Opinión

Huertos urbanos

2022-11-07
Por Lincoln Onofre

Polítólogo

coverFoto: Ayuntamiento de Santander

Hace diez años estuve de visita por el norte de España, Santander. Cerca de la casa de Aída vi unos huertos urbanos, me comentó que se trataba de una iniciativa municipal y estaba al servicio de los adultos mayores del barrio.

En el 2010, el ayuntamiento (municipio) se propuso recuperar diversos espacios públicos a través del programa "Red de Huertos Sociales Sostenibles". Aunque este resumen no le hace justicia a la iniciativa, se trata de espacios públicos sobre los cuales no existía proyecto ni financiamiento alguno para dotarlos de infraestructura y ponerlos al servicio de las personas (parques). Sin embargo, con un presupuesto limitado, habilitaron estos lugares para la creación de huertos urbanos cuyos beneficiarios serían los adultos mayores, principalmente para aquellos que habitan en el barrio; a ellos se les cedía un espacio durante un año previa inscripción, pago de 12 euros, capacitación y compromiso de mantener el lugar en buenas condiciones.

En la actualidad, programas como este están difundidos por todo Europa; solo en España más de 300 municipios gestionan alrededor de 20 mil huertos urbanos; cada uno diseñado de acuerdo a características, necesidades y prioridades locales. En Santander, este programa tiene más de 120 huertos urbanos en distintos barrios de la ciudad y la demanda crece. Si bien la producción está destinada al autoconsumo, se realizan trueques en ferias semanales (está prohibida la venta de estos productos), es visitado por escolares para aprender sobre seguridad alimentaria y educación ambiental; forma parte del paisaje urbano y es una barrera de protección para quienes podrían degradar estos espacios y el barrio (pandillas, consumidores de estupefacientes, depósitos, vertederos, etc.). En la actualidad, esta experiencia forma parte de actividades relacionadas con el medio ambiente, la producción sostenible, la economía circular y la educación ciudadana.

Hablar de las externalidades rentables del proyecto merecería varias páginas más allá de la seguridad y soberanía alimentaria. El proyecto está diseñado de modo que nada es gratis (porque lo que se regala no se valora) y el valor agregado es tal que lo hace socialmente rentable y sostenible; no en vano está activo desde el 2010.

Perú: ¿Copiar y pegar?

No. Este programa funciona bajo esa lógica porque Santander es una ciudad que envejece (el 25% de su población tiene más de 65 años); en consecuencia, el diseño del programa está orientado a mejorar la calidad de vida a los adultos mayores más allá de la asistencia social, el propósito es otorgar a este grupo poblacional posibilidades, oportunidades donde pueda contribuir a la economía familiar.

En diversas ciudades intermedias del país, el caso expuesto podría implementarse con otros enfoques. Por ejemplo, en Huamanga (Ayacucho), temas como seguridad alimentaria, poblaciones vulnerables, género, espacios públicos, cohesión social, desequilibrio territorial y protección de invasiones de terrenos públicos debieran estar presentes durante su diseño.

La crisis alimentaria en el Perú no sucede por la carencia de alimentos, tenemos una oferta variada y continua; el problema es el acceso a ella. El incremento de los precios de los productos de primera necesidad va en ascenso desde hace varios años; factores como el COVID, la guerra entre Rusia y Ucrania y la falta de fertilizantes que condiciona la producción del 2023 solo han acelerado el proceso.

Por otro lado, para el caso propuesto, la población vulnerable tiene rostro de mujer; son ellas las responsables de garantizar la alimentación de la familia; se trata de una responsabilidad compleja porque inicia en medio de la precariedad, inequidad, violencia (física, sexual, psicológica, patrimonial y económica) e inseguridad ciudadana. Geográficamente se puede identificar los barrios o zonas donde habita esta población vulnerable; así, además de los bordes de la ciudad, se instalaron en zonas de riesgo de desastres naturales y antrópicos; son estos lugares donde hay problemas de acceso a servicios básicos y la producción del espacio público es precaria o inexistente.

Son estos barrios donde los problemas de inseguridad, principalmente el hurto y la violencia doméstica se acentúan y comprometen la independencia económica de las mujeres, del mismo modo afecta el adecuado desarrollo de las relaciones interpersonales y la buena convivencia entre los vecinos. Estos lugares están dominados por grupos que se apropian de los espacios públicos abandonados; lugares donde la implementación o equipamiento es inexistente, en su lugar hallamos extensiones de tierra, arena o matorrales y que aprovechan la oscuridad de la noche para beber, fumar, robar o violentar; pero son esos mismos espacios públicos donde podría surgir la cohesión social, la identidad, la participación, la gobernanza; ello es posible a partir de la transformación y gestión de estos lugares degradados.

En el Perú, la falta de una adecuada regulación y control de la propiedad pública sumada al crecimiento no planificado de las ciudades intermedias ha generado un mercado ilegal e informal en el cual determinados grupos invaden terrenos públicos y/o privados so pretexto del derecho a la vivienda para luego venderlos en el mercado informal a quienes realmente necesidad de un hogar. Al mismo tiempo, se observa que diversas empresas dedicadas a la construcción de viviendas adquieren terrenos agrícolas para venderlas a precio de terreno urbano, comprometiendo con ello la seguridad y soberanía alimentaria en perjuicio de quienes menos tienen.

La creación de huertos urbanos podría contribuir a superar o mejorar las condiciones de los problemas señalados en los párrafos anteriores; pero para ello la autoridad política y sus colaboradores deben ser conscientes del valor agregado de esta propuesta, conscientes de esas externalidades posibles, de tal suerte que no se pierdan los detalles en el diseño y formulación de políticas locales. La implementación en ciudades intermedias no requiere de un presupuesto significativo; en cualquier caso, no afecta de manera sustancial siquiera los recursos directamente recaudados. Un análisis costo – beneficio puede evidenciar la rentabilidad de esta propuesta.

Esperemos que las nuevas autoridades puedan implementar proyectos como este, socialmente rentables y sostenibles.