Opinión

Esterilizaciones forzadas: cada demora es una burla

Por Noticias SER
Esterilizaciones forzadas: cada demora es una burlaFoto ©Luisenrrique Becerra

Por segunda vez se ha postergado la lectura de la decisión sobre el inicio o no de la investigación judicial en el caso de esterilizaciones forzadas realizadas por personal de salud en el marco del Programa de Planificación Familiar, por el cual la Justicia debería procesar al ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga.

Frente a un caso en el que existen sobradas y numerosas evidencias llama profundamente la atención este nuevo retraso en la lectura de la resolución correspondiente. El hecho pone sobre el tapete la lentitud con la que el Poder Judicial atiende procesos de graves violaciones a los derechos humanos, en particular aquellos vinculados a quienes ejercieron el poder y aún conservan influencia, como el ex ministro Aguinaga, que hoy preside la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Como es de público conocimiento, el programa de Planificación Familiar ejecutado durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue una de las más agresivas intervenciones del sector salud impulsado abiertamente desde la presidencia de la República, además de contar con el respaldo de la cooperación internacional e instituciones de la sociedad civil, que aplaudieron una política que no respetó los mínimos estándares de atención a la salud, ni mucho menos la integridad y la dignidad de mujeres y hombres pobres, que fueron sistemáticamente engañados por el Estado y su personal de salud.

En Noticias SER tenemos la convicción de que las esterilizaciones forzadas cometidas durante el fujimorato constituyen una grave violación a los derechos humanos. Las evidencias y testimonios en este sentido son abrumadoras. Exigimos que el Juez Rafael Martínez abra la investigación judicial sin más dilación. Cada demora es una burla más de las muchas que el Estado ha cometido contra mujeres y hombres a quienes se les debe una reparación justa y un pedido de perdón, no solo del Estado, sino de una sociedad que sigue dándoles la espalda.