Hacia una escuela de moral no democrática

Si todavía se tenían dudas sobre la calidad democrática de este Congreso, estas quedaron peligrosamente afirmadas por la aprobación del proyecto de ley 904/2021, que pretende el control de los materiales educativos respecto a que el ser hombre y mujer, y la educación sexual vayan de acuerdo a las creencias morales y religiosas de cada familia. No se trata del actual diálogo entre escuela, Estado y familia, sino que serían “organizaciones familiares” las que harían la supervisión de materiales, sustrayendo así a la educación de la esfera pública y del control del Estado. Con la excusa de la vigilancia para proteger a las escuelas de la “ideología”, la ideología conservadora se enmascara tras la familia como legítimo actor interesado para bloquear iniciativas pro derechos humanos como la del enfoque de género. Este viejo ideal anti republicano y anti igualitario contra la escuela pública, laica y pro derechos humanos fue plasmado en este proyecto nacido desde la ultraderecha peruana, que no hace sino recoger una tendencia antiderechos que va recorriendo el mundo y es aprobada en países con estándares democráticos dudosos.

El Congreso votó este jueves 5 de mayo, por un proyecto similar al de “Escuela sin ideología”, propuesto por el Partido Popular español, heredero del franquismo; al de “Escola sem partidos”, de los partidarios de Bolsonaro, al de la ley Czarneck de la ultraderecha en Polonia o a la iniciativa 5272, aprobada este año por el Congreso de Guatemala pero que dada su violencia y su entraña discriminadora fuera vetada por el presidente de ese país en marzo. Todos estos proyectos coinciden en expulsar al enfoque de género de la escuela, en dar atribuciones a las familias por encima de las políticas estatales, en sancionar legalmente a docentes que se les opongan, alegando un supuesto interés en el “niño y la familia” y la defensa de “valores morales”. Todos ellos están inmersos en la cruzada de acabar con el enfoque de género en las políticas públicas, la educación sexual en la escuela, y negar los derechos sexuales y reproductivos de cada individuo para no perder autoridad ni hegemonía en el terreno de lo simbólico. Este es el primer objetivo de estas iniciativas legislativas. El segundo objetivo es el económico, y lo veremos hacia el final de este artículo.

Lo que más llama la atención es cómo algunos partidos a los que podía dárseles “el beneficio de la duda”, se han desembozado y han mostrado su raquitismo democrático y su filo- autoritarismo. De quince congresistas de Acción Popular, diez votaron a favor del proyecto 904/2021, confirmando estar lejos de ser “el partido de Paniagua y Belaúnde”, los catorce votos de los catorce congresistas del APP de Acuña, así como nueve de los diez de Avanza País, nos confirmaron que de “modernos” o “liberales” no tienen nada; Renovación Popular y Fuerza Popular no hicieron sino afianzar sus posiciones antiderechos. En cuanto a Perú Libre, le hace falta leer el “Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, para entender que la explotación económica de la mujer empieza desde la esfera doméstica y desde que es niña, explotación a la que se suma la sexual y reproductiva de su cuerpo, tema que ahora se prefiere sea autorregulado por la propia familia, en aras de preservar una moral religiosa occidental, renunciando así a la decolonialidad, al estado laico, al análisis de los problemas como la violencia de género y a la búsqueda urgente de soluciones reales. El que esta agrupación se haga pasar como “izquierda”, es el equivalente a que los partidos mencionados se hagan llamar “democráticos”.

Los legisladores que así piensan, dicen defender a la familia. Nos preguntamos entonces cuál es la familia que defienden, ¿la que hace que las mujeres lleven sobre sus espaldas mayor carga de trabajo? ¿La que se ha convertido en el lugar de la violencia doméstica y del mayor número de violaciones sexuales? ¿Esa es la familia que va a educar y no más bien a ser educada en una reingeniería para evitar mayores violencias? Sin duda, hay una total falta de realidad y análisis de la misma desde su perspectiva “moral” que contrasta con la que se ha venido trabajando ya desde hace varias décadas desde diversas disciplinas académicas.

El enfoque de género, los derechos de la mujer, así como los derechos sexuales y reproductivos, el enfoque intercultural, los derechos de los pueblos indígenas, los de los animales, los del planeta, los de las personas con discapacidad, así como los derechos civiles de los que sufrían segregación racial, han sido resultado de luchas históricas sociales, desarrollos de la multiplicidad de demandas por libertades y derechos a partir de la Declaración universal de derechos humanos de 1948. Por eso hablamos de avances y retrocesos. Por eso, estos asuntos de “niños” o “mujeres” o “moral” se convierten en serios indicadores de nuestra calidad democrática.

Los desarrollos en cuanto a derechos humanos a través de convenciones internacionales y políticas estatales tienen menos de cincuenta años y deben enfrentar siglos de prácticas culturales discriminatorias. A esta lentitud en los cambios culturales, se añade el actual contexto mundial adverso a la democracia y a lo político. Y aquí va el segundo objetivo de las iniciativas antiderechos, un objetivo más bien económico. Hoy, la política ha sucumbido al mercado, y los derechos no son sino un estorbo para la lógica de “todo se compra y todo se vende”, lógica de objetos y no de sujetos. El capital transnacional se impone a los Estados que desaparecen como defensores de derechos y de subsidios, y lo que deja de hacer el Estado lo harán las familias. De allí la importancia de estas propuestas “conservadoras”: así como las mujeres deben aceptar su propia subordinación familiar gracias a la moral y la costumbre, las familias deben seguir haciéndose cargo de los “sujetos no productivos”: niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad. Ya Margaret Thatcher había señalado que no es al Estado de asumir necesidades individuales, ni a ninguna sociedad pues esta no existe. Los individuos se tienen a sí mismos o a sus familias como eterno colchón social. Hemos vivido el triste resultado de esa política durante la pandemia, hemos visto el sacrificio de las familias supliendo el déficit estatal. Este es el trasfondo económico al que apuntan estas iniciativas “morales”, que dicen defender a los intereses familiares eliminando al Estado. Lamentablemente, en un país como el Perú que nunca llegó a tener sino un Estado excluyente y discriminador de las mayorías, se juntan como un espejismo de un lado, equivocadamente, quienes quieren acabar con él considerándolo “una farsa”, y de otro, quienes quieren perpetuar la ausencia de Estado de siempre. Solo nos queda evadir la falsedad, para perseverar una vez más, en la búsqueda de soluciones que nos reclama nuestra realidad.