Javier Torres Seoane
Para algunos políticos y especialistas en resolución de conflictos el problema del gobierno peruano con los pueblos indígenas de la amazonía responde a un problema de comunicación, el cual no solo refiere que las partes hablen diferentes idiomas, sino también a la poca disposición de una de las partes al dialogo. Las recientes reuniones en las que se ha reestablecido el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones amazónicas parecería confirmarlo. En esta visión de las cosas la idea es que basta con crear un clima favorable y encontrar los interlocutores adecuados para que el problema se solucione y solamente gracias a estas dos condiciones. Esta manera de ver el conflicto considera que la realidad es una suerte de laboratorio en que todos los elementos están bajo control del científico a cargo del experimento.
Lamentablemente las cosas no son tan sencillas. En el país nos encontramos ante un conflicto en el que se confrontan formas de entender la vida que son distintas, expresadas en distintas nociones de derecho que pueden llegar a ser irreconciliables, salvo que haya un enorme esfuerzo de cesión de las partes. ¿Cuál es la raíz del conflicto? Ciertamente es la distinta noción de territorio, propiedad, y recursos que manejan las partes, por lo que urge avanzar hacia algunos consensos mínimos.
A su vez, aunque el Primer Ministro señale que ya se está dialogando con los verdaderos representantes nativos, esto no significa que estemos implementando la consulta que manda el convenio 169 de la OIT. Para que ello ocurra es imprescindible identificar con claridad y precisión cuáles son los mecanismos tradicionales de consulta al interior de los pueblos indígenas, ya que si simplemente va a bastar una reunión con la directiva de AIDESEP, CONAP o representantes de los Apus, siempre habrá la posibilidad de que alguien quede fuera del proceso, o que algún grupo, frente a un determinado, tema señale que no fue consultado.
Por ello el Estado, una vez superada la crisis, tiene que definir a través del diálogo con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la amazonía los procedimientos y los temas en los cuales se tendrá que aplicar la consulta, el ámbito de la misma, y el momento adecuado para hacerla. De no hacerlo así estaremos postergando el conflicto hacia adelante.
Es importante también que se inicie un proceso de readecuación de la legislación referida a los mecanismos de participación ciudadana de tal manera que pueda ser concordante con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas contenido en el convenio 169 de la OIT. Esto porque constitucionalmente existe el reconocimiento del derecho a la participación política, que considera una serie de mecanismos y diversas formas de consulta ciudadana de carácter plebiscitario (referéndum y revocatoria) o de carácter consultivo, como los desarrollados a partir de la reforma descentralista (Comités de Coordinación Local, presupuestos participativos, entre otros).
No debemos olvidar que en particular en la amazonía existe una importante presencia de población migrante de la sierra, que está asentada desde hace muchos años en la región y que también tiene el derecho a emitir su opinión sobre los temas vinculados al desarrollo. Esto es clave para afrontar aquellos asuntos que sean de mutuo interés y afectación para ambas poblaciones.
Al Estado y a la sociedad peruana, este conflicto les presenta un enorme reto que deberán afrontar con la mayor seriedad posible y del cual no podrán evadirse los actores políticos presentes en el Congreso de la Republica, ya que en sus manos está reformar y modificar la legislación correspondiente. De no hacerse, los conflictos continuarán emergiendo una y otra vez, y los derechos de los pueblos indígenas seguirán siendo letra muerta.