Presentan denuncian penal contra Wilfredo Oscorima y dos funcionarios del PRIDER

El gobernador regional del Ayacucho, Wilfredo Oscorima y dos funcionarios del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (PRIDER), fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el delito de nombramiento o aceptación indebida para cargo público.

De acuerdo a la denuncia de fecha 20 de junio del 2023, presentada ante el Ministerio Público, los trabajadores imputados Claudia Karen Rivera Quispe, quien se desempeña como jefa de la Unidad de Tesorería del Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado y Richard Grover Quispe Olano, en su condición de director de la Oficina de Asesoría Jurídica del PRIDER, habrían sido designados para estos puestos sin cumplir con los requisitos establecidos en el documento de gestión del PRIDER, ni el del Decreto Supremo N°053-2022-PCM, que aprueba la Ley N°31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionaros y directivos de libre designación y remoción. Asimismo, estos funcionarios fueron contratados bajo la Resolución Ejecutiva Regional N°375-2023-GRA/GR y N°385-2023-GRA/GR de fecha 29 y 31 de mayo, respectivamente.

El documento de gestión del mismo PRIDER, establece que quienes sean contratados deben cumplir con los requerimientos mínimos determinados como, por ejemplo, para el puesto de Jefe de Tesorería, se establece como requisitos mínimos el título profesional universitario de contador o colegiado, las capacitaciones especializadas en el área, y experiencia en la conducción de programas de un sistema administrativo. Del mismo modo, se exige que para el cargo de Director de Asesoría Jurídica se cuente con el título profesional de abogado colegiado y habilitado, capitación en el área, conocimiento de computación, experiencia en actividades técnico-legales y experiencia no menor a 3 años en el área.

Por tanto, con estas designaciones se habría cometido el delito establecido en la Ley N°31676, ley que modifica el Código Penal con la finalidad de reprimir las conductas que afectan el principio de mérito idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública, el cual posee como sanción la pena privativa no menor a dos años y no mayor a cuatro años y con sesenta a ciento veinte días de multa para quien nombra, contrata o encarga a personas que no cumplen con los requisitos legales para un cargo público y, para quienes hayan aceptado el puesto.