Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

Una luz para las 2074 y muchas más

Y de pronto un respiro ante tanta opresión. En estos últimos días hemos recibido tantas noticias trágicas… No solo la de los peruanos muertos en el conflicto generado por el gobierno central al querer imponer el proyecto Tía María en Arequipa, sino también la que recogió los argumentos tan inverosímiles que fueron expuestos en el Congreso, para impedir que las mujeres víctimas de violación puedan decidir si continúan con el embarazo o no.


El viernes nos enteramos de que la investigación fiscal contra Fujimori y sus funcionarios, por las esterilizaciones forzadas perpetradas contra miles de mujeres, continuaba. Resumo: En enero del 2014, el fiscal Marco Guzmán Baca archivó el caso de las esterilizaciones forzadas, en cuanto a la responsabilidad de Fujimori y sus altos funcionarios de Salud de ese entonces. De inmediato, Demus e IDL presentaron una queja por esta decisión. Más de un año después, recién este viernes, el fiscal Luis Landa decidió continuar la investigación en torno a Alberto Fujimori y sus ex ministros, por crímenes de lesa humanidad.


De acuerdo al fiscal Landa, no hubo motivación de parte de Guzmán Baca para archivar esta parte de la denuncia y exonerar así a Fujimori de su responsabilidad en este supuesto delito de lesa humanidad. Por ello, la investigación preliminar continuará. El caso aún no está judicializado, pero continúa.


La investigación es solo por 2074 denuncias de mujeres esterilizadas de manera forzada. Pero es importante recordar que, según cifras oficiales del Ministerio de Salud (MINSA), en esos años fueron esterilizadas casi 300 mil mujeres. Para alcanzar tal cifra, fue necesario establecer cuotas, y las esterilizaciones, la manipulación de los cuerpos de las mujeres, muchas veces fue hecha sin el consentimiento de ellas o sin que tuvieran toda la información necesaria para someterse a ese tipo de intervenciones quirúrgicas.


Ahora, el Ministerio Público debería investigar por 90 días más y decidir si pasa el caso al Poder Judicial o no. Es momento de estar vigilantes. Porque no es novedad que quienes más niegan este crimen de lesa humanidad, el fujimorismo, también está presionando al Ministerio Público por tantas investigaciones que tiene en su contra.


En ese “pequeño temita” el fujimorismo se parece tanto al gobierno actual. Ambos grupos tienen entre sus filas acusados de crímenes de lesa humanidad: de Madre Mía a las esterilizaciones forzadas, de Hugo Bustíos a Pedro Huillca; en las ansias de impunidad, hermanos. Esto viene desde la campaña electoral: Mientras Fujimori atacaba con Madre Mía, Humala mandaba un contragolpe con las esterilizaciones forzadas. Cuatro años después, el gobierno no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas, pese a las múltiples demandas de organizaciones feministas por el inicio de un registro y de una política de reparaciones. Pareciera que todo lo expuesto en la campaña y la promesa de respetar a las víctimas de un crimen de lesa humanidad fueran parte de un acuerdo de impunidad que aún comparte con el fujimorismo.


La demanda de justicia de estas 2074 mujeres se junta con el pedido de las otras miles que no tienen información suficiente de lo que hicieron en sus cuerpos. Porque las cortaron y les manipularon las entrañas, y muchas veces ni siquiera se preocuparon de terminar las operaciones en las condiciones de salubridad requeridas para cualquier intervención quirúrgica. Porque a ellas también les negaron la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Y encima, este gobierno las utilizó como trampolín electoral.


Prestemos atención, no podemos descuidar este caso. Son tres meses más que tiene el Ministerio Público. Tres meses para saber si el caso por fin se judicializa. Tres meses para ver si al Ministerio Público le importa la vida de las mujeres. Es una decepción que el gobierno de Humala haya demostrado, en estos cuatro años, que a sus funcionarios no les importó.