¿El derecho al buen vivir en el Centro Histórico de Lima?: depósitos, desplazamientos sociales e incendios

Durante los primeros meses de este año hemos visto noticias sobre las intervenciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Centro Histórico (CHL). Entre ellas, el derribo de los muros perimetrales del convento de San Francisco y el cambio de placas de algunas calles emblemáticas. Estas dos acciones, enmarcadas en un plan de recuperación del Centro Histórico expresan el enfoque del gobierno local: pensar que la ciudad se produce desde el saber técnico y la priorización de obras estéticas sobre otras que pueden generar bienestar a la población a través de la coproducción de la ciudad, como la construcción de viviendas sociales asequibles. Asimismo, las problemáticas persistentes como la construcción de depósitos e incendios no se encuentran en la agenda de la Municipalidad. En este sentido, la presente columna busca reflexionar sobre los procesos que conviven en el CHL y las acciones que se toman al respecto.

La construcción de depósitos en Barrios Altos es una problemática que no ha sido tomada en cuenta, a pesar de que las instituciones, los profesionales y la sociedad civil se han pronunciado al respecto. Sin embargo, la construcción de depósitos clandestinos no solo afecta las áreas patrimoniales y la pérdida invaluable de inmuebles de valor histórico, sino que estos son la expresión de la especulación inmobiliaria, la prioridad de la propiedad privada sobre el bien común, el abuso de poder, la apropiación ilícita de inmuebles, el amedrentamiento constante de la población y la escasa inversión en viviendas social.

Para construir los depósitos en el CHL, no solo se necesita de albañiles y un profesional que certifique su construcción. De acuerdo con los hallazgos de la investigación realizada por Lopez, Jaimes y Perleche (2019), detrás o antes del proceso se encuentra la colusión de malos funcionarios y traficantes de terrenos, quienes verifican la localización de inmuebles sin propietarios, para luego falsificar los documentos y apoderarse de los mismos. En este proceso, también se afecta a la población residente de los inmuebles, quiénes son amedrentados para retirarse de sus hogares, a pesar de que intentan salvaguardarse presentando denuncias ante las autoridades competentes. La respuesta que reciben de las autoridades es casi nula e incluso se les recomienda retirarse por “las buenas”, pues de no ser así, los interesados en el predio producen los incendios y/o los amenazan de muerte. Una vez que se consigue el desalojo de la población se inicia el proceso de especulación, usualmente se vende el inmueble a un tercero y este procede a construir el depósito.

¿Qué pasa con la población desalojada? En su mayoría son desarraigados de su barrio, de sus redes sociales y de apoyo, y buscan alquilar inmuebles cercanos a CHL u otro distrito con similar precio (Lopez et al., 2019). Al final, quienes llevan la peor parte son las familias, sobre todo, las madres solteras y ancianos, pues son los más propensos a no acceder a una vivienda social bajo las condiciones establecidas por el sector privado y el Estado. Remarcando que, para ambos, la vivienda pasó a ser entendida de bien social a activo financiero, un instrumento de acumulación financiera. Para acceder a esta, uno debe contar con una cuota inicial y seguridad laboral, en un país como en el Perú, lo segundo resulta ser un privilegio.

Como vemos, en el CHL existen problemas sociales mucho más relevantes que la afectación de un cerco perimétrico, el cambio de color de las fachadas o de placas en las calles –y con esto no quiero menospreciar estas acciones–. Lamentablemente, no se está prestando la debida atención a los problemas que afectan a los y las residentes del CHL, y menos aún se está discutiendo las posibles soluciones en conjunto con la población. Por el contrario, las acciones de estas dos últimas gestiones municipales –Castañeda y Muñoz– se han caracterizado por una visión limitada de lo que significa un centro histórico, entendido como un museo intangible, y se continúa trabajando sobre el espacio urbano como si este no estuviera habitado y no fuese una construcción social.

A pesar de contar con un plan maestro, la vivienda social continúa siendo un capítulo que ha sido trabajado de manera somera y aislada, no involucrando a los y las residentes, las propuestas desde la academia, sociedad civil e interesados. Asimismo, las soluciones para contrarrestar los desalojos o para albergar a la población son casi nulas y/o ineficaces, pues los protocolos que existen no son usados ni conocidos por las autoridades competentes. Es importante repensar qué tipo de centro histórico queremos y qué acciones se deben plantear y concretar para ello. Lo cierto es que todas y todos los vecinos del Centro Histórico de Lima merecen el derecho de vivir bien y de manera digna.

Referencias Bibliográficas

PROLIMA (2019). Plan Maestro del Centro histórico de Lima al 2028 con visión al 2035.

Lopez, S., Jaimes, K., y Perleche, D. (2019) Desplazamientos sociales causados por el sector privado (2010-2018) (Informe de investigación no publicado). Instituto de Investigación INIFAUA. Universidad Nacional de Ingeniería.