Opinión

Después de la tragedia, la farsa

Por Juan Luis Dammert B.

Sociólogo y geográfo

Después de la tragedia, la farsaFoto: Presidencia de la República

Los políticos en el poder han hecho un pacto para quedarse el mayor tiempo posible, por más que la amplia mayoría quiera que se vayan. Las encuestas son muy claras. El tono de los ciudadanos en sus interacciones con el Gobierno y Congreso, también.

Frente al rechazo popular, los políticos en el poder decidieron blindarse entre ellos. Los congresistas, salvo honrosas excepciones, cada vez tienen menor pudor. Saben que si salen del Congreso ya no tendrán los ingresos económicos, ni las gollerías, ni la influencia política, ni los ayayeros, que tienen ahora. Para muchos una recolocación laboral interesante es muy improbable.

Los políticos en el poder no tienen respaldo ciudadano, pero podrían consolidar el apoyo institucional. ¿Para qué continuar con el enfrentamiento entre poderes? Lo mejor es la estabilidad. Ya no más pugnas entre el Congreso y el Ejecutivo. Y para evitar sorpresas, mejor incluir en la alianza a la última instancia judicial en materia constitucional, a la entidad a cargo de investigar y denunciar los delitos, a la institución a cargo de proteger el ejercicio de derechos ciudadanos, y, por qué no, a los organismos electorales. Más todavía: la estabilidad sería mayor si el control institucional garantiza intereses privados y se concreta en colaboración con los principales medios de comunicación.

El problema es que este modelo, llamémoslo de “establishment político versus interés público” no tiene mayores posibilidades de sostenerse.

En una aparición pública en las inundaciones del norte, Dina Boluarte se tomó una foto muy calculada en Piura. Como dijo Eliana Carlín en Twitter: “Rodeada únicamente de sus asalariados, con veredas a los dos lados por donde podía caminar sin mojarse, cuadras a la redonda cerradas para que pueda caminar sin ser insultada…toda ella es una farsa. Una pantomima de gobierno”. En la foto vemos a Boluarte en gesto de estar dando instrucciones a un grupo de funcionarios y autoridades, incluyendo el alcalde de Piura.

Los políticos en el poder han decidido quedarse. Para la tribuna mantenían abierta la posibilidad del adelanto de elecciones, por si acaso. Pero en la práctica, las negociaciones sobre el adelanto electoral indefectiblemente se postergaron y hoy se cancelaron una vez más.

La esperanza es que el público se acostumbre a esta nueva normalidad, con sus mentiras y atropellos cotidianos. Así vemos a diario noticias que en tiempos relativamente normales serían escándalos profundos: el Tribunal Constitucional le da ultra poderes al Congreso, el Congreso decide que no es necesario preguntarle al primer ministro por los casi sesenta muertos en tres meses, el ministro del Interior declara oficialmente en el Congreso que no hubo represión en San Marcos, la Fiscal de la Nación ya no persigue al poder y aparece ofendida cuando la investigan a ella, etc.

En este contexto, los medios masivos abandonaron su campaña destituyente y son muy cautelosos en sus críticas a la presidenta y al régimen político. Las declaraciones de Shimabukuru, por ejemplo, sobre las donaciones que habría recibido Boluarte después de la campaña, casi no se discuten.

Aferrarse a gollerías que serían inalcanzables en condiciones normales es un comportamiento entendible. Criticable, pero al menos consistente con la lógica del interés personal de corto plazo. Lo sorprendente es que las élites republicanas apoyen una situación tan ilegítima y, por extensión, tan incierta. Nuestra disfuncionalidad política es noticia (y hazmerreír) mundial. Económicamente, la imagen de precariedad atrae capitales más riesgosos y tiende a encarecer el crédito, además de que es evidente que el régimen no tiene capacidad de solucionar los problemas domésticos de fondo. ¿Por qué entonces la apuesta por una farsa?

Uno puede ensayar hipótesis: el terror al “comunismo” caló tan hondo que un grueso de la élite sigue en condición de estrés post traumático; la noción de que una nueva sucesión constitucional proyectaría una imagen de aún mayor inestabilidad; el cálculo de que posiblemente el gobierno al final sí se estabilizará y se concretarán importantes oportunidades de negocio.

Tal vez la respuesta a la pregunta es más simple: no tenemos élite republicana y solo hay intereses rapaces en disputa anárquica.