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Una publicación de la asociación SER

Trabajo Digno: Derecho Humano, no privilegio

El Congreso aprobó el régimen especial laboral para personas entre 18 y 24 años de edad. Las “razones” que dio el Ejecutivo para enviar esta propuesta -reactivar la economía y “mejorar” el acceso de los y las jóvenes al mercado laboral- no es más que un discurso (ideológico) de justificación de una medida que precariza las condiciones laborales de la juventud y desconoce el trabajo digno como un derecho fundamental que el Estado debe proteger.

La norma original era realmente descarada y el Congreso – aparentemente con un poco más de vergüenza – le ha puesto algunos parches. Por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo (¡del gobierno del Presidente Humala!) no reconocía ni el seguro complementario de trabajo de riesgo. Se ha colocado también que los empleadores NO podrán reemplazar trabajadores en planilla, con contratos fijos, por nuevos trabajadores bajo este régimen especial. Pero, claro, acá hay un PERO gigante. ¿Cuántos trabajadores en el Perú tienen contrato fijo – están en planilla – y cuántos – gracias a las flexibilizaciones de Fujimori y cía. – están contratados de manera temporal?

Según Álvaro Vidal, del equipo laboral del Frente Amplio, el promedio es un tercio en planilla y dos tercios en temporales. ¿Qué quiere decir? Que el “parche” del Congreso a lo más protege a un 33% de trabajadores. El restante 66% queda sin ningún tipo de protección. Si el contrato termina, simplemente no es renovado….y el empleador puede reemplazar a este trabajador por uno que tenga menos de 25 años, que le saldrá “más barato”. 

Otro argumento esgrimido por los defensores de la precarización de los derechos de las y los jóvenes es que requieren un tiempo de “aprendizaje”. Como recuerda Mariela Belleza, laboralista de Tierra y Libertad y de la comisión del FA, en el Perú existe la Ley 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales, precisamente pensadas para que los y las jóvenes vayan adquiriendo capacitación y experiencia. ¿Ya se olvidaron de esa norma? ¿O es que sabiendo que esa norma existe, pretenden generar un régimen precario laboral para quienes siendo jóvenes ingresan activamente a la PEA?

También se ha dicho que esta precarización de los derechos de las y los jóvenes es para lograr la “formalización”. Igual argumento se levantó en el 2003, cuando se aprobó la Ley que regula el régimen especial de microempresas. Esta Ley (28015) debía ser temporal – como se ha dicho que será la del régimen de explotación laboral para los jóvenes – pero en el 2008 nuestro Congreso la volvió permanente y la amplió de la micro a la pequeña empresa. Es decir, hoy YA EXISTE un régimen para contratar con derechos restringidos en las MyPES. Entonces ¿las pequeñas y micro empresas necesitan este régimen para contratar a jóvenes con derechos recortados? NO, ya pueden hacerlo.  ¿Quiénes necesitan, pues, esta norma para “reducir” sus costos laborales? Las empresas grandes y medianas.

Hay que añadir, además, que el discurso (“el floro”, como dirían los jóvenes) de la formalización es falso. Desde el 2003, que se aprobó el régimen especial para MYPES, el avance en la formalización es muy lento. Si uno analiza Encuesta Nacional de Hogares, podrá ver que en el caso de la micro empresa no llega al 10% en diez años.

Como ha dicho Guy Ryder, director general de la OIT – ojo, la OIT no es la organización internacional de terroristas, es la Organización Internacional del Trabajo, parte del sistema de Nacionales Unidas, a la que están adscritos el Perú y 177 Estados en el mundo –, la competitividad y la productividad del país NO pasan por la reducción de salarios ni  de las condiciones de trabajo.

Concretamente, ¿qué derechos NO tendrán jóvenes trabajadores con este nuevo régimen?: Compensación por Tiempo de Servicio (CTS); Asignación Familiar a quienes son madres y padres de familia; Participación de Utilidades, es decir las ganancias de la empresa quedan sólo en la empresa y no tendrán derecho a compartirlas; Seguro de Vida Ley, si tienen algún accidente que les quita la vida o los deja incapacitados para trabajar; entre otros.

Si queremos que las y los jóvenes tengan trabajo digno, lo que requerimos es un Estado que genere medidas para que esto ocurra, que dé incentivos positivos – incluso reducción de IR – para el fomento de la contratación de las y los jóvenes, para que las empresas inviertan en su capacitación, pero no necesitamos que les recorten sus derechos. Es positivo que el Estado, por ejemplo, esté dispuesto a colaborar en el pago del seguro de salud en el primer año de acceso al empleo. Esto también se puede hacer sin que se reduzcan los derechos básicos de la juventud.

Este jueves se llevará a cabo una acción de protesta contra esta Ley. Las ciudadanas y ciudadanos que creemos que la juventud merece derechos y dignidad estaremos ahí, con ellos y ellas.