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Una publicación de la asociación SER

Tradiciones y traiciones

Eran las tres de la tarde del domingo cuando entramos a la sexta zona de Collique, en Comas. Empezaba a caer la garúa y el frío que no llegan a sentir los limeños que viven en el centro de la ciudad estaba instalado en la ladera a la que llegábamos algunas personas invitadas por el Movimiento Sin Techo Metropolitano (MST), a la celebración de su cuarto aniversario.

Para muchos, cuatro años puede sonar a poco tiempo, pero para quienes hemos visto aparecer y desaparecer organizaciones sociales urbanas, creadas para atender proyectos puntuales, vinculados a necesidades concretas que se disuelven rápidamente, el hecho que el MST se mantenga es una alegría. Más aún, que se mantenga pese a la situación adversa en la que se encuentra la lucha que las y los aglutinó en su nacimiento.

Estaban en plena celebración, habían invitado a representantes de asociaciones vecinales del Cercado de Lima, que vienen trabajando porque se cumplan las leyes de renovación urbana que les ayuden a superar la condición de tugurio en la que se encuentran miles de familias del centro histórico de Lima. También estaban dirigentes del proyecto de vivienda Kuelap, de El Agustino, que lleva años en discusión y debería ser una oportunidad para la reubicación de familias; técnicos de instituciones que consideran aliadas, que vienen apoyándolos desde su nacimiento, y estaba también yo, que intenté, junto a otros regidores y regidoras de la municipalidad de Lima, hace algún tiempo, empujar una política de vivienda popular metropolitana. Logramos aprobar una ordenanza municipal que es considerada por ellos un logro importante (incidencia) de su movimiento, y es una puerta para gestionar apoyo de parte del municipio, pero no tuvo mayor desarrollo, pues el presupuesto que requería nunca llegó.

Fue emocionante el encuentro. Cuando has compartido horas de reunión y discusión con alguien, aunque pase un tiempo, el encuentro revive la cotidianeidad. Estaban ahí pese a todo y diciendo algunas cosas que quiero compartir con ustedes: Empezaron reafirmando que no son invasores ni traficantes, que han luchado y lo seguirán haciendo, para que el Estado haga su tarea, para que el Estado no los ignore, para que atienda su derecho, humano, su derecho a una vivienda digna.

No son personas que buscan que les regalen una casa. Son personas que trabajan, que salen adelante con pequeños emprendimientos, que tienen un taxi, que manejan un bus, que son trabajadoras del hogar. Son personas que llevan años intentando acceder de alguna manera al mercado “oficial” de vivienda, sea para adquirir una o para alquilarla, y simplemente no pueden, el libre mercado los excluye.

Rubén Pérez, quien cerraba el evento con el discurso final, recordó algo que me dolió: “No es la primera vez que nos traicionan”. Sus palabras tenían una carga especial. Se notaba un reclamo cargado de historia; la de miles de migrantes que llegaron a Lima y fueron recibidos como mano de obra, pero alejados a la periferia, para que desarrollen su vida en los márgenes de la ciudad. “Acá la tradición ha sido que nos manden a los cerros, a ver cómo hacemos para construir una casa, una vida sin agua, sin nada”.

La ausencia permanente de una política de vivienda social en el país muestra que en el Estado peruano la decisión es no crear ningún mecanismo oficial para proveer opciones de vivienda para sectores excluidos del mercado formal. Lo tradicional ha sido otorgar títulos de propiedad sobre terrenos eriazos –cada vez de peor calidad y en espacios donde no se debiera permitir la construcción de vivienda–, luego de algún mecanismo de posesión.

El fondo Mi Vivienda ha servido, sobre todo en ciudades como Lima, para atender principalmente la demanda de la clase media y, de manera excepcional, para el fomento de proyectos de vivienda social. Pero la preocupación del Estado no fue ni es el acceso a la vivienda de sectores medios, sino – como lo dicen públicamente nuestros gobernantes – la reactivación del gremio de la construcción.

Mientras los recursos y la energía del Estado sean destinados a mejorar las condiciones de un sector de la economía como eje prioritario, antes que a la atención de las necesidades de la población, seguiremos teniendo noticias de invasiones, seguiremos viendo cómo los espacios marginales de la ciudad –precarios y desconectados–  se ocupan, pese al riesgo que ello significa para quienes vivirán ahí. Seguiremos sin un Estado que sirva a la gente.

Esta situación debía cambiar con el gobierno de Humala. La gran transformación era una promesa de inclusión con derechos. La ausencia de cambio, la continuidad a la que nos condena Humala es simplemente un acto más de traición, una larga tradición en el país. Pero esta ausencia de Estado y la traición de los gobernantes no lleva a los afectados al inmovilismo, sino que despierta la creatividad y el coraje de cientos, miles, que se abren camino; uno muy duro, que les permite sobrevivir, pero que los distancia cada vez más de la democracia.