Opinión

A un año del estallido peruano: Un balance

Por Omar Coronel

Miembro Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales (GICO-PUCP).

A un año del estallido peruano: Un balanceFoto ©Luisenrrique Becerra | Noticias SER

Hace un año, en noviembre de 2020, la mayor protesta en la historia del Perú tumbó el gobierno ilegítimo de Manuel Merino en seis días y empujó la elección de Francisco Sagasti, uno de los pocos congresistas que no había participado en la arbitraria vacancia de Martín Vizcarra. Millones de jóvenes inundaron las plazas de la mayoría de las ciudades del país y fueron bautizados como la Generación del Bicentenario, la reserva cívica que defendió la democracia y pidió reformas. Sin embargo, esa juventud no logró influenciar las elecciones de 2021, sus demandas no fueron representadas por los candidatos que pasaron a segunda vuelta, y tampoco lograron alianzas concretas con ningún partido ni forjaron nuevas organizaciones ni movimientos robustos. Entonces, ¿fue todo una ilusión? ¿no quedan legados del estallido peruano? ¿por qué la juventud no está marchando contra el gobierno “comunista”? ¿por qué no van a las marchas defendiendo al gobierno “del pueblo”? Vayamos por partes.

¿Por qué los jóvenes no tuvieron un impacto en las elecciones?

Efectivamente, los jóvenes no tuvieron un impacto relevante en las elecciones. Cuando uno mira las encuestas de votación, la variable edad no es un predictor útil del voto. Hay mucha dispersión, los jóvenes de 18 a 25 años son políticamente muy heterogéneos. Se inclinaron un poquito más por Hernando de Soto y George Forsyth -como cinco años atrás por PPK- pero no hay una correlación significativa. En segunda vuelta tampoco -aunque se inclinaron un poquito más por Keiko Fujimori. No ocurre, como por ejemplo en Estados Unidos, que los jóvenes tienen una preferencia marcada (Partido Demócrata). ¿Por qué? Hay problemas tanto de oferta como de demanda. Los partidos no les hablan a los jóvenes, y cuando les hablan no les generan confianza. Solo el Partido Morado y Juntos por el Perú intentaron representar la demanda reformista de los jóvenes marchantes de noviembre. Sin embargo, ninguno logró construir una narrativa atractiva para esa diversidad reformista. Parte de las razones las he expuesto en este artículo.

Pero no todo se reduce a las fallas de nuestro sistema de partidos, también hay un problema con la demanda. El sociólogo Guillermo Rochabrún hace años apunta al problema de los representados, indicando que una ciudadanía fragmentada, sin identidades sociales o con identidades sociales volátiles y sin organizaciones es muy difícil de representar. Los grupos etarios, en general, son siempre heterogéneos. Pero es cierto que suele haber un cierto ánimo generacional que hace que su mayoría comparta algunas preferencias políticas. En Estados Unidos la generación Z es culturalmente más liberal y económicamente más favorable a una mayor intervención estatal que las generaciones previas. En contraste, si bien la generación Z europea comparte el liberalismo cultural de los estadounidenses -aunque menos en temas de inmigración-, económicamente parece menos estatista. En Perú, estas tendencias no son tan claras y el estallido de noviembre no parece haberlas definido. De acuerdo con la encuesta LAPOP de 2019, los jóvenes de 18 a 24 son políticamente más tolerantes y más respetuosos de la diversidad sexual que las otras generaciones, pero también son junto a los millennials los más propensos a tolerar golpes de estado cuando hay mucha delincuencia -a pesar de ser los que están más satisfechos con la democracia.

A esto se suma que inclusive el bloque de jóvenes que se politizó durante el estallido no parece haber forjado alguna organización o movimiento social robusto, que nuclee a los nuevos activistas del estallido. Es más, en el contexto del conflicto post-electoral, lo más notorio han sido las organizaciones de jóvenes de extrema derecha, como la Sociedad de Patriotas, reconocida por sus banderas con la Cruz de Borgoña. Sin una organización que mantenga movilización o presión en medios de comunicación, las demandas como las reformas policial y política o la reparación y justicia para las víctimas del estallido se han ido disipando.

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Finalmente, el Vacunagate que golpeó la imagen del gobierno del vacado presidente Vizcarra y la polarización electoral parecen haber reducido también el gran respaldo de la opinión pública que tuvieron los manifestantes. A pesar de que el estallido de protesta no fue en favor de Vizcarra ni buscó reponerlo en el poder, sí tuvo como base la ilegitimidad del gobierno de Merino y su coalición vacadora. El escándalo del Vacunagate -cuando nos enteramos de que Vizcarra, sus familiares y miembros de su gobierno se habían vacunado en secreto- relativizó ex post facto la ilegitimidad de la vacancia para un sector de la opinión pública. Además, la polarización electoral empujó a sectores liberales a acercarse al fujimorismo y, por ende, distanciarse del legado del estallido de noviembre. Hace un año 86% declaraba apoyar las marchas (IPSOS 2020). Dudo mucho que esa casi unanimidad se mantenga si se hace la pregunta hoy.

Sí hay legados importantes. No deben ser ni subestimados ni sobrestimados

Pero no todo es tan simple. Sí existen legados importantes del estallido que suelen ser subestimados por lecturas que quizás esperaban demasiado en el corto plazo. En primer lugar, no hay que dejar de lado el logro central del estallido, evitar que una pandilla de advenedizos se quede en el ejecutivo de forma ilegítima y avance un proyecto autoritario. La fecha y libertad de las elecciones generales no estaban garantizadas con una coalición que a todas luces estaba dispuesta a imponer sus posiciones sin ninguna tolerancia a la vigilancia ciudadana. La represión desmedida en el Centro de Lima desde que tomaron el poder es un buen indicador de cómo pensaban gobernar.

El estallido también generó la formación de redes blandas entre jóvenes marchantes que pueden transformarse en redes duras a través de la pertenencia a colectivos u organizaciones. Antes del estallido de noviembre ya los jóvenes habían salido a manifestarse en varias ocasiones. Algunos ejemplos son las movilizaciones contra el baguazo, contra las candidaturas de Keiko Fujimori, contra la Ley Pulpín, o contra el indulto a Alberto Fujimori. En todas estas ocasiones hubo marchas masivas donde muchos participaron por primera vez. La coordinación de las marchas y actividades hacen que se conozcan activistas, que muchos se sientan parte de un grupo más amplio, que se aprendan repertorios y conozcan espacios de debate, y que queden nuevas redes de contactos. Con cada movilización se activan las redes de la movilización previa y se forjan nuevas; es un proceso acumulativo.

Por ejemplo, varios jóvenes reportan usar las organizaciones de la movilización contra la Ley Pulpín -las Zonas- para las movilizaciones que siguieron contra Fujimori o en defensa a los fiscales del caso Lava Jato. No todos los marchantes primerizos se quedan enganchados en el activismo, pero un buen bloque se acostumbra a ser más participativo. El estallido peruano volcó a más jóvenes marchantes primerizos que nunca (89% del total de jóvenes que marchó, de acuerdo al IEP). Las redes que se generaron para coordinar la asistencia entre familiares, amigos o colegas van a servir para coordinar participación en nuevas ocasiones. Se formaron además brigadas médicas y de desactivadores de bombas lacrimógenas, grupos de abogados para ayudar a detenidos, nuevas organizaciones estudiantiles para vigilar a compañeros en la marcha, organizaciones de víctimas del estallido, etc. Todos estos espacios no son poca cosa. Si bien no hay nuevas organizaciones o movimientos grandes, hay nuevos recursos organizativos que pueden ser la materia prima para futuros colectivos o para un activismo recurrente.

Y en la formación de esa organización latente se va forjando la politización. Otra vez, esta no se da en la totalidad ni en la mayoría de los marchantes primerizos, pero sí en un bloque, y eso es bastante. Nuestro país tiene una cultura política bastante individualista, desconfiada del estado y escéptica de proyectos colectivos. Las movilizaciones son un espacio que también es pedagógico, donde los jóvenes van aprendiendo de los activistas experimentados una serie de mapas mentales que ayudan a entender y practicar de otra forma la política. Durante el estallido chileno también se reportó este proceso: no solo es que los jóvenes más politizados vayan a marchar, sino que mucha gente va espontáneamente a las marchas, por indignación u otros motivos, y se politiza en la marcha. Perú es un país aún muy despolitizado o antipolítico, como indicaba Carlos Iván Degregori, pero estas movilizaciones ayudan a que bloques de jóvenes vayan tomando posiciones.

Otro legado es el avance en el convencimiento de que las marchas sí funcionan y son una forma de participación normal en democracia. Parece poco, pero es un avance importante en un país con una fuerte cultura neoliberal y legados de la violencia política que asociaba las movilizaciones con desorden innecesario de revoltosos o terrorismo. El ministro de educación de Merino terruqueó la marcha y las redes sociales le respondieron con fotos lúdicas de la movilización que ridiculizaban su ataque -tuvo que disculparse. Además, la marcha fue exitosa, consiguió el objetivo. Esto le brindó una autopercepción de eficacia a los jóvenes marchantes, la prueba de que las marchas pueden funcionar. Luego del estallido, sectores de derecha también han comenzado a movilizarse más, usando repertorios similares al de las movilizaciones progresistas. Esto ayuda a consolidar la protesta social como parte normal del juego democrático – siempre y cuando no sean violentas, se puede ser disruptivo sin violencia.

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Finalmente, en términos de identidades aún es muy pronto para identificar los legados del estallido. Hay jóvenes que sí se identificaron con la etiqueta de Generación del Bicentenario y se reclaman parte de esa reserva cívica en defensa de la democracia. Otros bloques son más críticos; hay jóvenes que se reclaman como la Generación Contra el Bicentenario, remarcando su oposición a una celebración del estado criollo que no toma en cuenta las lucha permanente de sectores marginales por ganar ciudadanía. El estallido ha hecho que por lo menos un bloque de jóvenes que marcharon por primera vez piense en los retos de nuestra débil democracia y las metas que aún faltan conquistar.

¿Volverán las marchas?

Los jóvenes marchantes del estallido fueron una multitud heterogénea, unida en ese momento por la indignación frente a políticos tramposos, ilegítimos y autoritarios. Es muy probable que un bloque de quienes se iniciaron marchando en el estallido hayan marchado luego contra el supuesto “fraude” en la segunda vuelta electoral o ahora por la vacancia del presidente Pedro Castillo. Sin embargo, no es en esas causas donde están las marchas más nutridas. Justamente por eso algunos enfurecidos periodistas de derecha reclaman “¡¿Dónde está la Generación del Bicentenario?!”, frustrados por la escasa asistencia a todas las marchas limeñas contra el gobierno. Semana tras semana convocan a marchas cada vez más exiguas. Exigen que los jóvenes que dicen defender la democracia luchen ahora contra la “amenaza comunista”.

¿Ha desaparecido de las calles la mayoría de los jóvenes que defendieron la democracia en noviembre de 2020 y tantas veces antes? Mi impresión es que simplemente la mayoría de ellos no se siente identificada ni con la extrema derecha que pide un golpe de estado ni con el gobierno lleno de torpezas y contradicciones. No obstante, el sábado 13 de noviembre de este año, a un año del estallido, volvieron a las calles pidiendo justicia y reparación para las víctimas de la represión policial. Esta fue la primera movilización grande en Lima luego de mucho tiempo. Y tuvo la misma diversidad, juventud y alegría de las marchas de hace un año. Diversidades sexuales, bloques feministas, las Zonas, bloque hip hop, el movimiento de Derechos Humanos, colectivos culturales, volvieron al Centro de Lima para rendir homenaje a los mártires del estallido, Inti Sotelo y Bryan Pintado. El gobierno estuvo atento: horas antes de la marcha el Tribunal de Disciplina Policial declaró nulos los procedimientos administrativos que absolvieron a los miembros de la policía involucrados con la represión violenta de noviembre de 2020 y ordenó que se inicien de nuevo. Al mismo tiempo que se realizaba la marcha, el presidente Castillo y la primera ministra Mirtha Vásquez crearon una “comisión para atender a los deudos/as y víctimas que fueron afectados cuando ejercían su derecho a la protesta”.

Entonces ¿La mayoría de los jóvenes marchantes del estallido son “castillistas”? ¿No van a movilizarse contra el gobierno? Como señalé antes en este artículo, creo que depende. Si el gobierno cede ante los actores de su coalición con preferencias normativas autoritarias -como Vladimir Cerrón- y quiebra la Ley, es probable que las marchas contra el gobierno formen una coalición más amplia y crezcan, y que quienes lo defiendan sean una minoría -no olvidar que también hay muchas tensiones políticas y sociales dentro de la coalición del gobierno. Peor aún si el mismo Castillo queda directamente involucrado. De otro lado, si es que el Congreso decide avanzar hacia un proceso de vacancia arbitraria, sí es probable que se vuelva activar una coalición movilizada contra la extrema derecha y en defensa de la democracia.