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Una publicación de la asociación SER

Vacancia desinflada, cuentas pendientes

Ana María Vidal Carrasco

Primer acto: el grito

10 de setiembre. Grabaciones armadas y no armadas en la primera cuadra de Carabaya. Edgar Alarcón, ex contralor que fue destituido, actual congresista y presidente de la Comisión de Fiscalización presentó tres audios. Conversación frente a la catedral. De inmediato, las peroratas del presidente del Congreso, Merino de Lama y demás compañeros, los gritos y discursos exigiendo que se corten cabezas. 

Horas después, la moción veloz de vacancia por incapacidad moral firmada por 31 congresistas. Dicen que la redactaron ese mismo día. Ni ellos mismos se la creen. Era claro, Alarcón, Merino, Chehade y compañía a solo siete meses de las elecciones y a diez del cambio de gobierno, buscaban quedarse en el poder. Les importó un pepino que los hayan elegido con un mandato solo hasta el 28 de julio de 2021 y sin posibilidad de reelección alguna. La desesperación por el metro cuadrado de poder primó a costa de la democracia. Y lo más cruel, a costa de la vida de miles de peruanas y peruanos víctimas de la pandemia. Ese día según la información oficial hubo 113 personas muertas por covid-19.

Segundo acto: el ataque

11 de septiembre. Confusión generalizada. En las pantallas, Karem Roca, protagonista de los audios, llorando. Luego en el mismo Congreso votaban la postergada reforma constitucional para que los sentenciados no puedan postular.

Discurso rápido de Vizcarra con Túpac Amaru detrás. Votación de vacancia. Ominosas abstenciones y silencios. 65 congresistas a favor de la censura contra el presidente. Insultos. La nausea se apoderó. La maldita pandemia nos quitó gran parte de nuestro derecho a salir a reclamar. Las ollas sonaron tímidamente a las 8 pm. Ese día, según la información oficial,  hubo 126 personas muertas por covid-19.

Tercer acto: la desinflada

12 de septiembre. Despertamos con el descubrimiento de las llamadas de Merino de Lama pidiendo apoyo a los militares. La verdad regurgitó. De inmediato el Presidente del Consejo de Ministros, militar en retiro, al lado del Ministro de Defensa, otro militar en retiro, respaldados por una serie de uniformados detrás. La escena de los militares salvaguardando el orden constitucional fue incómoda, pero, aunque no guste, está dentro del mandato constitucional, el presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. También mostró la “sagacidad” de Merino y compañía: pedir apoyo a los militares para enfrentar a un gobierno con tres generales en el gabinete.

Los delitos que podrían imputarse contra Merino de Lama son varios y las penas se suman: sedición, conspiración para la sedición, abuso de autoridad, provocación pública a la desobediencia militar, solo con eso podría acabar en prisión…veinte años.

Conforme fue pasando el día la intentona de vacancia se desaguó. El intento de vacancia ya casi abortó. La institucionalidad que intentaron levantarse en peso un conjunto de personajillos delincuenciales fue rescatada de los pelos. A un año del suicidio del anterior Congreso, el actual caminó hacia el cadalso. Terminó el 12 de septiembre y el reporte oficial frente al covid-19 de ese día aún no es público. Lo lograron, por estar rifándose el país desviaron nuestra atención de lo importante.

***

Deja un triste sabor que la Ministra de Justicia y Derechos Humanos solo señale que presentará ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial. Es un camino válido pero que pudo tener más fuerza de complementarse a la par con un pedido de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Triste porque demuestra que la protección de los derechos humanos no está en la agenda del actual gobierno. Y es que el gobierno actual repite el libreto de los anteriores, no ha respondido a los pedidos reiterados de la Comisión Interamericana para acompañar los procesos de defensa de derechos humanos en Perú con casos que van desde los derrames de petróleo en la Amazonía, afectación de la salud de los pueblos indígenas, reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas de esterilización forzada o incluso frente a la reforma aún trunca del sistema de justicia.

Mención especial merece la CONFIEP y su silencio. El gremio que más se ha beneficiado con las ayudas del gobierno en plena pandemia no ha dicho esta boca es mía. Pasada la crisis seguirán como si nada, exigiendo mayores beneficios y recorte de derechos. Y como siempre, apostamos, les harán caso en cada una de sus exigencias.

Quedan aún demasiados sinsabores. La contratación continua de Ricardo Cisneros Carballido es grave y los audios deben investigarse, sobre todo el primero. El presidente no puede ser acusado por este caso durante su mandato, lo que no quita que sí pueda iniciarse ahora la investigación y acusarlo el primer día que lo permita la Constitución. Además, cada funcionaria y ministra que aprobaron sus contratos y pagos debe rendir cuentas ante la justicia.

Sin embargo, actuaciones recientes nos tumban las esperanzas. Cómo no recordar al fiscal Guzmán Baca y su archivo frente a las múltiples denuncias por violaciones sexuales contra Castrillón. Para luego recordar que no solo fue el caso Castrillón, ese fiscal también intentó limpiar a Fujimori por las esterilizaciones forzadas y encarpetó por años los audios sobre Humala y la compra de testigos en el caso Madre Mía. Y con todo ese historial aún sigue en actividad. ¿Quién nos asegura que quienes ordenaron la contratación de Cisneros no tendrán también su Guzmán Baca a la medida?

Y es que se salvó la institucionalidad y la democracia pero el sistema sigue podrido por dentro. Al terminar de redactar esto, converso con Melania Canales, presidenta de ONAMIAP, y me dice: “Toda la vida a las indígenas nos han puesto contra la espada y la pared, son años que nos han dicho que hay que salvar la institucionalidad, que si la democracia, que hay que votar por el menos malo, y todo eso a nosotras ¿qué nos ha traído?, ¿acaso ese gobierno que se ha salvado ahora mágicamente nos respetará a nosotras? ¿No es ese mismo que quiere acortar la consulta previa en plena pandemia?, ¿acaso tenemos salud de calidad, la tendremos después de esto?, la gente en nuestros pueblos es la que más ha sufrido la pandemia y aún así lo primero en lo que piensan es apoyar a las extractivas, sin consultarnos, pasando por encima nuestro. A nosotras este sistema con su institucionalidad corrupta, racista, colonialista, machista y clasista nos va quitando derechos y matando.”

Antes de cerrar, abro tuiter y veo que han matado a balazos Roberto Carlos Villanueva Pacheco, hijo del vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata, lugar en donde la minería ilegal avanza sin policías que cuiden a la población de todas esas mafias. La institucionalidad democrática peruana ha establecido que los policías estén en otros lados, trabajando bajo convenios y cuidando a las empresas extractivas. También recuerdo cómo las mujeres víctimas de esterilización forzada siguen esperando que les reconozcan su derecho a la reparación, y esta pandemia las está matando sin que tengan aún atención en salud. Pero la democracia se ha salvado y el próximo año celebraremos el bicentenario.