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Una publicación de la asociación SER

Una larga transición

Foto Onpe

Hemos entrado a un nuevo momento electoral. Después de la disolución del Congreso y de la convocatoria a elecciones, la posibilidad de conformar una nueva representación parlamentaria alimenta expectativas diversas, aunque no todas del mismo signo.

Los más optimistas, acaso como una forma de reivindicación al Congreso que sufrimos y que se fue, anticipan que profesionales destacados serán convocados al nuevo Congreso, y que este tendrá también el signo de la renovación, pues estará integrado por jóvenes deseosos de servir al país, ajenos a los mezquinos intereses que vimos dominar este poder del Estado. En este escenario, afirman, será posible avanzar con las reformas que quedaron truncas en el último período.

Para arribar a esta situación deseada, los optimistas apelan a la conciencia de los electores. Así, esperan que, después de haber apoyado la despedida de un Congreso infame por su mediocridad y su vínculo con oscuros intereses, orienten su voto hacia candidaturas alejadas de este perfil nefasto.

Sin embargo, la responsabilidad de la ciudadanía es apenas parte de la historia. Para ser más precisos, es la parte final, la que define mediante el voto el rostro plural de nuestra representación política. Ahora bien, insistir en el voto consciente e informado no debe oscurecer una responsabilidad previa: la de las organizaciones políticas.

En efecto, son los partidos – los 24 con inscripción vigente – los que propondrán las opciones sobre las que tendremos que elegir. Y aquí viene la nota que aportan los más pesimistas cuando señalan que estas organizaciones tienen pocos incentivos para proponer candidaturas idóneas. Al competir con las mismas reglas de la elección anterior – según decisión adoptada por el JNE – se ofrece una cobertura para la continuidad de los denominados “vientres de alquiler”, que incluso pueden cuidar su inscripción no participando ahora, y esperando mejores vientos para el 2021. Y como la selección de candidatos será principalmente a través de asambleas de delegados, las cúpulas partidarias seguirán imponiéndose, con pocas oportunidades para prácticas reales de democracia interna.

En estas condiciones, continúa el argumento pesimista, los partidos seguirán eligiendo candidatos que les garanticen votos y/o recursos para la campaña, sin importar su vinculación efectiva con la ideología o las propuestas del partido (verdadera causa de futuros transfuguismos) y sin la debida preocupación por antecedentes criminales, conflictos de intereses e, incluso, una búsqueda abierta de impunidad a través del cargo de congresista. En otras palabras, más de lo mismo.

Probablemente, el Congreso resultante no se parecerá a ninguna de estas dos posiciones extremas, sino que tendrá una combinación de ambas. Está por determinar cuánto de renovación y cuánto de repetición nos tocará en suerte. Lo que sí queda claro es que la esperada renovación de la política apenas empezará con las elecciones 2020, y aún está por definirse su composición y su dinamismo. Estamos pues en medio de una transición larga, que acaso concluya con la renovación de autoridades el año 2021.

Pese a que no guardo mucha expectativa al respecto, en el corto plazo queda elevar nuestra exigencia a los partidos para que su oferta de candidatos y candidatas responda al momento histórico que hemos vivido. No podemos permitirles la irresponsabilidad de ofrecernos una representación parlamentaria de tan baja calidad, menos aún si está asociada a intereses delictivos.

Twitter: @RivasJairo