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Una publicación de la asociación SER

Tabla rasa

Conflicto armado interno, memorias y negaciones en el Perú de hoy

“Cuídate de la víctima a pesar suyo,
del verdugo a pesar suyo
y del indiferente a pesar suyo
¡Cuídate del que, antes de que cante el gallo,
negárate tres veces,
y del que te negó, después, tres veces!
Cesar Vallejo, España aparta de mí este cáliz



Es difícil hacer del dolor materia de análisis y las memorias de guerra, ineludiblemente, remiten al dolor, pues implica referirse a los miles de muertos, desaparecidos, torturados entre otras lamentables situaciones que vivimos como país esas décadas de nuestra historia reciente. Tarea difícil pero importante, teniendo en cuenta las repercusiones que todavía nos tocan, afectando nuestros  marcos de convivencia y revelando profundas brechas sociales. Cada cierto tiempo, saltan a la palestra determinadas situaciones que nos devuelven a la latencia de un conflicto irresuelto y las memorias que en torno a éste disputan su preeminencia  con claras pretensiones hegemónicas. La aparición del MOVADEF declarándose continuación del pensamiento Gonzalo sin la menor autocritica, los fallos judiciales favorables al Grupo paramilitar Colina, el probable indulto a Alberto Fujimori o la denominada Ley del Negacionismo son solo algunos hechos recientes que evidencian la actualidad de la violencia política, los intereses contrapuestos y la necesidad de dialogar sobre lo sucedido.

No pretendemos hacer un balance del conflicto que enfrentó desde el Estado a Fuerzas Armadas y policiales y desde la insurgencia al Partido Comunista Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) -aunque la vorágine de enfrentamientos dio lugar a otros actores armados como los Comandos de Autodefensa (CADS, rondas campesinas)y escuadrones paramilitares (Rodrigo Franco, Colina). Lo que nos interesa es ensayar una aproximación al proceso por el cual los principales actores políticos y sociales construyen y administran memorias colectivas sobre esta etapa, sus causas, desarrollo y desenlace. Para ello, enfatizamos en los consensos que los grupos buscan posicionar y las disputas que pretenden ganar ante determinando interlocutor, teniendo en cuenta que se trata de interacciones en un campo de poder con posiciones dominantes definidas pero no estáticas. Son varias las preguntas al respecto, ¿qué  memoria ha construido el Estado?, ¿los actores sociales y políticos han podido levantar otras memorias? ¿Qué campos de sentido disputan estas memorias y cómo se legitiman unas frente a otras?  ¿Qué  expresa el surgimiento de MOVADEF y la iniciativa del Estado por aprobar la ley de negacionismo? Ensayar algunas respuestas resulta pertinente con miras a consolidar una sociedad sin impunidad y con justicia social, donde todos los peruanos y peruanas, se reconozcan libres e iguales.

Memorias hegemónicas, memorias maniatadas; La suerte del vencido

Al hablar de “memorias” nos referimos a la trama de recuerdos y olvidos articulados por distintos grupos y colectividades que dan lugar a  discursos públicos sobre el pasado que  pugnan por lograr hegemonía en el presente (Jelin;2002). No se trata de la recuperación literal y objetiva de lo ocurrido; las memorias son más bien recuperaciones de sentido cuyo potencial movilizador puede dar lugar a verdaderas luchas políticas. La memoria de las colectividades se halla inserta así en luchas políticas donde el poder, como consenso y dominación,  juega un papel central. En este plano de construcción de memorias, entendidas como disputas de poder empeñadas en lograr “hegemonía” es donde queremos empezar el análisis. Para ello tomamos a Gramsci  quien define  la hegemonía como el establecimiento de una cierta relación de equilibrio entre fuerza y consenso; por ejemplo, la clase dirigente es hegemónica en tanto logra difundir y legitimar una visión de mundo que asegure dicho equilibrio, especialmente en las clases subalternas(Acevedo;2012). Tomando esta noción, una memoria hegemónica sería aquella que ha logrado legitimar y transmitir su visión del pasado con repercusiones concretas en el presente, generando consensos pero también imponiéndose a las otras memorias.

¿Qué memorias del conflicto armado ha articulado el Estado o, más específicamente, qué memorias articuló el Estado fujimorista instaurado en 1992 y cuyas bases económicas, constitucionales e ideológicas hoy se mantienen? Encontramos una memoria exitosa en posicionarse como hegemónica, sostenida y reforzada desde el Estado, a la vez que ampliamente compartida por el empresariado, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos de centro derecha y los grandes medios de comunicación. Según esta memoria, que denominaremos “oficial”, el conflicto armado se inició por la acción deliberada de los grupos terroristas  los cuales empezaron una sangrienta guerra  y son los responsables de  setenta mil muertos y millones de soles en pérdidas. Las causas son secundarias y cuando se plantean se habla de radicalismos, resentimientos y hasta demencia. Una visión maniquea consolidada durante los años del fujimorismo con apoyo del aparato represivo, los grupos de poder económico y el control de la prensa. Entre sus principales ejes constitutivos, se cuenta el menosprecio y relativización de los derechos humanos  y la descalificación de sus defensores sea como “terrucos” o “caviares” dependiendo de su status y trayectoria. Así mismo,  minimiza las responsabilidades del Estado en graves violaciones a los derechos humanos exaltando el papel de las Fuerzas Armadas y Policiales al nivel de salvadores de la patria.A la población civil y las comunidades afectadas por la violencia, le asigna la genérica categoría de “víctima del terrorismo”, siempre y cuando puedan probar su inocencia. Tras la caída del fujimorismo, salvo el valioso esfuerzo que significó la Comisión de la Verdad (CVR), los sucesivos gobiernos han hecho poco por distanciarse de esta memoria. El gobierno de Toledo publicó  el informe final de la CVR pero ignoró sus recomendaciones, Alan García reafirmó la memoria oficial fujimorista vinculándola a la criminalización de la protesta y el ex comandante del ejército Ollanta Humala, utiliza el mismo discurso a para referirse a las protestas socio ambientales y a los remanentes de Sendero en el VRAE.

¿Dónde radica el éxito de esta memoria para afirmarse como hegemónica? En que logra ser el marco de referencia, el discurso que pone la pauta de lo aceptado, la visión del pasado dominante. Es esta memoria la que señala que aspectos derivados del conflicto no deben modificarse, sea la legislación anti terrorista, las condiciones carcelarias, o gestos simbólicos como el cierre del centro de tortura Cuartel Los Cabitos en Ayacucho. Es también la que define el trato asistencialista a las “victimas” civiles de los poblados andinos y/o amazónicos, justificando que el Estado se limite a ofrecerles “reparaciones colectivas” léase agua y desagüe. Es la que no busca explicaciones  estructurales a la violencia, la que rechaza reconocer que las brechas socio económicas o las asfixiantes jerarquías de clase y raza facilitaron la expansión de un grupo maoísta como Sendero Luminoso y también de una típica guerrilla como el MRTA. En esta capacidad de generar consensos, reprimir los disensos, sentar las líneas de debate y dominar la escena pública, radica su condición de hegemónica. Facilita esta preponderancia, su clara vinculación a intereses políticos y económicos que la enuncian, defienden y buscan permanentemente su posicionamiento. Para ello cuenta con portavoces en el espectro político de derecha y centro derecha  pudiendo  escucharse el mismo libreto, al Fujimorismo, al PPC o al APRA. Sea desde el Legislativo, el Poder Judicial,  las Fuerzas Armadas o la CONFIEP, los portavoces expondrán la memoria  oficial y los dueños de los grandes medios de comunicación  les darán la primera plana.

De otro lado, en los actores sociales y en lo que puede reconocerse como izquierda encontramos más bien memorias defensivas, enunciadas siempre en respuesta  a la memoria hegemónica. A riesgo de ser genéricos podemos diferenciar tres grandes grupos. El primero y de mayor visibilidad, lo conforman las  organizaciones de derechos humanos. Seria mezquino negar el importante rol que juegan en la judicialización de casos de violación de derechos humanos en una labor que les ha valido  constante hostigamiento. No obstante, tras la arremetida represiva de los 90, en un contexto de fragmentación del campo popular y crisis de los partidos de izquierda a los que se vinculaban se ven forzadas a actuar sobre el guion impuesto por la dictadura. Así, si el Fujimorismo hablaba de inocentes, optaron por defender “inocentes”.  Si se cuestionan los indultos del gobierno de transición acusaban a Fujimori de indultar más gente, sin remarcar por qué se dieron esos indultos y lo aberrante de la ley anti terrorista. Públicamente, sus principales portavoces enfatizaban una defensa de los derechos humanos más bien técnica, afirmada en principios éticos y pretendidamente despolitizada.  ¿Pudieron actuar de otra manera? Probablemente durante en el  momento de mayor autoritarismo fujimorista no, pero posteriormente es seguro que sí. Ha sido difícil sacudirse de ese énfasis defensivo. Empeñados en colocarse por encima de las disputas políticas y sin una base social de respaldo, o por lo menos sin organizaciones sociales con capacidad de presión, los esfuerzos por exigir justicia, verdad o el cumplimiento de las recomendaciones de la  CVR, se mantienen marginales.

Otro grupo lo conforma el espectro de organizaciones sociales y políticas de izquierda “sobrevivientes” al conflicto las cuales también articulan una memoria  defensiva. Pese a que Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas y policiales asesinaron a cientos de autoridades vinculadas a Izquierda Unida, pese a que la violencia arrasó experiencias comunitarias de gestión de la tierra y los recursos también vinculadas a la Izquierda, no hay una memoria publica que articule lecturas contra-hegemónicas y enuncie un discurso capaz de desafiar la dominación de la memoria oficial. Cuando los líderes que tuvieron algún protagonismo se pronuncian sobre los años de violencia prefieren realizar mutuas acusaciones respecto al rol que jugaron unos y otros, deslindando responsabilidades propias frente a la lucha armada y aludiendo un primigenio compromiso con la democracia que muchas veces no tuvieron. La persistente fragmentación que afecta a este espectro político, sumada a  su imposibilidad de posicionar nuevos referentes de sentido como alternativas de transformación para las mayorías, revelan también así una falta de sustrato histórico. Partidos como Patria Roja, el PC o el PS-  dicen muy poco o soslayan la discusión lo mismo que nuevos grupos como Tierra y Libertad, que prefieren no abordar un tema incómodo que puede generar discrepancias en una etapa inicial. En similar situación se hallan las organizaciones sociales, principalmente aquellas que tuvieron algún protagonismo los años de mayor violencia como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el movimiento feminista o la Confederación Campesina del Perú (CCP). Aquí el silencio y evasión sobre el conflicto es similar y les cuesta esfuerzo  reivindicar públicamente líderes y dirigentes de sus filas que fueron asesinados por el Estado o Sendero Luminoso. Sólo en los últimos años el activismo de  algunos colectivos y la disposición de las dirigencias ha avanzado en realizar denuncias y homenajes a líderes como Pedro Huilca o Saúl Cantoral  o María Elena Moyano, cuya memoria fue cooptada por el fujimorismo la década anterior.

De fondo, está el hecho de que quienes “perdieron” el conflicto armado no fueron solo y necesariamente los grupos subversivos, fue el proyecto de izquierda popular y democrática que reivindicaron los actores políticos y sociales la década de los ’70 y ’80. Una derrota bien orquestada por un bloque político, económico y militar que sobre esa debacle implementó las reformas neoliberales con alto grado de discrecionalidad y corrupción. Una derrota que supuso la violación sistemática de los derechos humanos y la imposición de nuevos referentes de sentido que exaltan el rol del mercado y exacerban la idea del mérito personal  como única vía de ascenso. Sendero Luminoso no hacia parte de este proyecto emancipador, por ello no se contagia de esta derrota y se “reinventa” con el MOVADEF, habla de costos de la guerra y pasa la página.  Los movimientos como el urbano-popular, el de trabajadores o el de mujeres, que si se vinculaban a este proyecto no pudieron responder, no estaban en capacidad de formular otras memorias de la violencia y  los “operadores políticos” - los cuadros de izquierda- desaparecieron, se replegaron, no  dieron explicaciones de lo que ocurría. Superada la etapa de mayor conflicto es difícil volver atrás; la sociedad y los actores sociales otros y es más difícil aun disputar significados, remarcar recuerdos u olvidos que articulen una memoria distinta a la fujimorista.  Difícil pero no inexistente ni imposible las luchas por la memoria siguen presentes.

La vigente disputa; batallas por el pasado y usos de la memoria

Tal como se mencionó, el pasado no cambia, es el sentido de ese pasado el que está sujeto a reinterpretaciones, formándose narrativas que buscan ser aceptadas socialmente vinculadas a expectativas de futuro. En torno a la memoria se trenzan distintas luchas que enfrentan intereses y pugnas de poder con  incidencia en el presente. Como afirma Foucault, existe un vínculo entre memoria y poder a partir de la complejidad de relaciones que organizan la vida política, constituyendo – aunque no necesariamente controlando- subjetividades (Foucault; 1997).  En el Perú de hoy, asistimos a cotidianas y constantes luchas por la memoria, enfrentadas en distintos campos de confrontación entendidos como áreas temáticas y programáticas, donde los actores incursionan con distintos objetivose intencionalidades. Los desenlaces de estas disputas tienen efectos concretos en el presente, afirmando consensos, definiendo políticas públicas y sentidos comunes.  De modo muy general abordamos tres campos o dimensiones articulados entre sí donde coinciden las distintas memorias descritas, y donde finalmente se define y tiene que disputarse la hegemonía a la memoria oficial dominante.

Un primer campo de disputa es el político estatal, el cual es ampliamente dominado por el Estado. Aquí, la memoria oficial se juega el mantenimiento de status quo operando como pilar fundamental – y fundacional-del orden post fujimorista recordándonos el pasado de caos  y violencia del que fuimos salvados. En este campo se afirma la continuidad del modelo económico y por ello manipula e instrumentaliza el pasado sea para deslegitimar la protesta social y voces opositoras o para mantener privilegios de los poderes facticos, léase el empresariado y las fuerzas armadas. La deslegitimación es constante; por ejemplo es de uso corriente descalificar como “terrorista” (terruco en versión coloquial) alíderesde izquierda tan disímiles como Gregorio Santos o Marisa Glave. No importa explicar o argumentar, el calificativo esta dado, son peligrosos y deben ser rechazados. A la par, la memoria oficial mantiene privilegios corporativos de los grupos de poder económico que se valen del pasado de violencia y la posibilidad de que vuelva el terrorismo para exigir mayor represión y resguardo de sus intereses. Lo mismo ocurre con los militares, quienes ya con renovado espíritu de cuerpo, superada la crisis interna porla sujeción a Montesinos, apelan frecuentemente a su rol “poniendo el pecho” y librándonos del terrorismo para conseguir discrecionalidad y altos presupuestos. Así, los Comandos Chavín de Huantar serán exaltados para descalificar los juicios por violaciones a los derechos humanos y el VRAE será presentado como fuente inagotable de acciones armadas que requieren mayores recursos. La memoria oficial nos machaca cotidianamente que el terrorismo es una amenaza latente, logrando que según la encuesta Datum de octubre 2012, un 93% de encuestados en zonas urbanas considere que Sendero Luminoso es una amenaza para el país pese a su comprobada escasa gravitación.

Sin dejar de ser político, un segundo campo de disputa es el relacionado con las luchas por verdad y justicia. Con el objetivo de esclarecer hechos de violencia y sancionar el daño cometido, quienes ponen empeño en lograr cierta preeminencia en este campo son los organismos de derechos humanos con respaldo de algunos académicos vinculados a las ciencias sociales. Analizando los dos objetivos por separado, vemos que en términos de verdad y esclarecimiento,  el peso de las posturas defensivas impide un conocimiento comprensivo, integral y a profundidad de lo ocurrido. Así es muy difícil tener una idea del desempeño de diversos actores que se vieron involucrados en el conflicto armado más allá de las fuerzas armadas y los grupos subversivos. Vale la pena reparar aquí en lo actuado por “la academia” y sus escasos esfuerzos por analizar a las organizaciones, pueblos y comunidades afectados también como protagonistas que en algún momento tomaron postura favorable o cercana a proyectos armados, alineándose a la victimización. Lo mismo respecto al rol de otros grupos y personajes; conscientemente o no varios colegas de mi generación se limitan a exigir mea culpas a los políticos de izquierda y seguro es importante escuchar esas críticas…pero ¿y el empresariado? Aludiendo el artículo de Carlos Meléndez (setiembre 2012), ¿alguien le hace “preguntas incomodas” a los Benavides por su responsabilidad en la liquidación del sindicato minero de Julcani (Huancavelica) y la instalación en el campamento minero de la base contra subversiva? O le exigen a la Sociedad Nacional de Minería aclarar públicamente su rol en los asesinatos de Saúl Cantoral en Lima y del dirigente de Julcani Santiago Lizana Acha en Angaraes pocos días antes de la huelga minera de 1989 (CVR; 2004)Y también podrían interpelar a los agro industriales del Santa por los ocho campesinos que mandaron matar y desaparecer…¿Cuantas investigaciones se han realizado desde las ciencias políticas y sociales para investigar, analizar, denunciar el papel de los grupos económicos en este conflicto? Estamos lejos de un esclarecimiento que profundice en la violencia vivida para que no vuelva a repetirse, y eso abona a que, la impunidad continúe dominando. Pese al empuje de las organizaciones de derechos humanos y los mismos familiares, las sanciones a policías, militares y políticos involucrados en delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos, acciones como el fallo Villa Stein favorable al grupo Colina o la reciente absolución de Montesinos y otros por las ejecuciones extrajudiciales en la embajada de Japón nos recuerdan que ellos todavía tienen poder. Cuesta obtener justicia y más todavía gestos de resarcimiento de unas fuerzas amadas que no han pedido disculpas públicas por las masacres de Accomarca o por los operativos en el Huallaga. Es sustantivo lo que se disputa aquí y todavía poco lo que se ha logrado ganar a la memoria oficial.

Finalmente, un tercer campo de disputa  se articula en torno a los grupos armados del conflicto, Sendero Luminoso y el MRTA, confrontándose distintas visiones de cómo lidiar con ellos hoy, más aun dadas las manifiestas pretensiones de sus ex militantes de hacer política legal. Si bien aquí también la memoria oficial se ha impuesto ampliamente condenando  y estigmatizando de por vida a todo aquel relacionado a grupos subversivos, es interesante como militantes vinculados o ex vinculados pugnan por participar políticamente. Respecto a lo que puede identificarse como cercano a lo que fue el MRTA, destaca la participación de varios de sus militante en listas electorales como Despertar Nacional, o en organizaciones sociales como el Frente de Defensa de Cajamarca donde emerge la figura de Wilfredo Saavedra, quien no niega su anterior militancia emerretista que le valió diez años de prisión. Es interesante que pese al éxito de la memoria oficial en equiparar a Sendero Luminoso y MRTA - aunque este probada su responsabilidad del 1% del total de víctimas y su origen, objetivos y desenvolvimiento fueron radicalmente distintos- las organizaciones sociales no pongan como punto central de cuestionamiento estas trayectorias ni los líderes utilicen los movimientos para la lucha armada,  hablándonos de importantes dinámicas regionales de  re asimilación política. En lo que respecta a Sendero Luminoso, el caso es más complejo, la inscripción electoral del MOVADEF con sus 300 mil firmas recolectadascayó como un balde de agua fría  y más todavía escuchar entre sus voceros viejos senderistas como Alfredo Crespo junto a jóvenes dirigentes, reivindicando sin la menor autocrítica el “Pensamiento Gonzalo” y exigiendo competir en elecciones luego de dar por terminado episodio de la guerra popular. Desde el Estado y los medios de comunicación la única explicación posible ha sido  la ignorancia, el desconocimiento, la “desmemoria”, no mencionan que podía tratarse de jóvenes que vivieron otra cara del conflicto, hijos de presos senderistas, de ejecutados en el Frontón, personas a las que la sobrecarga de memoria oficial les produce el efecto contrario, o de jóvenes radicalizados que idealizan la lucha senderista. Sin saber cómo reaccionar el gobierno promueve la denominada Ley del negacionismo según la cual “Todo aquel que justifique, niegue o minimice  delitos cometidos por organizaciones terroristas tipificados  con el objetivo de menospreciar, enaltecer o  propiciar o adoctrinar a personas a favor de la causa serán reprimidos con cárcel de 4 a 8  años”.  La aprobación de esta iniciativa sería un despropósito y se encuentra lejos de ser la solución para cerrarle el paso a Sendero en la política legal. Más bien terminaría propiciando la persecución y sesgando  la historia ¿Cuál será el criterio del juez para decidir que es “minimizar”? ¿Y respecto a la violencia del Estado no hay nada que negar? Sendero es un adversario complejo pero no es con mayor penalización que se conseguirá su aislamiento; dar esta disputa es fundamental, principalmente para los sectores de izquierda democráticos y las mismas organizaciones sociales movilizadas.

Epílogo temporal; nuestros terribles asuntos pendientes

Abordar la memoria no es un tema sencillo y necesariamente remite al dolor, a hechos lamentables, a profundas brechas que aún nos separan e interpelan como sociedad. Al final, nos quedan más preguntas que respuestas ¿Cómo superar la suerte del vencido? Quizá lo primero sea asumir que la memoria es un campo de disputa, una pelea que dar y hay adversarios articulados ostentando la hegemonía. De otro lado, ¿es posible superar la victimización en un ambiente represivo y sobre penalizado frente a las disidencias del discurso oficial? Sí es posible, no hay determinación histórica que lo impida, pero ello requiere de la confluencia de esfuerzos de organismos de derechos humanos, de la academia y de los mismos actores por abandonar el locus de la impotencia que parecen haber interiorizado. ¿Sendero o su versión actual MOVADEF es una maquinaria imparable? No lo es, pero mantiene algo de lo que siempre se jacto Guzmán; voluntad política y decisión de disputar presencia en cada espacio, eso lleva a que, quienes nos consideramos de izquierda los confrontemos también en distintos ámbitos. Pienso en mi profesor Carlos Ivan Degregori debatiendo serena y decididamente en la facultad de Sociales de San Marcos con los defensores de la cuarta espada y sospecho que si más académicos reaccionaran así ante las arengas senderistas, a MOVADEF le sería muy difícil ganar para si  las universidades.

Es iluso creer que habrá “reconciliación” un término cristiano más idóneo para otros espacios,  pero sí podemos exigir reconocimiento; autocríticas, gestos y sanciones que resarzan en algo el sufrimiento del otro. Ya antes las cosas se han resuelto de esta manera, con muertes e impunidad, fue el caso de las masacres de apristas la década del 30,que nunca se esclarecieron, ni hubo disculpas públicas, reparación o resarcimiento, finalmente el APRA llegó al poder y pasó la página.  Pero ahora no se trata solo de un partido; poblaciones y comunidades enteres fueron arrasadas y no se han ensayado gestos significativos de disculpas, de reconocimiento, de sanción a los perpetradores. Peor aún la impunidad campea recordándonosla vigencia de los privilegios y jerarquías de ciertos sectores, así como el lugar subordinado de otros: los pobres, los indígenas, las mujeres. Indultar a Fujimori seria reafirmar esos privilegios. Ya el señor Humala ha demostrado ampliamente que no es consecuente en nada de lo que dice, que es pusilánime, pragmático e improvisado, pero ahora tiene la oportunidad demostrar que no va a transar con el Fujimorismo corrupto y asesino.

Quizás no sea la persona más indicada para escribir del tema. Me he cuidado de hacerlo últimamente. Tengo una hija que también afronta las consecuencias de este conflicto armado y simplemente no puede vivir con su padre en el país de su madre pese a que también es el suyo. Más allá de las responsabilidades asumidas y las particularidades de cada caso, debo reconocer que escribí esto pensando en las explicaciones que tendremos que entregar  a ella y los niños y niñas de su generación.  Explicaciones para, por ejemplo, la hija de Jaime Ramírez Pedraza, que con sus 7 años filmó un video pidiéndole a la señora Nadine Heredia, el indulto para el padre que solo conoció en prisión y que finalmente murió engrilletado a una cama. Conformarse con lo que nos dice la memoria oficial, interiorizarla y asumirla como hegemónica, tiene efectos contraproducentes y puede dejarnos estancados en la impotencia que inmoviliza, o peor aún, guiarnos por caminos de violencia y autoritarismo por los que lamentablemente ya hemos transitado.

Bibliografía

Acevedo Carlos, Hegemonía y pensamiento en Gramsci, en prensa

Jelín Elizabeth,  Los trabajos de la memoria; Siglo XXI Editores, Madrid 2002

Foucault Michel Cine y memoria popular, cit en, “Memorias enmarañadas”, Marita Sturkenm documento de trabajo University of California 1997.

Meléndez Carlos; http://jorobadonotredame.blogspot.mx/2012/09/preguntas-incomodas.html