Caso Totos: 40 años de incertidumbre y búsqueda de justicia

El viernes 10 de junio, la Asociación de Afectados por la Violencia Política del Distrito de Totos (ASAVIP), junto a la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), realizaron una vigilia en la Plaza Mayor de Huamanga con la finalidad de exigir justicia por el caso de Totos, principalmente, reclamando el juicio oral y la condena para el “Capitán Chacal”, responsable de la desaparición y posterior matanza de 15 personas en Totos y comunidades aledañas.

“Ahora al que le dicen “Chacal” ya está detenido y ¿cómo pues van a dejarlo libre en menos de un año? Tenemos que seguir reclamando justicia y que se diga la verdad. Los fiscales no pueden dejarlo libre, que lo condenen, por eso estamos haciendo una vigilia, que las autoridades no se burlen de nosotros. Ellos tienen abogados y nosotros no tenemos a nadie que nos defienda, que nos reciban nuestros reclamos. Ha pasado tanto tiempo, ha pasado 40 años y ellos están tranquilos, nosotros no encontramos tranquilidad, estamos buscando justicia”, expresó Lidia Flores, presidenta de ANFASEP.

Se recuerda que Sendero Luminoso inició sus actos terroristas el 18 de mayo de 1980 en Chuschi con el ataque al local del Jurado Electoral, en donde se quemaron ánforas y padrones que serían utilizados en las elecciones generales del mismo año. Desde aquel entonces se produjeron desmanes, saqueos y matanzas en toda la provincia de Cangallo; lo que lleva a la presencia militar en la zona a partir de 1982. Por su parte, el 4 de abril de 1983 se instala la Base Militar de Totos en el colegio del diistrito, desde ese momento, existió una fuerte presencia militar en la provincia al mando de Santiago Alberto Picón Pesantes, conocido como “Capitán Chacal”, con el fin de reprimir el avance subversivo y proteger a la población, aunque esto último nunca ocurrió.

Según el relato de los pobladores del distrito, los militares capturaban a los pobladores y los trasladaban a la base militar, y quienes ingresaba a ella desaparecían para siempre. Por las acciones subversivas, las fuerzas del orden relacionaban a los pobladores con actividades terroristas, lo que provocó actos violentos, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en las localidades de Ccarpaccasa, Sillaccasa, Sancaypata, Totos y Tuco, que dejaronmás de 30 víctimas a manos del ejército.

“Los militares se han instalado en nuestras escuelas y en la tarde los han reunido con engaños, les dijeron que nos les iba a pasar nada, que iban a estar más tranquilos. A mi esposo también lo han hecho quedar y, hasta ahora, mi esposo ya no vuelve a la casa. Del cuartel los sacaron y llevaron a 5 personas y mi cuñado ha logrado escapar, de ahí han hecho una fosa y enterraron a los 4. Han matado a gente inocente y pido justicia, que no suelten al asesino, cómo van a soltar si ha hecho desaparecer a muchas personas”, rememora una de las familiares de las víctimas.

¿Quién es el “Capitán Chacal”?

El ex oficial del Ejército Santiago Alberto Picón Pesantes, era el jefe del grupo militar instaurado en el distrito de Totos, provincia de Cangallo, que tenía como misión la de frenar el avance de Sendero Luminoso en este lugar. Ha sido responsabilizado por las ejecuciones extrajudiciales de abril de 1983.

El 2003 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), denunció formalmente por homicidio calificado al “capitán Chacal”, como principal ejecutor de la masacre de más de 30 campesinos de las comunidades de de Ccarpaccasa, Sillaccasa, Snacypata, Totos y los desaparecidos de Tuco.

Ante las investigaciones, luego de 17 años de estar prófugo, el pasado 4 de abril del 2022 ha sido capturado. Con su captura se espera que brinde información clave sobre las fosas donde habría arrojado los cuerpos. Según el abogado de la Asociación de Paz y Esperanza, Henry Mercado, el 26 de junio de este año se va a iniciar el juicio contra el ex jefe militar, Santiago Picón por los casos de las ejecuciones extrajudiciales en Totos y Quispillacta.

“Para nosotros es un tema de justicia y esperanza, de que por fin vamos a ir a un juicio y vamos a señalar nuestra verdad, vamos a decir en público lo que ha ocurrido y, coincidentemente, justo este año se va a cumplir los 20 años de la entrega del informe de la CVR”. “Es momento de unirnos para buscar y exigir una condena para este perpetrador. La fiscal está pidiendo 25 años de cárcel y nosotros de Paz y Esperanza y colectivos de Derechos Humanos vamos a estar siempre del lado de los más vulnerable”.

En el transcurso de la vigilia, los familiares de las víctimas recordaron que esperan lograr la ansiada justicia, se comprometieron a unir esfuerzos para exigir la celeridad de los casos, que después de 40 años, esperan cerrar la herida de dolor que vienen arrastrando desde la desaparición de sus familiares.