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Una publicación de la asociación SER

¿Región Metropolitana Lima – Callao?

Paradojas y deudas pendientes de la descentralización

Acaso todo pueda ilustrarse con un equívoco. Alejandro Toledo, entonces presidente del Perú, llamó a los cajamarquinos a votar por el sí en el referéndum y anunció que él haría lo propio en Lima. Era octubre de 2005 y el mandatario hacía mención al referéndum que buscaba integrar a 16 departamentos del país en cinco unidades políticas. El problema con entusiasta llamado del presidente, sin embargo, era que ni Lima (donde él supuestamente votaría a favor) ni Cajamarca (a cuyos ciudadanos encomió a marcar el sí) participaban en la consulta.

¿Era posible un proceso de descentralización de mayor improvisación cuando el propio jefe de estado que lo impulsó desconocía uno de sus aspectos más esenciales? Alejandro Toledo ganó las elecciones presidenciales de 2001 con tres promesas centrales: democratización, lucha contra la corrupción y descentralización política, pero solo cumplió con la primera (una herencia de Valentín Paniagua). El referéndum de 2005 – en el cual la abrumadora mayoría de ciudadanos optó por el no – cerraba un proceso de equívocos constantes que se inició el 28 de julio de 2001, cuando en su toma de mando Toledo anunció la convocatoria a elecciones regionales para el año siguiente.

Gran inconveniente, pues las regiones habían sido eliminadas durante el quiebre constitucional del 5 de abril de 1992 y las únicas que quedaron en pie fueron las históricas divisiones departamentales. Las preguntas que se desprendieron de este anuncio eran múltiples: ¿Qué clase de autoridades elegirían los peruanos en 2002? ¿Cuál serían sus funciones y ámbitos geográficos? Más elemental aún, ¿cuáles serían las regiones? La respuesta del gobierno fue la más fácil y, a la vez, la más absurda, pero que con el paso de los años parece inamovible: los departamentos constituirían las regiones hasta que, a través de referéndum, se unifiquen dos o más departamentos. Es decir, se dejó lo importante para más tarde.

Así, más de 15 años después de que el congreso aprobase la Ley de Bases de la Descentración continuamos con 25 gobiernos regionales y una municipalidad provincial con competencias análogas (Lima Metropolitana). Durante este mismo periodo fueron creados 43 distritos, abonando a la extrema fragmentación del ámbito local. ¿Sufre nuestro país una especie de efecto Humpty Dumpty, donde lo quebrado ya no se puede reconstituir?

El imaginario nacional, que divide entre “capital” y “provincias”, suele situar la descentralización como una demanda provinciana. Acaso por este motivo la élite limeña ha prestado limitado interés a la descentralización a pesar de involucrar un aspecto esencial para la gobernabilidad: el ordenamiento político del territorio.

Visto así, no resulta tan paradójico que las manifestaciones más críticas del fenómeno Humpty Dumpty se observen en el departamento de Lima, un área dividida en tres gobiernos regionales: Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias; esta última, una de las más desarticuladas del país. Como en una ocasión me comentó un exgobernador, la región se encuentra “interrumpida por la muralla que constituye Lima Metropolitana”. En efecto, parece un despropósito que Cañete se gobierne desde Huacho, cuando la primera se encuentra integrada al circuito de ciudades de la costa iqueña y la segunda a Chimbote. ¿Cuál es el sentido de tener una región cuyas zonas sur y norte pertenecen a circuitos regionales distintos?

Los absurdos, lamentablemente, no acaban con este tipo de ejemplo. Desde hace décadas Lima y Callao son parte de un solo espacio conurbano, sin embargo, lo que en efectos prácticos es una misma ciudad es administrada por tres unidades políticas: la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao ¿Es posible gobernar una ciudad que presenta tal división política? Un ejemplo práctico de este tinglado es el problema del transporte, donde los esfuerzos de reforma impulsados por Lima Metropolitana han sido consistentemente boicoteados por las administraciones chalacas.

La respuesta a este problema en particular ha sido la creación de la Autoridad Única del Transporte para Lima y Callao (ATU), con participación directa del gobierno central. Sin embargo, lo novedoso de este mecanismo no consiste en la centralización que supone (asumida parcialmente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) sino su alcance territorial. Dicho esto, la pregunta se cae de madura ¿No necesitan Lima y Callao una planificación integral de todas las políticas urbanas, no solo la del trasporte? Es decir, ¿no una ATU sino un único gobierno metropolitano de Lima y Callao?

En pocos días asistiremos nuevamente a las urnas para manifestarnos sobre aspectos políticos sustanciales, como la reforma del sistema de justica, la bicameralidad y el financiamiento partidario. Queda pendiente expresarnos sobre el futuro de la descentralización sin las premuras e improvisación de la década pasada. No volvamos a dejar para luego lo importante.