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Una publicación de la asociación SER

Primarias, internas, simultáneas, competitivas y obligatorias

Foto: El Comercio

Alfredo Quintanilla

Cuatro bancadas han expresado su voluntad de formar la primera directiva del nuevo Congreso y el compromiso dar prioridad a la reforma política y electoral. Hay que darles el beneficio de la duda. Pero para hacerlas viables, es necesario aprobar enmiendas urgentes, entre otras, al texto de la Ley N°30998 que modificó la Ley de Organizaciones Políticas creando las Elecciones Internas, además de las Elecciones Primarias, como pasos previos a las elecciones del 2021.

Como se recordará, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propuso que antes de las Elecciones Generales, a semejanza de las PASO de Argentina, fueran convocadas las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de los candidatos de los partidos que competirán en las elecciones de abril del 2021. La propuesta precisaba que dicho proceso electoral sería organizado por la ONPE, con padrones proporcionados por el RENIEC y fiscalizado por el JNE, el que, además, resolvería las controversias que se suscitasen. Estarán obligados a concurrir todos los ciudadanos, aunque no simpaticen por ningún partido ni se interesen por la política. Por último, sólo podrían inscribir a sus candidatos para las elecciones generales los partidos que hubieran obtenido, al menos, el voto del 1.5% de los sufragantes en las últimas elecciones de carácter nacional, lo que equivaldría a 275,536.

Sin embargo, esa propuesta, que fue asumida por el gobierno y enviada al Congreso, sufrió variaciones en el debate congresal, de tal manera que cuando fue aprobada la Ley N° 30998 y sin observaciones, promulgada por el gobierno el 26 de agosto del año pasado, a más de las elecciones internas, aparecieron las elecciones primarias, ambas como pasos previos a las Elecciones Generales de abril. ¿Y cuál es la diferencia? Que primero se hacen las elecciones internas sin la ONPE ni el JNE, con sólo la concurrencia de sus militantes y de acuerdo con sus estatutos y reglamentos. En cambio, las primarias serían organizadas por los organismos estatales, con financiamiento público y según el calendario fijado por el JNE.

¿Y cuál sería el problema u objeción? Que las elecciones primarias organizadas por el Estado dejarían de ser competitivas, pues cada partido presentaría la lista “ganadora” de sus internas, elecciones que nadie observó siquiera y que podrían seguir siendo una pantomima, como lo fueron la mayoría de las elecciones de esos cascarones a los que llamamos “partidos”. Por otro lado, sería un gasto insulso pues sería como un adelanto de las elecciones de abril, como una gran e inútil encuesta que debieran financiar los partidos y no el Estado con la plata de todos los peruanos. Por último, si se toma en cuenta que suman 10 millones de ciudadanos los que no acudieron a los centros de votación en enero, anularon sus votos o votaron en blanco, se corre el riesgo de que casi todos no reciban ese número mínimo de votos, lo que nos llevaría a una crisis de mayor envergadura y de desenlace incierto.

Como seguramente los más duchos de los nuevos congresistas han advertido este último peligro, estarán interesados en modificar la norma, aunque lo más conveniente sería hacer unos retoques, tal como aconseja el experto Fernando Tuesta. A mi modesto entender, las elecciones previas debieran fusionarse en unas elecciones primarias internas, simultáneas, competitivas y obligatorias. Las candidaturas deben dejar de ser producto de caballazos, sorpresas, arreglos bajo la mesa o compraventas de puestos, para que los políticos recuperen en algo el respeto ciudadano. Las elecciones primarias deben ser organizadas por el Estado, obligatorias para todos los partidos, en una misma fecha, para evitar que la desorganización de los partidos las hagan fracasar y para garantizar que no haya mangoneos, sino participación y competencia clara. Deben ser internas en el sentido de que sólo los dos millones de afiliados de todos los partidos sean los convocados y ellos elijan a los mejores de sus compañeros y no al que puso más plata o más buses, almuerzos y propinas. Eso costaría muchísimo menos al Estado que las primarias propuestas por la Ley 30998 que serían equivalentes a las elecciones generales o municipales. Pero eso sí, debe exigírseles que acudan a elegir al menos la mitad más uno de sus afiliados, mientras que los funcionarios públicos se deben encargar de hacer cumplir estrictamente las leyes electorales. Ya, más adelante, cuando el sistema de partidos se fortalezca, podremos pensar en tener primarias como las que se realizan en Uruguay o Argentina.