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Una publicación de la asociación SER

“Porque lo ofrecí en campaña”

Foto: Andina

Mirtha Vásquez. Congresista de la República

Uno de los episodios de las Fabulas de Esopo, cuenta como éste le pide la libertad a su amo Janto, y él responde que solo se la daría si los dioses le mandaban una señal: encontrar dos cornejas juntas (signo de gran fortuna entre los antiguos griegos); por lo que Esopo salió al bosque en su búsqueda, y creyó que grande era su suerte, pues encontró dos cornejas juntas. Corrió a avisarle al amo, pero cuando éste llegó solo encontró una. Entonces Janto envió a azotar a Esopo por intentar engañarlo, no creyó en su verdad y mientras ordenaba el castigo, el amo recibió una invitación para un festín.  Esopo reflexiona entonces ¿cuán engañosa puede ser la fortuna?, pues al que vio las dos cornejas le tocó el castigo, y al amo que solo vio una, lo invitaron a un festín.

Esta fábula vino a mi mente ahora, después de una semana compleja, en la que luego de cuestionar la práctica de los políticos tradicionales para legislar, la opinión pública me azotó y lejos de entender mi afirmación como una denuncia de la realidad, la tomaron como una exaltación a mentir, a no cumplir con el pueblo y a burlarse de las promesas políticas.

Todo se originó durante los debates de la Comisión de Constitución sobre la inmunidad parlamentaria, figura que en estos últimos años ha servido de mecanismo de impunidad para políticos delincuentes. Entonces, había que encontrar la manera de evitar que se siga perpetuando como tal. Varios constitucionalistas fueron convocados para dar su opinión y la mayoría advirtió sobre la importancia de realizar una reforma, pero no la eliminación de este mecanismo, que corregido y con suficientes modificaciones legales debe cumplir una función muy importante de garantía para la labor de fiscalización del Congreso. Sin embargo, a pesar de todos estos análisis y de las propuestas de reforma presentadas, dentro de las cuales estaba también la mía, la posición final de la mayoría de la Comisión fue eliminar totalmente la inmunidad. Ante ello, llamó mi atención y preocupación que el único argumento, para justificar esa posición, fuese: “lo hemos ofrecido en campaña”.

Es en ese contexto, que reaccioné de manera rápida, y tal vez premunida de cierta ingenuidad, pero mi intención era llamar la atención, advertir sobre una decisión que a la luz de la Constitución, la razonabilidad y la ética parlamentaria, no parece ser la más adecuado; y planteé que las normas no debieran aprobarse solo en función a lo ofrecido en las campañas políticas, sobre todo en un contexto como el nuestro en que cualquier cosa se promete.  Mi posición estaba fundada no solo en el recuerdo de los hilarantes, inviables y múltiples ofrecimientos que había oído durante la campaña- muchos de ellos promovidos por el perverso cálculo político o por la ignorancia sobre la función legislativa-, sino mi (de)formación jurídica que me lleva a evocar a filósofos como Rousseau de quién claramente recordaba la frase respecto a la función del legislador  ”que las leyes no deban ser hijas de sus pasiones”.  En fin, el cuestionamiento me sonaba válido para provocar una discusión que nos lleve al análisis de cómo deben aprobarse las leyes, trascendiendo al simple argumento facilista de “fue una promesa de campaña o el pueblo lo pide”, para pasar al debate jurídico, deliberativo y programático respecto a la pertinencia de las decisiones que estábamos tomando.

No es la primera vez que expresó esta postura, lo hice desde el principio, internamente en mi bancada, apenas iniciado el trabajo legislativo, cuando frustradamente veía como este Congreso, por amplia mayoría, aprobaba una cantidad de normas -sin reflexión alguna-  ajenas a la racionalidad jurídica, con el trillado argumento “lo ofrecimos en campaña”.  Así se aprobaron leyes como la que legaliza los peligrosos transportes de taxi-colectivo, o los dictámenes para congelar deudas. Lo más exagerado fue lo que presenciamos el domingo en la noche, cuando en una actitud apresurada, sin análisis, sin debate, y motivada por la confrontación con el Poder Ejecutivo, el Congreso aprobó un dictamen de reforma constitucional carente del raciocinio mínimo, que termina poniendo en riesgo todo nuestro sistema institucional y el balance de poderes. Así de manera express, en menos de una hora, no solo aprobó sin más, quitar la inmunidad parlamentaria, sino que se dejaba sin ningún mecanismo de protección a instituciones importantes para la defensa de los derechos fundamentales y la ciudadanía como son la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, así como al Presidente de la República y sus ministros. Fueron cinco artículos constitucionales modificados sin debate alguno, y mi voto fue en contra.  La aprobación de la amplia mayoría cerrada con aplausos y la conocida frase “fue promesa de campaña y la cumplimos, esto es por el pueblo”. 

Gustavo Zagrebelsky en su texto clásico de Filosofía Política del Derecho, nos habla de apelar a la “democracia crítica” para demostrar que existe una mal llamada democracia, degenerada en la peor de sus versiones, que se erige ensalzando al pueblo, solo para poder utilizarlo como ciego y pasivo instrumento. Entre esta realidad parlamentaria, que a veces parece una distopía, y lo que aspira un parlamentario que quisiera actuar de manera no demagógica, queda la gente y sus aspiraciones. Qué duda cabe que en cualquier ámbito de la vida es indispensable cumplir con la palabra empeñada y respetar los compromisos sobre todo con el pueblo, sin embargo ello no debiera significar claudicar a la responsabilidad, la objetividad y la ética. En el ámbito político y legislativo, supone no avalar y justificar promesas carentes de razonabilidad y honestidad.

De  ninguna manera planteo volver a la tradicional forma de hacer política, ignorando al elector, y menos engañándolo y burlando su confianza, tengo un profundo respeto por el pueblo y mi historia de vida así lo demuestra. Sin embargo, exijo encontrar formas de cumplir con un rol tan importante como legislar, buscando un equilibrio entre lo prometido y lo posible, lo ofrecido y lo necesario, entre lo que exige la población versus lo que realmente la ayuda. No hay nada más afortunado que hablar con la verdad, aunque como al buen Esopo, te cueste el castigo.