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Una publicación de la asociación SER

Un incendio que no se sofoca

El incendio de la iglesia cusqueña de San Sebastián supuso la desaparición de los lienzos y demás obras de arte colonial que albergaba, pero no es lo único que nos ha dejado la tragedia. Las cenizas han servido también para construir las teorías más estrafalarias sobre las causas -y razones- del mismo, así como para justificar ideas tan simples como irresponsables sobre las responsabilidades y posibles soluciones. Quien escribe estas líneas no es ni por asomo un entendido de los temas de patrimonio cultural, uno de los tantos temas sobre los cuales uno debería escuchar y leer atentamente antes que opinar a la ligera. Dicho esto, sin embargo, me permito comentar esta coyuntura en tanto ilustra una forma de pensar los problemas de la región que, considero, nos alejan de cualquier posibilidad de solución y mejora a los distintos problemas que nos aquejan.   

Por un lado, aparecen una serie de teorías conspirativas sobre las razones del incendio. Dichas lecturas se basan en la incongruencia de la información que ofrecieron la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) y el párroco de la iglesia sobre la cantidad de bienes existentes en dicho recinto, lo cual sugeriría la desaparición de los mismos. En la misma línea, otras denuncias llaman la atención sobre la “necesidad” del incendio como una estrategia para “desaparecer las pruebas” de una supuesta malversación de fondos en la reciente restauración de la iglesia por parte de la DDC. Situaciones que, por el momento, han sido negadas en las investigaciones que las autoridades competentes han desarrollado después del siniestro, pero que al ser efectistas distraen la discusión pública y desvían la mirada de quienes deberían estar interesados en discernir responsabilidades.

Por otro lado, el incendio también ha levantado el debate sobre la administración del patrimonio cultural y la negativa de la región frente al mecanismo de gestión cultural por parte de entes privados. Una columna aparecida en el Diario del Cusco, por ejemplo, argumenta que este tipo de problemas son un producto (“bien merecido”) de la negativa a la administración privada del patrimonio. El Estado ineficiente es, según esta perspectiva, el responsable directo del incidente, y por lo tanto la solución estaría concentrada en dejar que los privados se hagan cargo de estas tareas. Como en otros debates, la justificación se basa en la idea de que el afán de lucro sería el motivo fundamental para que éstas cuiden de mejor manera los bienes y, además, que sería más sencillo establecer responsabilidades y, por lo tanto, sanciones.

Sin embargo, como bien ha argumentado un representante de la Comisión de Juristas Contra la Corrupción y por la Defensa Social de Cusco, el principal problema detrás de este tipo de situaciones reside, efectivamente, en el manejo privado de estos espacios por parte del Arzobispado, institución que tiene la propiedad de los inmuebles.  El Estado, a través de la DDC, se hace cargo de los mismos durante el periodo de restauración, pero una vez concluidos los proyectos tienen que devolvérselos al ente religioso. Y quienes conocen la región no negaran que si algo prima en esta dinámica es precisamente el carácter privado de la administración, no solo por el cobro de los servicios que se ofrecen a los feligreses sino también por el lucrativo beneficio que obtienen de la actividad turística.

Evidentemente no hay ningún problema con que una institución administre de esta manera un inmueble, puesto que éstos no se mantienen por obra y gracia de la fe. Sin embargo, los grandes beneficios no se corresponden con el pésimo cuidado que se tiene de estos espacios, como han mostrado las incursiones en otras iglesias de la ciudad a raíz del incendio. En estas se han identificado problemas en el mantenimiento de la infraestructura y el cableado eléctrico, posible origen del incendio. Es más, el representante de la Comisión de Juristas, en una entrevista con el periodista Mario Carrión, afirma que el problema de los inventarios reside principalmente en la negativa sistemática a transparentar la información frente al sector público y a la ciudadanía organizada, como ya se ha visto en otros casos.

De esta manera, uno podría pensar que, contrariamente a dichos planteamientos, este caso resalta la necesidad del fortalecimiento de las capacidades y herramientas de fiscalización por parte del Estado. Mucho más aún si tomamos en cuenta el contexto peruano donde el control sobre el actuar de los privados brilla por su precariedad. Agregando a esta ecuación la incapacidad que tiene el Estado para hacer cumplir las normas y sancionar a los privados no solo en este sector, sino en muchos otros. Argumentar que los privados son la solución -cual llave mágica- a estos problemas no solo carece de asidero empírico, sino que se basa en un desconocimiento muy peligroso sobre los riesgos que esto puede tener dadas las características antes señaladas. ¿O es que el Arzobispado no es, para todo efecto práctico, un ente privado?