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Una publicación de la asociación SER
Psicólogo con maestría en Sociología.

Profesionales de segunda

Para ser un buen juez son necesarios los conocimientos del Derecho y de las leyes; sin embargo, estos no son suficientes. Esos saberes no obran maravillas si el sujeto no tiene una clara conciencia moral; es decir, si no discierne entre el bien y el mal, y con firmeza se compromete con el primero; si no tiene madurez y objetividad para diferenciar las intenciones de las conductas; si carece de empatía para ponerse en los zapatos de los acusados y de los acusadores; si no muestra tolerancia en vez de fanatismo; y si no se mantiene en contacto vivo con la realidad social del medio en el que se desenvuelve. 

Si esas son las características que debe tener un juez, cuánto más no debieran ser las virtudes de los que los elijan o sancionen. Pensando en esto seguramente, los constituyentes de 1993 dispusieron la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, un alto tribunal que garantizara la plena autonomía de jueces y fiscales, dejando atrás el nombramiento y la dependencia que tenían del poder político. Este Consejo, como es sabido, se encarga de seleccionar, nombrar, ratificar, investigar y sancionar a jueces y fiscales, tomando en cuenta, con la mayor objetividad posible, los méritos y deméritos de los examinados.

Para ello, y diferenciándose aquí de entes similares de América y Europa, y contra la cerrada oposición de Enrique Chirinos Soto, introdujeron la novedad que tres de sus siete miembros fueran elegidos por la capa más instruida de la ciudadanía, es decir, por los integrantes de los colegios profesionales. Pensaron, además, como muchos, que la administración de justicia es un asunto demasiado delicado, como para quedar exclusivamente en manos de los abogados, así que decidieron que dos de los consejeros fueran “elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país” (Art. 155° de la Constitución). Así, pues, quedó abierta la posibilidad de integrar a dos consejeros de “instituciones representativas del sector laboral y del empresarial”.

 Y así se ha hecho desde el año 2000. Sin embargo, la capa más instruida y culta de la ciudadanía parece poco interesada en influir en algo para mejorar la administración de justicia de la que tanto se queja. Si se toman las cifras de participación en esas elecciones, se tiene que en el año 2005, en las ocho ciudades con mayor cantidad de profesionales: Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica e Iquitos, el promedio de asistencia a votar fue del 53.2% entre los abogados y del 43.4% entre el resto de profesionales. Algo mejoró la participación en el 2010, en las mismas ciudades: El 67% de abogados fue a votar, mientras que solo el 50.4% de los demás colegiados acudió a sufragar. La asistencia a las elecciones generales y municipales registra en promedio un 85%.

Sin embargo, los opositores a la participación de los representantes de los no abogados en el Consejo no se quedaron con los brazos cruzados, y pronto sembraron la discordia entre Colegios grandes y Colegios pequeños, y lograron que la Ley 29521, promulgada el 22 de abril del 2010, cambiara las reglas de juego, mellando los derechos de un millón de profesionales. Así,  la ley aprobada con los votos del aprismo, del fujimorismo y de la oposición del nacionalismo manda que, en vez de escoger directamente a dos consejeros, “los agremiados hábiles de cada colegio profesional eligen a su delegado-candidato, quien, a su vez, reunido con sus pares en Asamblea de Delegados, eligen a los consejeros entre ellos, quienes deben pertenecer a colegios profesionales diferentes”.

Si los miembros del Tribunal Constitucional no lo advirtieron, aquí había una restricción del derecho reconocido por la Constitución a los profesionales de Colegios distintos a los Colegios de abogados, los que resultan, en buena cuenta, profesionales de segunda clase; la aplicación de la ley lo está dejando perfectamente claro.

Veamos: Para estas elecciones, que deben realizarse en abril, mayo y junio, y a la que la gran prensa no le está prestando atención, de conformidad con el Reglamento Electoral aprobado por el CNM, tanto los 30 Colegios de abogados del Perú, como 45 Colegios del resto de profesiones presentaron sus padrones ante la ONPE. La Resolución Jefatural N° 038-2015 de la ONPE, del 7 de febrero, fijó la cifra del 5% de firmas requeridas por los eventuales candidatos, y señaló que 919,801 eran los profesionales colegiados no abogados que figuraban en los padrones de 41 Colegios. La ONPE sabiamente admitió los padrones de los dos Colegios de Profesores, cuyas dirigencias están en una interminable disputa judicial, para no afectar el derecho de 521,000 profesionales de la educación, y lo mismo sucedió en otros casos. En cambio, voluntariamente decidieron no entregar sus padrones los dirigentes de los Colegios de trabajadoras sociales, periodistas, sociólogos, arqueólogos, bibliotecólogos y traductores, entre otros.

Sin embargo, cuando en el plazo señalado sólo fueron presentados 20 candidatos pertenecientes a 15 Colegios, automáticamente quedaron fuera de la elección los profesionales pertenecientes a los 26 Colegios que no tenían candidatos, pues, ¿a qué elección van a acudir si no tienen candidatos?

Pero la cosa no queda allí. Los 11 postulantes que han visto aprobado su expediente mediante la RJN° 097-2015-J/ONPE, del 14 de marzo, pertenecen a diez Colegios. Por  tanto, de 41 Colegios, sólo participarían institucionalmente los afiliados a diez de ellos, y sólo están invitados a ejercer su derecho a elegir a su representante 107,957 profesionales, si es que no tachan a alguno de los candidatos, por lo que sus colegas no estarán convocados y esa cifra disminuiría. Como se ve, una merma de 88.3%.

Tal como se van desarrollando los acontecimientos, en el mes de junio, la Nación puede ser testigo del cuadro surrealista -si no tragicómico- de ver una Asamblea de Delegados con el encargo de llevar a cabo una elección tan delicada, en manos de una decena de delegados-candidatos que no están obligados a presentar su hoja de vida y sin que hayan demostrado que poseen más virtudes que los jueces que pretenden elegir. No sólo múltiples empates pueden aparecer, sino la tentación del toma y daca, que luego la gran prensa hipócritamente criticará.

Los ciudadanos a los que nos preocupa la administración de justicia no podemos callar ante tamaño abuso perpetrado por la Ley 29521 y esperamos que los magistrados del Tribunal Constitucional, tampoco lo hagan. No importa que la mayoría de profesionales no acuda a votar o eche por el caño de desagüe la bonanza económica de estos últimos años, afanada en comprarse camionetas 4 X 4. No importa, la historia y las generaciones que vienen los juzgarán.