Opinión

Comunidades nativas: teoría, legalidad y participación política

2022-05-23
Por Niel O. Macedo Muñoz
coverFoto: Niel Macedo Muñoz

En teoría las comunidades nativas son grupos de origen tribal de la selva alta y la selva baja; que están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por el idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso. Todo esto según una ley con de más de 40 años de vigencia, que fue una medida necesaria ya que buscaba su reconocimiento y protección, pero que no ha evitado que siguan siendo comunidades en estado de vulnerabilidad.

Antes de la promulgación de tal ley, y ni qué decir, del reconocimiento, la tenencia y la legalidad territorial; las comunidades nativas, en particular, de la selva central dependieron de «sujetos o instituciones externas» para conseguir algunos derechos. Los primeros agrupamientos en el siglo XX se dieron en las misiones adventistas del Perené donde, además de la evangelización, recibían educación básica y atención médica. Asimismo a partir de la década de 1940 la compañía inglesa Peruvian Corporation, en vista de la invasión masiva por parte de colonos serranos en sus terrenos concesionados, permitió a las comunidades nativas acceder a ellos para que defiendan y detengan estas olas invasivas; este es el caso de la Comunidad Nativa de Pampa Michi.

Décadas después, las comunidades nativas lograron cierta autonomía, manejando una agenda propia que se basaba en la tenencia y la legalidad territorial y el acceso a mercados para vender su producción frutera y cafetalera. Esta experiencia dirigencial fue asesorada muy de cerca por representantes de ONG quienes les daban herramientas de gestión y capacitación. Es en este periodo que las autoridades locales comenzaron a apoyar algunos reclamos de estos grupos, aunque de forma meramente declarativa.

Se ha evidenciado en las elecciones primarias realizadas el 15 de mayo, una prácticamente nula participación política por parte de miembros de las comunidades nativas, anticipando a lo que ocurrirá en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. La ley electoral de cuota de poder para poblaciones indígenas, conocida como cuota nativa, la cual estipula como mínimo el 15% de participación en la lista de consejeros regionales y regidores provinciales. Esta es simplemente tomada como un requisito para las organizaciones políticas que ubican a los miembros de las comunidades en los últimos puestos de la lista de candidatos. Son muy pocos los casos que personas con ascendencia indígena hayan ocupado un cargo local, sin embargo cuando lo han hecho, pierden, al parecer, automáticamente la agenda pública reivindicativa de las comunidades nativas.

Por ejemplo, en los últimos planes de gobierno de los movimientos regionales de Junín –que cada vez son más resumidos, simples y gaseosos─ se observa que no existe ninguna propuesta fundamentada para este grupo en estado de vulnerabilidad. En esa misma línea, los antiguos planes de gobierno de las principales agrupaciones que llegaron al sillón municipal provincial de Satipo y Chanchamayo, en donde existen comunidades nativas, proponían en términos generales la creación de una gerencia de comunidades nativas, la construcción o el mejoramiento en el servicio de agua potable y saneamiento básico, el involucramiento de las comunidades nativas en los círculos turísticos locales, etc. Todas estas propuestas no son nuevas, y se repiten en cada campaña electoral. La propuesta de una gerencia de comunidades nativas nunca se ha cumplido; en el caso del acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico se ha avanzado sobretodo en las comunidades cercanas a los núcleos urbanos; y en cuento a la inserción de las comunidades nativas en los círculos turísticos locales, se ha cumplido parcialmente en las fechas de feriados largos o festivales.

Muchas de las comunidades nativas dejaron la actividad agropecuaria, debido a la falta de capital y a la degradación de la tierra, y orientan su economía a la artesanía y el turismo. Pero cabe decir que el posicionamiento de estos circuitos turísticos se debe a la alianza de estas con empresas privadas que ofrecen bienes y servicios turísticos. Muy poco son los proyectos venidos desde los gobiernos locales. Y al parecer en el próximo período 2023-2026 nos espera más de lo mismo.