Informe

Expectativas y observaciones de los Comités de Autodefensa del VRAEM frente a la polémica ley 31494

Por Omar Rosel

Corresponsal en Ayacucho

Expectativas y observaciones de los Comités de Autodefensa del VRAEM frente a la polémica ley 31494 Foto: La República

La ley 31494 que “Reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural y los Incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana”, promulgada el 16 de junio, por insistencia, por el Congreso de la República, ha generado serias preocupaciones y críticas por lo que podría implicar que los Comités de Autodefensa (CAD) porten armas, entregadas por el Estado o por privados. Al respecto, hay lecturas diversas sobre esta norma por algunos representantes de CAD en Ayacucho, que consideran que ciertos artículos deberían ser modificados y también critican a los que se oponen a la ley.

La norma, según Julio Olivera, Presidente de Comités de Autodefensa de la Provincia de la Mar tiene el apoyo de las bases de los CAD de su zona, porque reconoce su existencia legal y es producto de los reclamos que han realizado por muchos años, “al ser los pacificadores del país contra la amenaza que representó Sendero Luminoso y no se nos reconoce el esfuerzo”. Además, Olivera, sostiene que requerían una ley para los CAD en este nuevo contexto, porque el Decreto Supremo 077-92-DE limitaba su existencia sólo para “la pacificación y después hay un desarme y olvido de los CAD”.

Héctor Landeo Gutiérrez, Presidente de los Comités de Autodefensa de los Valles del Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), si bien indica que la ley 31494 beneficia a los CAD, pero no está de acuerdo con la denominación de la ley, porque a su entender “el titulo debe indicar que la máxima instancia es el CAD. Claro, en el contenido (se debe precisar que) hacemos todo el desarrollo, trabajo de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia”, explica Landeo.

De otro lado, Landeo refiere que los CAD están contribuyendo en la acciones de seguridad ciudadana, pero requieren una garantía legal y una ley ordinaria que los proteja y salvaguarde en la función y acción que cumplen. Y precisa que la ley 31494 tiene esa intención, aunque -explica- exigirá que se modifique los artículos 3.2, 4, 8.1 y el artículo 5.

En la actualidad en la zona del VRAEM, según Landeo, existen 400 comités de base de CAD, con 30 a 50 integrantes cada uno, agrupados en 50 comités zonales y 15 distritos ubicados en la margen izquierda y derecho del Río Apurímac. Asimismo en la provincia de La Mar, según refiere Olivera, hay 255 comunidades donde están organizados los CAD.

Posiciones sobre la entrega de armas

Lo más polémico de la ley 31494, es que los CAD podrán portar armas de uso civil, que pueden comprarlas, recibirlas en donación por parte del estado o de particulares. Pero, para Héctor Landeo, esta sería una alerta innecesaria que se hace, porque en la actualidad los CAD ya poseen armas de uso civil. “Nosotros, los que estamos en función tenemos armamento administrado por el Comando Conjunto. Eso no es novedad. Nunca el CAD ha salido en reacción contra el Estado”, explica Landeo. De otro lado, indica que algunos CAD coordinan con las municipalidades para el apoyo en seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia, acciones donde sus miembros llevan armas como elemento disuasivo.

Para Julio Olivera, al consultarle si es necesario armar a los CAD, refiere que sus bases de la provincia de la Mar en la actualidad ya tienen armas de uso civil, que están guardadas en sus hogares. P1recisa que los CAD están capacitados para el uso responsable de este tipo de armamento. “Nosotros no podemos disparar, aunque tenemos armas, cuerpo a cuerpo o cuando esta con arma blanca o cuchillo, no podemos disparar, está totalmente prohibido disparar. Estamos capacitados para ello”, explica.

Al ser cuestionado de que los CAD no deberían estar armados, considerando que ya no estamos en épocas de violencia como en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, Julio Olivera responde que: “Hay una especie de nuevo Sendero que ha aparecido como delincuencia común y como corrupción. Por ejemplo, si hablamos de corrupción, si yo voy hablar de que un alcalde es muy corrupto y voy a mencionar su nombre, yo sé que alguien sicariato me va a matar por pronunciar su nombre. A eso decimos nuevo Sendero”. Y sobre la delincuencia y narcotráfico, Olivera expresa que: “también está en contra de nosotros. Si en caso capturaríamos a los narcotraficantes, seguro se vengan quitándonos la vida. ¿Con que vamos a defendernos y nos quitan el arma y si no tenemos armas’”.

Sobre la posible mala utilización de la ley 31494 y de los CAD armados para otro fines, Landeo, alerta a las autoridades y los medios de comunicación que hay zonas en Ayacucho donde se han conformado grupos, denominándolos CAD, con otros fines e intereses particulares.

Landeo, al ser consultado sobre la posible mala utilización de CAD armado por grupos de narcotraficantes para sus fines, refiere que es improbable y precisa que los CAD pueden enfrentar de manera “radical” este problema, pero también sugiere que se debe utilizar otras estrategias para contrarrestar el narcotráfico. “Si bien nosotros hacemos la parte disuasiva, a parte debe ser la parte de desarrollo social desde el Estado”, expresó.

Modificaciones

Julio Olivera, Presidente de Comités de Autodefensa de la Provincia de la Mar, indica que la ley 31494 ha sido respaldada por sus bases, porque la consideran beneficiosa y no han hecho observación alguna. Si bien Héctor Landeo refiere que la ley otorga beneficios a los CAD, pero también informa que sus bases han hecho observaciones y buscarán la modificación de los artículos 3.2, 4, 8.1 y 5 de la ley

Uno de las observaciones –indica Landeo- es que la ley precisa ene le artículo 3.2 que los CAD actuarán en zonas declaradas en estado de emergencia, lo cual limitaría el trabajo de los CAD, especialmente en lo relacionado contra la delincuencia común, que “sigue operando así se levante el estado de emergencia”, indica Landeo. Este tema también está relacionado con el artículo 8.1, que precisa que culminado el estado de emergencia, se procede con el internamiento de las armas de propiedad del Estado, situación que no convendría a los intereses de los CAD.