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Una publicación de la asociación SER

Soberanías coloniales: territorio y nación según Geisel y Morales Bermúdez

Foto: Fundación Getulio Vargas

Christian Elguera

5 de noviembre de 1976. El presidente militar brasileño Ernesto Geisel y el General Francisco Morales Bermúdez, presidente peruano, se reúnen a orillas del río Amazonas [1]. El motivo fue celebrar los diálogos de ambos países orientados hacia una integración latinoamericana. En nombre de dicha integración se acordó una mutua cooperación para promover el desarrollo en las geografías amazónicas. Apelando a los discursos del bienestar de las naciones brasileñas y peruanas, ambos mandatarios no dudaron en afirmar sus proyectos de colonización en aquellas tierras, ignorando los derechos de las naciones indígenas que allí moraban [2]. Geisel y Morales Bermúdez eran continuadores de una ideología nacional de raíz eurocéntrica. En ambos casos, la política dictatorial replicaba una visión de mundo marcada por la dicotomía civilización/barbarie.

En un momento, Geisel se lamenta que aún sigan existiendo territorios que no han sido civilizados, lo cual ha impedido esa anhelada integración. Leemos así las siguientes declaraciones: "En verdad, los inmensos espacios vacíos y la aparente inhospitalidad de la selva actuaron como factores de distanciamiento físico entre los vecinos, de modo que el concepto territorial de unidad de la Cuenca Amazónica no llegó a cristalizarse en una idea política común" [3]. Geisel, uno de los principales ideólogos del régimen dictatorial, expresa en esta declaración la violencia de la soberanía nacional en contra de formas ancestrales de ocupar suelos sagrados. Las referencias a lo vacío e inhóspito reproducen un historicismo eurocentrista. Como han apuntado Guha y Chakabarty, Occidente produjo una noción temporal que se basa en la transición, según esta noción existen pueblos que son inferiores porque carecen de niveles de desarrollo, que solo podrán alcanzar cuando se asimilen al sistema mundo-moderno. Geisel, visitando una aldea Terena (Bananal, Sur de Matto Grosso) en 1977, afirmará que “las comunidades indígenas que aún no han logrado un grado de cohesión y desarrollo” son un problema para Brasil.

Volviendo al encuentro de 1976, puede concluirse que para Geisel la solución a dichos problemas era el “concepto territorial de unidad”, es decir, la eliminación de cualquier obstáculo con tal de cristalizar el anhelado desarrollo de los militares brasileños. El dominio del territorio resulta crucial aquí, no solo para consolidar un proyecto económico, sino para ejercer dominio soberano sobre los sujetos indígenas, controlando sus saberes, organizaciones y prácticas culturales. El deseo por administrar esos territorios implica, entonces, un esfuerzo por erradicar cualquier diferencia cultural. Por esto afianzar la idea de nación era clave: un solo suelo, una sola nacionalidad, un solo modo de existir.

En su discurso, Morales Bermúdez fue aún más preciso en lo referente a las poblaciones que ocupaban esos “espacios vacíos” de la Amazonía. Para el gobernante peruano no solo era necesario “integrar” a dos naciones del continente, sino también incorporar a los sujetos indígenas al proyecto nacional, convirtiéndolos en ciudadanos. Así, además de las invasiones que tendrían que ejecutarse para “desarrollar” esas tierras, se planeaba un genocidio cultural con miras a desaparecer cualquier diversidad étnica. Acota Morales Bermúdez: "nuestras regiones amazónicas tienen características ambientales y tradicionales que han condicionado la forma de vida de sus habitantes creando costumbres y expresiones culturales propias y exigen el más atento cuidado al ser incorporados a nuestras sociedades respectivas".

Si bien se reconocen “características tradicionales” no se duda en exterminarlas o controlarlas en nombre de un progreso que se proyecta inminente, incuestionable. Resuena aquí el concepto de “indio permitido” propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui. El modelo nacional planteado por Morales Bermúdez puede tolerar “costumbres y expresiones culturales” amazónicas, siempre y cuando estas no alteren la soberanía militar. Se trata de una nación que permite ciertas tradiciones indígenas, pero que rechaza reconocer cualquier derecho a estos pueblos. Algunas imágenes tomadas en aquella reunión ejemplifica la noción del “indio permitido”. Los habitantes de las regiones amazónicas a los que se refiere Morales Bermúdez son presencias invisibles en el evento. Se puede hablar de ellas, pero no se les permite tomar ninguna decisión sobre sus propias tierras. En contraste, Geisel y su par peruano son enfocados hablando, estrechándose las manos. Uniformes, trajes, copas, destacan en primeros planos.

Presidentes

En otras fotos apreciamos las embarcaciones donde tuvieron lugar los discursos. Ningún sujeto indígena. El paisaje amazónico como fondo decorativo, surcado y dominado por la maquinaria militar. Los presidentes remarcan las distancias: por un lado, el interior de ese navío donde sonríen y pactan, como metáfora de la nación que defienden; por otro lado, un exterior que consideran exótico e inhóspito. Geisel reitera el gesto en su reunión con los indígenas Terena. El periódico Jornal do Brasil (29 de abril, 1977) detalla esta escena: “Mientras que los indios comían un churrasco de 25 bueyes, el presidente Geisel y su comitiva almorzaron, por separado, otro churrasco preparado especialmente por el restaurante Siriema”.

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La decisión de comer en un espacio separado no es solo una anécdota, sino un modo de afirmar la superioridad del dictador, remarcando sus hábitos “civilizados”. Hay que precisar aquí que los militares se atribuyeron a sí mismos un rol civilizador, reiterando una tradición de exterminio que atraviesa las historias indígenas. David Viñas en Indios, ejércitos y fronteras (1982) demostró el rol crucial de los militares en la formación de las naciones chilenas y argentinas, durante el siglo XIX, a costa de invasiones de tierra y aniquilación de las poblaciones mapuche. Dicho discurso decimonónico se actualizó en la reunión del 5 de noviembre de 1976. Podemos así leer estas palabras del jefe de estado peruano: “Depende, ahora, de nuestra propia acción, de la cooperación que ambas partes se dispensen, del impulso continuado y cadencioso que nuestros hombres inyecten a los planes de desarrollo, para que estas tierras fecundas rindan el beneficio de nuestros pueblos”.

La expresión “nuestros hombres” hace referencia a las cúpulas militares al mando, los capacitados para “inyectar” desarrollo a las tierras. La imagen destaca por su violencia: inyectar, perforar, introducir maquinarias en aquellos territorios, sin importar costos de vida. Morales Bermúdez es fiel aquí a los principios de una nación colonizadora. Al respecto, el escritor César Calvo Soriano, en entrevista con Roland Forges, no dudó en decir sobre este gobernante: “él es leal con su destino de traidor, es leal con su clase social opresora, canallesca y cobarde”. Recordemos que en el Decreto Ley 21678 (3 de noviembre de 1976), Morales Bermúdez establecería el canon petrolero de Loreto, medida que no tendría otro objetivo que acelerar la explotación de recursos naturales en la zona [4].

Para que naciones como Perú y Brasil obtengan beneficios financieros resultaba indispensable dominar esas geografías distantes, exterminar o integrar a sus habitantes. La palabra clave aquí es “rendir” en su doble sentido: unos tienen que rendirse, doblegarse, para que otros disfruten del rendimiento o productividad de esas “tierras fecundas”. En el discurso de ambos mandatarios se aprecia, por un lado, a las naciones victoriosas, militarizadas, civilizadas. Por otro lado, sus palabras mencionan, subrepticiamente, casi de manera aleatoria, el destino de las naciones derrotadas: óbices que deben ser superados, derechos que deben ser negados, soberanías que deben ser vigiladas. Al respecto, el pensador aymara Fausto Reinaga escribió una frase que resume el común denominador de las naciones latinoamericanas en su explotación de las tierras y poblaciones indígenas: “La republica no altera nada, todo lo contrario, ahonda el abismo”.

Notas

[1] Este encuentro formó parte de la campaña de Geisel por consolidar el “Tratado de Cooperación Amazónica”. Dicho documento sería firmado el 3 de julio de 1978 por los siguientes países: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Surinam (Vid. Landau, George. The Teatry for Amazon Cooperation: A Bold New Instrument for Amazon Development. Georgia Journal of International and Cooperative Law, vol.10, no 3, 1980).

[2] En Brasil, el dictador Emílio Medici decretó la Lei 6001/73, también conocida como Estatuto do Índio, que imponía la soberanía nacional sobre las tierras indígenas en 1973. El artículo 22 de este documento remarca: “As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União”. De esta manera, dicha ley reafirmaba el Capítulo I, artículo 4, inciso IV, de la Constitución de 1967, que decretaba que los territorios nativos eran propiedad de la nación brasileña. En Perú, el General Juan Velasco Alvarado, entonces presidente peruano, promulga en 1974 el Decreto-Ley Nº 20653 o “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva”. El objetivo de este decreto fue promover la explotación de las tierras amazónicas para desarrollar la economía nacional. Así, el artículo 28 establece: “Las tierras de las regiones de Selva y Ceja de Selva se usarán en armonía con el interés social”.

[3] La existencia de espacios vacíos e  inhóspitos, que son necesarios aprovechar económicamente, ha sido un argumento que ha justificado la invasión militar de las tierras indígenas en Brasil, desde el periodo de D. João VI, en 1808-22, al declarar la ley de “Guerras Justas” contra las poblaciones indias de Minas Gerais y São Paulo.

[4] No fue hasta 1978 que Loreto comenzaría a recibir el pago del canon petrolero, beneficiándose, en especial, las elites de la región (Cfr. Abad González, Luisa. Etnocidio y resistencia en la Amazonía peruana. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003). Esta resolución, además, será la base de la llamada “Ley Kuczynski” (Ley 23231), aprobada durante el gobierno de Belaunde, y que daba carta blanca a empresas y personas naturales para la explotación y exploración de hidrocarburos en el país.