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Una publicación de la asociación SER

Una ley de Espacios Públicos

En los últimos años en Lima somos testigos de diversas controversias relacionadas a los espacios públicos: desde iniciativas privadas que buscan desarrollar infraestructura comercial en plazas o parques, hasta alcaldes que en nombre del “ornato” deciden limitar las actividades deportivas o culturales que se realizan en los espacios públicos. Los casos más sonados son los del Parque Manhattan en Comas y Parque Castilla en Lince, pero no son los únicos. Se trata ya de una tendencia que enfrenta a capitales privados, autoridades locales y vecindarios.

¿Cómo revertirla? Quizá empezando por lo elemental. Los espacios públicos son áreas de la ciudad destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, entre ellas el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el deporte, el entretenimiento y la movilidad de ciudadanos y ciudadanas. Promover su uso y apropiación por parte de la comunidad, además, puede ser muy importante en tiempos en los que la seguridad ciudadana es identificado como uno de los principales problemas de nuestra sociedad. En este sentido, frente a cualquier iniciativa o regulación dirigida al espacio público debemos preguntarnos si esta promueve o limita su potencial de mejorar la convivencia ciudadana y si restringe o no el uso público y el acceso libre, gratuito y sin discriminación de ningún tipo.

Perú tiene una población urbana de casi 24 millones de personas, con una tasa de urbanización de 77% (2015, INEI). Nuestro modelo de urbanización, acelerado y desprovisto de planificación, ha traído consigo dificultades para garantizar la medida recomendada de áreas verdes y la adecuada provisión de espacios públicos en general. Las principales ciudades del país no cuentan con los 9 m2 de áreas verdes por habitante que recomienda la OMS, Arequipa (2.5 m2), Chiclayo (1.3 m2), Trujillo (2.1 m2), Lima - Callao (3.3 m2), Huancayo (1.5 m2), Iquitos (1.8 m2) Juliaca (1.0 m2) por habitante (RENAMU, 2015). En estas condiciones, el reto de ofrecer calidad de vida urbana será uno de los más importantes para el desarrollo del país en los próximos años. Y dado que en cuanto a la calidad del espacio urbano el protagonismo recae en los gobiernos locales, queda claro que estos necesitan instrumentos legales y normativos que aseguren su capacidad de enfrentar, por un lado, la demanda de la ciudadanía por más y mejores espacios y, por otro lado, la presión económica sobre el suelo destinado a espacio público.

Tras revisar estas evidencias y desarrollar talleres participativos vecinales decidimos presentar al Congreso el Proyecto de Ley No. 1312/2016-CR para la Protección de Espacios Públicos, que de aprobarse seria la primera norma de alcance nacional para regular el uso y protección de espacios públicos en Perú. La idea es que ninguna inversión en espacio público debe tener un fin ajeno a los propósitos de recreación activa y pasiva, ni debe restringir su uso público; por ello, cualquier decisión sobre la transformación del espacio público debe contar con la participación libre e informada de la ciudadanía