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Una publicación de la asociación SER
Abogada de Aprodeh y Grufides

Terruqueando al que busca frenar la criminalización de la protesta

184 conflictos sociales sin resolver en el país, el 64%  de carácter “socio ambiental”; 279 muertos en los mismos, hasta el 2018[1]; decenas de heridos y cientos de procesados  producto de los mismos.   Los conflictos se incrementan porque l Estado sigue teniendo poca capacidad de gestionarlos y solucionarlos, dejando que se desarrollen y generen un ambiente de caos que impide avanzar en los objetivos del país.

Por años, ante la ausencia de una política seria de solución de conflictos, los gobiernos solo han recurrido a la represión como mecanismo para enfrentar la protesta.  Atacar con las fuerzas del orden, matar a manifestantes, denunciar a líderes sociales, o militarizar las zonas en conflicto, de ninguna manera ha contribuido a que esta situación se supere, por el contrario, solo se han agudizado las confrontaciones y afianzado las resistencias.

Hoy por fin, en medio de una gestión un tanto caótica, comienzan a darse algunas respuestas acertadas del gobierno en este tema fundamental.

El gobierno mediante su Premier dio la cara por fin ante las comunidades del sur y reconociendo la ausencia histórica del Estado para velar por las mismas, ofreció asumir un proceso serio de diálogo para intentar solucionar uno de los conflictos más importantes del país: Las Bambas. 

Una mesa de diálogo con los ministros a la cabeza se ha instalado. A diferencia de muchos otros procesos que apuntaban a sofocar el incendio, resulta interesante que éste tenga una dinámica permanente, y esté abierto a discutir temas de fondo con la población. Esto aún empieza y seguro siguen presentes las dudas respecto a si se sostendrá esta voluntad política o si las respuestas serán las adecuadas, pero hay que reconocer que en esta oportunidad hay acciones más serias y concretas, que podrían por fin sentar un  precedente para el tratamiento adecuado de los conflictos.

El cese de los Estados de emergencia de las zonas en conflictos, ha sido una primera medida acertada de este gobierno. Era no solo inconcebible sino absolutamente ilegal, que sin motivo alguno, varias poblaciones sigan viviendo con sus territorios militarizados, con sus derechos limitados, solo para garantizar que los camiones y el personal de las empresas mineras circularan libremente por sus carreteras.

Controlar la represión y persecución contra la población, es sin duda una condición imprescindible para crear un clima de diálogo; así lo ha comprendido este gobierno y por ello, no se ha negado a tratar como primer punto una de las denuncias más recurrentes de la población: la existencia de una política de criminalización y persecución injustificada a líderes sociales por ejercer su derecho a la protesta.

Frente a tan grave aseveración, el Ministerio de Justicia responsablemente, recurrió a realizar una rápida investigación sobre la veracidad de este hecho.  Con informe y datos concretos en la mano, el propio Ministro Zevallos el 24 de mayo último, admitía que era exagerada la judicialización de líderes sociales. Solo en la provincia de Cotabambas, zona de influencia de Las Bambas, habrían encontrado -en una primera verificación aún por completar- 180 procesos judiciales abiertos a líderes sociales por las protestas contra el proyecto.  No solo el dato es sintomático respecto a la existencia efectiva de una persecución de gente que protesta, sino la ausencia de pruebas para tan graves delitos  imputados a los comuneros: extorsión, asociación criminal, secuestro, apología al terrorismo, entre otros, con pedidos de penas sobre los 20 años de prisión. 

En una mesa de diálogo el MINJUS no solo sinceró estos datos, sino que se ha discutido con la población las salidas posibles y reales en el marco de la legalidad, dejando de lado la demagogia y la politiqueria.  Por ello, impulsar un Acuerdo Plenario a nivel judicial, fue una de las medidas que se pensó.  Ello consiste en pedir al Poder Judicial, que debata jurídicamente el ejercicio del derecho a la protesta social,  estableciendo criterios claros y uniformes para que se deslinde este derecho de delitos y se evite calificar per sé a quien protesta, de ser un criminal.  Con eso, no solo se conseguiría que varios de los casos abiertos sean juzgados de manera objetiva, sino que en posteriores conflictos, se evite denunciar o perseguir a las personas sin mayores pruebas y solo por ejercer este derecho.  De ninguna manera se busca impunidad para quienes cometen excesos en las protestas sociales, como se ha dicho desinformada y tendenciosamente,  lo que se busca es garantizar un derecho a la población y evitar que más personas sean asesinadas cuando reclaman, o que sean  tratadas como criminales, o procesadas injustamente, como ha sucedido en los últimos años.

Medida concreta, que se maneja en el marco absoluto de la legalidad, que responde al comportamiento de un Estado democrático y expresa una respuesta seria frente a los conflictos, evitando que se agudicen. Increíblemente desde los sectores más conservadores del empresariado y sus aliados, y de la mayoría congresal fujimorista, esta propuesta empieza a ser petardeada con furia. 

Esta semana varios de estos actores, usando conocidos medios de comunicación, han salido no solo a acusar al ministro de “izquierdista” y “comunista” por estas medidas, sino que no han tenido el menor reparo de salir a acusar con nombres y apellidos de manera injuriosa a varios de los funcionarios de alto nivel que tiene ese sector, de terroristas y pro violentistas por echar adelante esta propuesta.

Resulta que la criminalización de la que sufren los líderes sociales, ahora se traslada y la sufre al propio Estado y sus funcionarios que solo intentan controlarla en el marco de la legalidad. Así con la misma metodología con que estos sectores han azuzado la violencia contra gente que reclama legítimamente, tildándolos de criminales, ahora la aplican al Estado, solo por el hecho de querer preservar el verdadero estado de derecho.  

La política del terruqueo, la represión, y la violencia contra quienes se expresan y sinceran problemas reales, ha sido lo que más ha contribuido a que se afiancen los escenarios de confrontación y conflicto en el país.  Los verdaderos azuzadores de violencia se han puesto en evidencia ahora, rechazando medidas legales y democráticas que contribuirían a la solución de conflictos y a la paz.    

 

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[1] Informe 182 sobre Conflictos sociales. Defensoría del Pueblo