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Una publicación de la asociación SER

Un pasito en esta lucha

Hoy hablé con Demetria y con Hilaria, de la Asociación de Mujeres Afectadas por la Esterilización Forzada de Anta. Sentadas en la plaza de Anta, me contaron, un poquitito en castellano, otro tanto en quechua, su historia, que es la historia de un crimen perpetrado por el Estado directamente contra sus cuerpos, y es la historia de su lucha por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es una demanda que lleva muchísimos años,de que se sepa la verdad de lo que les hicieron en sus entrañas, para que el Estado reconozca lo que les hizo, para que las reparen, para encontrar justicia frente a tanta violencia. La lucha ha sido larga e intensa. A veces les parece interminable, pero aún así, siguen exigiendo, fuertes y valientes.

En Huancabamba y Anta (Piura y Cusco), dos de los lugares más azotados por las esterilizaciones forzadas y masivas, las mujeres víctimas se unieron, se dieron cuenta de que solo de manera conjunta resistirían el desprecio del Estado que las olvidó, que nunca siquiera les pidió perdón, y que solo así podrían demandar verdad, justicia y reparación.

Este gobierno, el de turno, llegó al poder con ellas como bandera y como arma de ataque para golpear al fujimorismo, pues fue el fujimorismo el que aplicó esta política pública perpetrada contra los cuerpos de las mujeres más pobres del país. Sin embargo, este gobierno, en más de cuatro años no hizo nada. Es más, cuando a las y los funcionarios encargados les preguntaban en foros internacionales sobre el cumplimiento de sus obligaciones, respondían falsamente que este caso estaba judicializado. Aún no lo está, por la sencilla y cruel razón que nunca ha llegado al Poder Judicial. Esta investigación recién se encuentra en la Fiscalía.

Y sí, pues, luego de cuatro años de gobierno, cuando ya quedan pocos meses para que el mandato de Humala culmine, ha sido publicado un decreto supremo que crea el Registro de Víctimas de Esterilización Forzada. En este documento se señala, además, que el gobierno brindará asistencia legal y atención médica gratuita a quienes se consideren víctimas (aspecto que debe mejorarse aún, porque el Ministerio de la Mujer, con su cada vez más escaso presupuesto, no tiene la capacidad para brindar atención en salud mental a las afectadas).

Este registro y las medidas que lo acompañan son un pasito en la búsqueda de verdad y abren la puerta a una política integral de reparaciones, ya que es necesario saber cuántas y quiénes son las víctimas, para poder reparar. Falta mucho aún. Y es necesario repetirlo hasta el cansancio, así como defender lo tan poco avanzado, porque son preocupantes las voces que desde el mismo gobierno señalan que la condición de víctimas solo la dará el Poder Judicial (¿entonces para qué se llama “registro de víctimas”?). Tal afirmación es falsa, pues este Registro es una medida administrativa -solo depende del Ejecutivo- y no requerirá de aprobación alguna por parte del Poder Judicial.

También hace falta repetir que la norma no ata la asesoría legal a quienes se consideren afectadas a la inscripción en el registro. Esta es otra interpretación absurda y peligrosaque no podemos permitir.

Y es que el gobierno parece no haber entendido del todo que el derecho a la verdad no es solo de Hilaria, Demetria y de las miles de mujeres que fueron esterilizadas forzadamente; lo es de todo un país que hasta ahora no sabe la magnitud de la tragedia que vivieron estas mujeres, quienes en su gran mayoría eran pobres e indígenas. Es el derecho a la verdad de todo el Perúel que se abre con esta herramienta recién creada, y tenemos que insistir para que también sea una ventana hacia las reparaciones.