Esterilizaciones forzadas y la historia

Como lamentablemente sabemos, el caso de esterilización forzada que se dio durante la década de los noventa en el Perú fue un crimen de lesa humanidad, que hasta la fecha ha quedado impune. Es por ello que creo importante situarlo en su contexto histórico: El caso de esterilización forzada masiva es el crimen de lesa humanidad más grave que se ha cometido contra nuestra población indígena desde la Colonia.

Hablamos del caso peruano de eugenesia contemporánea, que se implementó durante el conflicto armado interno, y cooptando el discurso feminista, el discurso de derechos humanos y el discurso del desarrollo económico. En la perpetración de estos hechos, que conforman uno de los horrores sociales más silenciados de nuestra historia -es decir, genocidio- participaron, en mayor o menor medida: El Estado peruano, el cuerpo médico, las Fuerzas Armadas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la cooperación internacional, UN Fund of population, USAID y Nippon Foundation, entre otras organizaciones con objetivos humanitarios y de desarrollo. Ninguno de estos organismos siquiera sospechó lo que estaba avalando; mucho menos denunció los hechos que estaba financiando. Además, el objetivo del programa se enfocó en una triple discriminación: Por género, por raza y por economía. El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar esterilizó, sin su consentimiento legítimo, a miles de mujeres indígenas pobres.

Por un lado están las cifras, las contundentes cifras: En la década de los noventa, fueron esterilizadas y esterilizados más de 300 mil mujeres y hombres, casi en su totalidad de origen rural e indígenas. Este hecho ocasionó la muerte de al menos 18 mujeres. Este panorama es aún más perverso cuando sabemos que de esas 339,168 esterilizaciones, 294,032 fueron realizadas en el lapso de cinco años; es decir, entre 1996 y 2001, y otras 109,689, se dieron en tan solo un año: 1996. Cabe recalcar que estas operaciones son irreversibles. El Informe Final sobre la aplicación de la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) en los años 1990-2000 señala que, entre los años 1990 y 1999, el Ministerio de la Salud llevó a cabo el Programa Nacional de Planificación Familiar, que ejecutó la esterilización de 314,605 mujeres y 24,563 varones. Según el Informe Defensorial 69, un total de 272,028 mujeres y 22,004 varones fueron esterilizados entre 1996 y 2001. Le cifra revelada en dicho informe coincide con los aportes de las investigaciones de Tamayo (1999) y de Zauzich (2000): 81,762 casos en 1996; 109,689 en 1997; 25,995 en 1998; 26,788 en 1999; 16,640 en el 2000, y 11,154 en el 2001.

Por otra parte, resulta indignante la invisibilización de los y las víctimas. No solamente los implicados antes mencionados han hecho todo lo posible para obstruir la justicia; también el silencio de las políticas de memoria ha jugado un papel en contra de las y los afectados. Las más de 300 mil víctimas no existen en nuestra memoria nacional, no son parte del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación(CVR), no están incluidas en el Lugar de la memoria (LUM), ni en el Museo itinerante Arte por la memoria, ni en el memorial El ojo que llora. Por ejemplo, el hecho que el caso en mención no haya sido incluido por el Consejo de Reparaciones en el Registro Único de Victimas (RUV) ni en el Plan Integral de Reparaciones (PIR) que planteó la CVR, ha contribuido a la obstaculización de la justicia que merecen las mujeres y los hombres afectados, quienes no puede hasta ahora ser reparados. Toda esta situación se da, a pesar de que las esterilizaciones forzadas fueron claros crímenes de violencia sexual, tal como lo afirma Gabriella Citroni en el libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada. Ella, además, considera de relevancia nacional que dicho caso sea recogido en la currícula escolar y pase así a ser parte de nuestra historia.

Al sólo tomar los encomiables aportes de la CVR como si fuesen una piedra sólida e integral, se impide ejercer el mantenimiento y la vigencia de la memoria. Es por esa misma razón que el caso sigue sin ser parte de los lineamientos de base del LUM, cuando las políticas de rememoración deben entenderse, más bien, como formas activas e incluyentes, que en vez de únicamente ser re-presentadas, deberían ser presentadas «dinámicamente», es decir, como memorias en construcción, sobre todo en un país pluricultural y multiétnico como el nuestro, en donde las voces de muchos de los implicados aún no han sido escuchadas, como sucede en el tantas veces mencionado caso de las esterilizaciones forzadas. Ojalá el LUM, así como los centros y las instituciones que se dedican a revivir y mantener la memoria del conflicto armado interno, comiencen a incluir dentro de sus políticas socioculturales este emblemático caso de violencia sexual sistemática contra las mujeres, ya que como bien reitera la CVR, «una de las formas de violencia contra la mujer particularmente frecuente en el contexto de conflictos armados internos como el habido en el Perú es la violencia sexual».