El 14 de agosto no quedó impune: la sentencia del caso Accomarca

Maratónico. Así fue la jornada de ayer en el penal Castro Castro en espera de la sentencia por el caso de la masacre de Accomarca. 5 años y 10 meses después de iniciado el juicio oral, y después de casi 10 horas de espera, pasada la medianoche, se dictaminó una sentencia mayoritariamente condenatoria contra los implicados en el caso por la masacre de Accomarca, uno de los casos más terribles y sanguinarios de la guerra interna peruana, donde 69 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, fueron asesinadas por miembros del Ejército peruano.

La sentencia en mayoría dictaminada por las juezas María Vidal y Mirta Bendezú condenó a 10 de los 28 procesados (fueron 29 imputados, pero Cesar Martínez Uribe Restrepo, el G2 Jefe de Inteligencia, falleció en el 2015). Tres de ellos son autores mediatos: el general en retiro Wilfredo Mori Orzo, que fue el jefe del Comando Político Militar de Ayacucho recibió 25 años (la pena máxima solicitada por la Fiscalía). Sus dos asesores miembros del Estado Mayor Opertivo (EMO), Nelson Gonzales Feria, jefe del EMO y Carlos Darío Delgado Medina, G3 Jefe de Operaciones, también fueron condenados.

Entre los autores materiales, Juan Manuel Rivera Rondón, jefe de la patrulla Lince 6 fue condenado a 24 años. Telmo Hurtado Hurtado el conocido “Carnicero de Accomarca”, por unanimidad, recibió una pena de 23 años, aunque se hará efectiva 10 años y 8 meses de cárcel por el tiempo que lleva preso. Otros 5 soldados miembros de las patrullas Lince fueron condenados. Para las juezas, ellos eran soldados profesionales y sabían lo que hacían: Francisco Marcañaupa, Remo Salas, Pedro Amaya, Vicente Chupán Herrera y Clider Venancio fueron sentenciados a 10 años de cárcel. Ninguno de los sentenciados, salvo Telmo Hurtado que está preso, acudió a la lectura de sentencia y hoy son prófugos de la justicia.

No podemos decirlo de otra manera, es una sentencia histórica. El tribunal calificó la masacre de Accomarca como un delito de asesinato masivo con gran crueldad en donde hubo ensañamiento contra pobladores humildes que estaban desarmados y en compañía de sus hijos menores. El tribunal no olvidó que en esta masacre perecieron 23 niños y niñas, desde los 3 meses hasta los 14 años de edad.

Las juezas sentenciaron que la masacre fue una grave violación a los derechos humanos compatible con el delito de lesa humanidad, un acto de desprecio por la dignidad humana, planeado con premeditación y con el objeto de causar sufrimiento. Es decir, se planeó como un escarmiento para la población de Accomarca y otras comunidades de la zona, para demostrarles que en la lucha contrasubversiva, el Ejército podía ser tan o más sanguinario que Sendero Luminoso. Era la política estatal de combatir el terror con más terror. Una estrategia de guerra equivocada que se agudizó desde 1983, cuando el Ejército tomó el control de las zonas de emergencia.

¿Qué primeras lecciones nos deja esta sentencia? En primer lugar, la tenacidad de los deudos del caso Accomarca ha sido una lección de fortaleza para todos y todas. Hoy en la madrugada, cuando la sentencia culminó a las 2.30 am aproximadamente, casi todos los que quedaron eran familiares de las víctimas. Llegaron al penal desde las 10 de la mañana, con sus carteles exigiendo justicia para el caso Accomarca: “¡Ni un día más!”, gritaban. La búsqueda de justicia es innata en el ser humano, un pilar de ciudadanía, y Accomarca lo ha demostrado. Las organizaciones de derechos humanos solo hemos acompañado un proceso que ellos iniciaron hace 31 años cuando huyeron de Accomarca y casi un mes después de la masacre, llegaron hasta el Parlamento del Congreso a hacer la denuncia de esta masacre que en 1985 fue negada por las altas esferas militares.

Por otro lado, es la primera vez que hay una condena de esta magnitud sobre un caso de derechos humanos de la década de los 80, durante el conflicto armado interno. Por supuesto, los responsables políticos como Fernando Belaúnde y Alan García son aún intocables –los procesos judiciales no llegan a esas esferas del poder- sin embargo, nunca antes se había juzgado y condenado a un jefe político militar. Recordemos que en el caso Cabitos 83 se inculpó a Clemente Noel, quien ocupó el mismo cargo que Mori Orzo, jefe del comando político militar de Ayacucho en el año 1983, pero falleció antes de iniciado el juicio oral y no ha sido procesado. Y es más representativo aún que a Mori Orzo se le haya dado la pena máxima que solicitó el Ministerio Público: 25 años de cárcel.

En tercer lugar, definitivamente el juicio ha quebrado el discurso militar negacionista de la guerra interna. En las últimas audiencias, en los alegatos materiales, los procesados -que hoy son culpables- dedicaron horas a un discurso que negaba su responsabilidad en hechos como la masacre de Accomarca. Indicaban que ellos no tenían por qué mandar matar a nadie porque la Constitución y sus reglamentos no se los permitían, que todos los detenidos eran puestos a disposición de la PIP (Policía de Investigaciones), y que la palabra “destruir” en el Plan Huancayoc tenía cualquier significado menos el de eliminación física. Carlos Darío Delgado Medina dijo durante sus alegatos materiales que “Accomarca fue un hecho que nos llamó mucho la atención. En el año 1985 se realizaron 23,000 operaciones, comparado con los dos lamentables casos de violación de derechos humanos (Accomarca y Pucayacu) no se puede catalogar que la Segunda División de Infantería en el 85 actuó al margen de la Ley”. Obviamente, su pretensión era de minimizar los asesinatos de extrema crueldad que no se podían ocultar.

El discurso negacionista ha sido enfrentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) y la imputación del Ministerio Público. Sin embargo, lo significativo de este juicio es que el quiebre del discurso viene desde dentro del Ejército. Sin duda, la confesión de Telmo Hurtado que diera en abril del 2012 y que luego ratificara en sus alegatos materiales, ha sido clave para demostrar la autoría mediata de los imputados. Por otro lado, la voz de los soldados, un discurso -en parte- disidente con el discurso oficial del Ejército, que encaraba la nula responsabilidad que asumen los altos mandos, también se escuchó durante el proceso judicial de parte de Hugo Robles, abogado de los soldados de tropa. Ayer en la sentencia, por algunas horas estuvieron presentes algunos miembros de una asociación de licenciados del Ejército peruano que criticaban al Estado peruano por condenar a soldados y dejar en libertad a los altos oficiales.

Si bien la justicia tarda pero llega, y estamos satisfechos con la sentencia en mayoría emitida, es importante no medir el proceso solo por la sentencia. El proceso judicial del caso Accomarca ha dejado muchísimo que desear: las tardanzas de los magistrados y su falta de rigurosidad en la conducción del proceso, ha sido vergonzoso. La falta de humanidad y sentido común de parte de los operadores judiciales y de los trabajadores del INPE encargados de la sala de audiencias también dejó mucho qué desear. El día de ayer, durante las 10 horas que esperamos por la sentencia, visitantes y periodistas se dieron cuenta de la indolencia de estos operadores: no solo la espera, poner policías cual barricadas para evitar el ingreso de los familiares a la sala de audiencias, y dejarlos esperando hasta altas horas de la madrugada, en el frío y humedad de la noche, solo nos demuestra, como dijo Tania Pariona, congresista de la República por el Frente Amplio, que se necesita una reforma urgente del sistema judicial, no solo en lo operativo sino sobre todo, en el sentido humanitario.

Algunos de los absueltos del caso son José Williams Zapata, quien fuera jefe de las compañías Lince; Luis Robles Nunura, jefe de una de las patrullas; Manuel Aparicio Saldaña, asistente del G2 del área de inteligencia; y Helber Gálvez Fernandez, jefe de la base de Vilcashumán a quien también se le absolvió por la desaparición forzada de los esposos Martín Baldeón Ayala y Paulina Pulido de Baldeón. El Ministerio Público va a apelar las absoluciones de los dos últimos procesados. Los abogados de los condenados también apelaron las sentencias de sus defendidos ausentes, que hoy son requisitoriados. “¡Cierren las fronteras!” anoche tuiteó Ronald Gamarra.

Por fin, la verdad jurídica se condice con la verdad histórica. Lo que sucedió en Accomarca no fue producto de la locura de un soldado, no fue solo responsabilidad de un mando medio, no son los dichos de un oficial resentido con sus superiores. Lo sucedido en Accomarca fue una masacre planeada desde las más altas esferas del poder militar. Una forma de combatir al enemigo que no debe repetirse jamás. Por fin, podemos decir que el 14 de agosto de 1985 no quedó impune.