre debida diligencia. No podemos sustraernos a este avance civilizatorio, de protección de la dignidad humana. El desarrollo y el crecimiento económico no tienen justificación si no es para elevar el nivel de bienestar de las personas y las comunidades y elevar el nivel de protección de los derechos humanos incluyendo el medio ambiente.

Hablemos del abandono y la desidia del Estado en este campo. ¿Cuánto pesa el entorno, el abandono del Estado, para que muchas empresas saquen ventaja de esas circunstancias?

El Estado debe cumplir su deber primario de garantizar los derechos humanos, estar al servicio de todos los ciudadanos y no al servicio de una pequeña parte de la sociedad, por más legitima que sea esa parte. Debe tratar en igualdad de condiciones y garantizar que todos respeten la ley: y no permitir que ni la influencia económica, ni la influencia mediática ni la corrupción, alteren la implementación de estas obligaciones. Esto es un aspecto que también debe guiar nuestras aspiraciones para ser una sociedad mejor y más desarrollada, que es lo que todos queremos para nosotros y las siguientes generaciones.