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Una publicación de la asociación SER
Abogado peruano, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Director del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, CIDDH

Sobre la erradicación de la hoja de coca

La ineficiencia del Programa de Erradicación de Cultivos de Coca, ejercido con la cooperación delaSección de Asuntos Anti-narcóticos, Embajada de los Estados Unidos (NAS) como política pública, es un resultado que es común en distintas experiencias locales, nacionales y globales (Afganistán, la propia Colombia y ahora Bolivia).

Primero, porque los cultivos con uso ilícito son el origen y la porción socialmente más vulnerable de un enorme mercado ilegal global que mueve más de US$ 500,000 millones anuales; por tanto, las acciones en ese ámbito de la ofertason de poco impacto, no cortan el núcleo central del negocio ilícito. Frente a la acción del Proyecto Especial de Reducción y Control de Cultivos en el Alto Huallaga (Corah) en los últimos 25 años, las organizaciones de traficantes han promovido que los cultivos se hayan movilizado territorialmente, en poco más de 10 años, a lo largo del Alto Huallaga, el VRAEM, la Selva Central del Pichis-Palcazú, entre otros lugares. En su gran mayoría, las acciones de desarrollo rural ejecutadas han sido dependientes de la oferta externa y no hanrevertido de forma definitiva la situación de pobreza rural (según el INEI) en las principales regiones productoras de la Selva Alta. La aparición de los monocultivos y el biocombustible constituyen un problema a discutir entre las organizaciones sociales. Por último, la erradicación forzosa ha generado distintas y sucesivas experiencias de conflicto y violencia social. Por ello, se justifica su revisión política, técnica, administrativa y contable, a través del ejercicio del control parlamentario y de los medios, para su definitivocambio, como política de Estado en el Perú.

Su primer fracaso radica en la no afectación mayor que la erradicación tiene en la producción de droga semielaborada y final que demanda el mercado internacional de clorhidrato de cocaína (700 toneladas anuales, WDR). Hoy en día, el factor de las áreas de cultivo de coca (220,000 hás en el mundo en el caso de la coca)son menos importantes que la droga elaborada o semielaborada que se introduce en el negocio ilícito. Más importante entonces es manejar la productividad de la parcela, incrementar la capacidad de extracción y elaboración en la fase del laboratorio. Ese es el producto que compran las ‘firmas’ y ‘carteles’ que trabajan en el Perú.

Segundo, porque ha quedado demostrado la forma cómo los cultivos con uso ilícito se movilizan, dentro y fuera del territorio nacional, según se comporte el mercado y la acción estatal; con mayor razón, al tratarse de un arbusto permanente, con una facilidad de crecimiento y número de cosechas a lo largo de toda la Alta Amazonía peruana y andina. La tabla de cifras anuales de UNODC y USStateDepartment lo confirman(otro problema es la veracidad de sus estadísticas). En la última década, la data disponible demuestra que las acciones de erradicación realizadas por el CORAH, el ministerio del Interior y el NAS norteamericano cumplen sus metas anuales, pero la oferta de PBC es reemplazada territorialmente por extensiones de cultivos más pequeños y fragmentados en nuevas zonas del país; Así:

1)    Ha quedado demostrada su ineficacia, incluso en la región San Martín, donde pretenden mostrarla como un ejemplo de éxito desde el 2001, cuando allí solo fueron posibles los cambios que se muestran y que son ciertos [1]  una vez que las organizaciones del narcotráfico decidieron proveerse (moverlos) hacia el sur, abandonando de forma permanente gran parte del Alto Huallaga.

2)    La erradicación compulsiva y forzosa que se realiza en el Perú desde 1978 debe cambiarse por una política progresiva de reducción concertada con la población en riesgo de ser criminalizada, para reducir los impactos de este proceso de cambio;debe ser paulatina y sostenible en el tiempo, en tres áreas rurales de nuestra Amazonía estratégicas en los cultivos de coca (Selva Central, VRAEM, Sierra de Puno), medibles por nuestras autoridades (control en el proceso de generación de análisis e información sobre drogas), legal en sus fines y procedimientos, y capaz de competir con otros modelos extractivistas.

3)    Otra de las lecciones es que, hoy en día a los traficantes no les importa las extensiones de coca, sino la productividad por hectárea. y la cantidad de hoja seca y de alcaloide que obtienen (pasta).

4)    Aplicar la erradicación compulsiva en una zona complicada como el VRAEM, como lo anuncian las autoridades del Gobierno para el 2014, puede ser un ‘combustible’ que atice la violencia y el descontrol social entre la población rural quechua, mestiza y nativa de la zona, que aun sufre las memorias del conflicto armado de los 80 y 90. Este factor negativo puede ser aprovechado por los grupos armados y delincuenciales, interesados en enfrentar a la población del campo con el Gobierno y las FF.AA. Se pueden producir muchas confusiones en las que dirigentes sociales y representantes de organizaciones sociales pueden ser convertidos en ‘objetivos’ y ser confundidos con los remanentes del conflicto armado.

5)    La erradicación compulsiva de cultivos de coca sin alternativa inmediata, en una zona monodependientede ese producto, es un instrumento que puede llevar a crecientes grados de militarización de una zona que tiene una historia larga de violaciones a los DD.HH de la población campesina. De otro lado, el historial de las relaciones entre los distintos niveles de corrupción y el tráfico ilícito de drogas (TID)  en la Selva Alta es consecuencia de la  absoluta falta del Estado de Derecho en zonas bajo control policial y militar (por ejemplo, poca incautación de insumos químicos, menos en lavado de activos).

6)    La experiencia reciente del proceso de expansión geográfica y militarización del VRAEM, incluido el  intento de construir una ‘pista aérea’ y la firma de un convenio de defensa con EE.UU, indican que además de ello se han producido una serie de problemas y errores en la ejecución de la política de lucha contra el narcoterrorismo, con el saldo de soldados jóvenes muertos, varias víctimas civiles, niños/niñas, propiedad privada afectada y los intereses de la población (Mazángaro, Kepashiato, Sanabamba, etc.).

7)    La lucha contra el TID debe ser esencialmente policial, de inteligencia  y acciones tácticas, como es el caso reciente de destrucción de pistas en la Selva Central, para cortar el corredor de droga hacia el Brasil. Se mantienen las dudas de pensar en el derribo de avionetas, sobretodo con la mala experiencia del 2001.

8)    Desde la perspectiva de la Municipalidad de Samugari, debemos hablar de la reducción pacífica, consensuada, progresiva de cultivos de coca en la región, que debe ir acompañada de recursos frescos, suficientes  y oportunos para que la población actualmente afectada por los cultivos de cocapueda realizar los cambios económicos necesarios para copar mercados locales, provinciales y nacionales.

Nota:

1. Gracias a la convergencia de una serie de variables, la propia trayectoria de la población y sus comunidades y sus organizaciones antes y post conflicto; un efectivo Gobierno Regional con proyectos a largo plazo, el auge económico comercial internacional en el caso del cacao, la presencia masiva de la cooperación internacional y el Estado peruano.