Skip to main content
Una publicación de la asociación SER

¿Será el peritaje una salida?

Los resultados del peritaje sobre el EIA del proyecto Conga pueden resultar siendo más importantes de lo que originalmente pensábamos. Según las recomendaciones que brinde,  pueden servir para fortalecer las posiciones más recalcitrantes que existen respecto al desenlace de este conflicto o, en su defecto, pueden abrir una nueva oportunidad para que, quienes apostaron por el diálogo como vía en el tratamiento del conflicto, retomen la iniciativa y el liderazgo.

Luego de la declaratoria del Estado de Emergencia y la caída del gabinete Lerner, el escenario alrededor de Conga ha estado ocupado principalmente por las posturas más duras que demandan el pronto inicio del proyecto o que este no se realice de ninguna manera. Frente a frente están “Conga sí” y “Conga no va”.

En el caso del gobierno, este endurecimiento ha llevado a que muchos sostengan que el futuro político del ministro Valdés está vinculado al desenlace de este conflicto. A la vez, la inflexibilidad con que el gobierno ha manejado hasta la propia realización del peritaje –medida que en teoría debía servir para crear un espacio de distensión- sirvió para cohesionar a todos los sectores críticos del proyecto y a que se ahondará la distancia entre las partes en conflicto. Además la decisión de trasladar a efectivos de las Fuerzas Armadas a Cajamarca para el paro regional del miércoles 11 de abril,  sirvió principalmente para que se pusieran en segundo plano las diferencias que existen entre quienes lideran el movimiento.

En estas circunstancias, si el peritaje concluye respaldando el proyecto tal cual está diseñado y propone modificaciones menores, reforzará estas posiciones más duras. Yanacocha podría presumir de la calidad del EIA, el gobierno posiblemente repetiría su slogan “oro y agua” y quienes se oponen a la mina, habrían confirmado que era una ingenuidad esperar algo especial de este informe. Si esto sucediera, el informe no ayudaría a abrir nuevas puertas ni a identificar otras opciones, por consiguiente, el escenario  futuro se oscurece y la imagen de un proyecto minero que va adelante con la protección de efectivos militares podría no ser un desenlace de una mala película, sino el camino de quienes piensan que si Conga no sale el país se va al despeñadero.             

En cambio, si el peritaje plantea opciones distintas, que impliquen  la reducción de impactos,  el rediseño del proyecto, el desarrollo de aspectos claves del EIA y la necesaria postergación del inicio del mismo, en la práctica significaría un espaldarazo a quienes desde los movimientos/sociedad civil, el Estado y las empresas coinciden en que hay que mejorar/cambiar los procedimientos y sistemas de evaluación ambiental, incorporando en las decisiones relacionadas a los grandes proyectos, criterios de carácter territorial e involucrar a las autoridades y poblaciones no sólo de las áreas más cercanas. Es decir, en este escenario las recomendaciones relacionadas a este proceso particular podrían reforzar la necesidad de que el gobierno, si quiere que estas situaciones no sigan repitiéndose, asuma, de una vez por todas, la necesidad de modificar políticas y reforzar instituciones relacionadas a la actividad minera.

Si el peritaje se orienta a proponer reformas importantes al proyecto, obligaría a quienes desde el gobierno querían que este se iniciara en marzo sí o sí a esperar a que exista un nuevo diseño y este sea aprobado. También debería llevar a que los sectores democráticos que han sido un actor fundamental de la protesta analicen detenidamente las recomendaciones, evalúen su consistencia técnica y las consecuencias sociales y políticas de mantener una postura de resistencia cerrada a un proyecto reformulado. Esto último también ayudaría a quienes somos críticos a la actividad minera tal como se ha desempeñado en los últimos 20 años a presentar ante la opinión pública cuáles son las condiciones que consideramos adecuadas para su realización.