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Una publicación de la asociación SER

SEDACAJ debe ponerse a trabajar

Nuestras autoridades de Cajamarca se reunieron esta semana en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para destrabar proyectos de agua potable y saneamiento de la región. Corresponde dar nuestro punto de vista sobre lo que podría hacer la EPS de Cajamarca para mejorar, y descartar la posibilidad de privatizar el servicio.

El agua potable es un derecho humano, el cual debe ser asegurado por el Estado y debe darse en buenas condiciones. Además tiene que ser asequible, es decir debe ser un servicio público que el Estado da a un precio que no supere el 3% del ingreso familiar según el PNUD.

El Estado, a través de las empresas públicas, ha demostrado que no cuenta con la capacidad económica, ni técnica para abastecer a toda la población con agua potable, y que el positivismo y la legalidad, no son suficientes para cubrir las necesidades de la ciudadanía, sino que se necesita mucho más.

El Tribunal Constitucional, mucho antes de que se constitucionalice el derecho al agua potable, ya se había pronunciado sobre el tema en diferentes sentencias señalado que “el derecho fundamental al agua potable es un derecho de naturaleza prestacional, cuya concretización corresponde ser efectuada por el Estado, a través de empresas concesionarias” (Derecho fundamental al agua potable, 2011). Es interesante que el TC se haya pronunciado sobre la concretización del mismo y señale que debe asegurarse este derecho a través de “empresas concesionarias”, con ello hace suponer que el Tribunal de manera implícita indica que debe asegurarse a través de terceros, y no de una empresa pública.

La legislación que regula los servicios de saneamiento señala en su artículo 6 que “Los servicios de saneamiento en el ámbito urbano deben ser prestados por entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes en adelante se les denominará “entidades prestadoras”, constituidas con el exclusivo propósito de prestar los servicios de saneamiento, debiendo éstas poseer patrimonio propio y gozar de autonomía empresarial, funcional y administrativa”. Es decir, el Estado no restringe la posibilidad de brindar este servicio solo a la empresa pública, sino que da la posibilidad de que lo pueda ejecutar un tercero.

Sin embargo en el Perú, la mayoría de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento son empresas públicas - a excepción de ATUSA en Tumbes (Miranda, 2019)- que “no tienen criterios de eficiencia en sus operaciones, las inversiones se realizan por transferencias del Gobierno Central” (Espinosa, 2016)  y no logran brindar el servicio adecuado. Esto sería una justificante para que un “tercero privado” pueda brindar el servicio, pues más que una limitante legislativa, el no intentar otras modalidades de brindar el servicio público, es un tema de decisión política - económica, que puede desencadenar un conflicto social.

El problema de la calidad y escasez del agua en Cajamarca no es sólo responsabilidad de SEDACAJ, sino también de las operaciones de las empresas mineras ubicadas en las cabeceras de cuenca; esas que aportan a las divisas, pero que han generado externalidades negativas para la población, pues han producido la disminución del recurso.

Ahora bien, para pensar una forma diferente en la planificación de la gestión del agua potable, y pensar en otros escenarios, es pertinente tener en cuenta que el recurso hídrico es escaso, necesario para vivir, y que la demanda siempre irá en aumento. ¿Qué puede hacer el Estado ante esto?

La población necesita agua. Para obtenerla, se requiere captar el recurso de nuevas fuentes, posiblemente más alejadas, lo que implica mayor gasto para la EPS, tanto para la captación como para el tratamiento. Esto podría solucionarlo un tercero, que tenga el capital para hacerlo, y brindarnos un mejor servicio. Pero ¿es la única salida? ¿Qué otras alternativas tenemos?

Privatizar el servicio de agua potable, significaría que el Estado no tenga el monopolio natural del servicio. La “nueva” empresa podría aumentar la cobertura, y para que no tenga pérdidas tendría que vigilar las fugas y conexiones clandestinas, así su margen de utilidad aumentaría en comparación a lo que actualmente percibe la EPS, pero esto puede generar una nueva falla en el mercado que afecte directamente a la ciudadanía. Por ejemplo, la generación de un monopolio legal, por las pocas empresas que puedan presentarse a un proceso de selección o concesión para brindar el servicio público; y el alza en los costos del servicio, vulnerando gravemente el derecho al acceso al agua potable, y por tanto al derecho a la salud, integridad y vida digna.

Ahora bien, en un contexto como el de nuestra región, concesionar el servicio del agua, generaría un conflicto social que difícilmente pueda controlar el Estado peruano, porque la población no sólo se manifestaría contra SEDACAJ, sino también contra las empresas mineras, a quienes se les responsabiliza por la escasez del recurso, generando una crisis económica general.

En ese sentido lo que SEDACAJ debería hacer para mejorar el servicio, es asegurar las zonas de recarga hídrica, elaborar un Plan de mejora en la red troncal y secundaria, realizar capacitaciones para el buen uso de las instalaciones y del recurso, y elaborar un Plan de inversiones, y en general acoger propuestas de investigaciones que se han efectuado en las universidades, recomendando las mejoras para la empresa como “cumplir con todos los indicadores de gestión para obtener beneficios económicos ” (Rojas Idrogo & Vásquez Leiva, 2016). Es decir trabajar como una verdadera “empresa”.