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Una publicación de la asociación SER

¿Qué está pasando en la ONPE?

En la Junta de Portavoces del Congreso de la República se están debatiendo dos proyectos de ley para afrontar la aparente situación crítica de la ONPE, entidad que, como todos sabemos, viene organizando las Elecciones Regionales y Municipales del 7 de octubre.

En efecto, desde que se produjeron las denuncias de favorecimientos a una organización política, y de la abdicación del señor Castillo a sus funciones de Jefe en favor de un asesor, en la ONPE se desató un período de incertidumbre, que afectó el corazón de su dinámica cotidiana basada en la confianza.

Producida la decisión del agónico Consejo Nacional de la Magistratura de suspender al señor Castillo Meza el pasado 19 de julio, la institución en ningún momento quedó acéfala, pues, en concordancia con el segundo párrafo del artículo 15° de la Ley Orgánica de la ONPE, asumió el mando el señor Roa Ojeda como secretario general encargado de la Gerencia General, y todos los gerentes nombrados por Castillo pusieron sus cargos a disposición. En su calidad de Jefe interino, el señor Roa nombró al señor Manuel Cox Ganoza como Gerente General mediante Resolución N° 134-2018-JN/ONPE publicada en El Peruano el 24 de julio y seguidamente nombró como gerentes a tres ex funcionarios de la ONPE y encargó otras gerencias a los subgerentes de carrera, mediante resoluciones publicadas en el diario oficial el 25 de julio. Siguiendo la aplicación del mismo artículo 15° de la Ley de la ONPE, según informe de la Gerencia de Asesoría Jurídica, le correspondió asumir provisionalmente el cargo de Jefe interino el Gerente General nombrado.

Cuando el señor Cox en su calidad de Jefe interino se dirigió a los 500 trabajadores de la sede central el pasado lunes 30 de julio, justamente, se refirió al problema de la desconfianza ciudadana y se comprometió en trabajar duramente para restituirla y señaló, como prueba, las decisiones que se habían tomado con el nombramiento de los nuevos gerentes, lo que recibió la aprobación y el aplauso de los trabajadores que saben hacer elecciones. Sin duda, una muestra de confianza. Es decir, en medio de la crisis, en medio de un complejo trabajo de organización de las próximas elecciones, la ONPE ha sabido dar la continuidad institucional que los peruanos merecen.

Por eso, aunque resulta positivo que el Congreso de la República quiera modificar la Ley Orgánica de la ONPE para afrontar futuras crisis, sin embargo resulta contraproducente por extemporáneo que quiera modificar lo ya andado introduciendo nuevamente factores de incertidumbre e inestabilidad que esta vez sí, afectarían definitivamente la normal realización de las elecciones de octubre, dado lo avanzado del calendario electoral. Además, las normas, como se sabe, rigen a partir de su publicación y no tienen efecto retroactivo. Así sería si se desconociera al actual jefe y cesara a los nuevos gerentes o se cortaran contratos CAS y de locadores ya comprometidos en el desarrollo de las miles de tareas encargadas para el 7 de octubre. Tres o cuatro días de parálisis administrativa en la cúpula de la ONPE sería fatal.

Expertos señalan que ambos proyectos de ley tendrían el vicio de legislar ad hominem, es decir con nombre propio (lo que está prohibido por el artículo 103 de la Constitución), pues están desconociendo al actual Jefe interino y proponiendo un nombramiento que sólo podría recaer en algunas personas.

Lamentablemente estos proyectos abonan en favor de la incertidumbre e inestabilidad al interior de la ONPE, justo en el momento en que ya ha comenzado la normalización de su manejo institucional y a recuperar, internamente, la confianza.