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Una publicación de la asociación SER
Pontificia Universidad Católica del Perú

Política de memoria y reconocimiento

“Ódiame por piedad yo te lo pido
ódiame sin medida ni clemencia
odio quiero más que indiferencia porque
el rencor hiere menos que el olvido…”

Ódiame, vals peruano letra de Federico Barreto

Vuelvo sobre caminos recorridos pero no acabados. Vuelvo sobre un tema que entra en el discurso público en momentos álgidos, como campañas electorales, y después se desvanece como sus propias víctimas y desaparecidos. Vuelvo e insisto en la necesidad de una política de memoria y de reconocimiento, la necesidad de asumir compromisos políticos. Desde el Estado uno parece encontrar políticas de memoria. Está el Programa Integral de Reparaciones, están los juicios públicos a perpetradores, las exhumaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, la edificación del Lugar de la Memoria, entre otros, pero ¿son acaso propuestas articuladas? ¿Qué tanto conocemos de las mismas? ¿Cuántos perpetradores han sido enjuiciados? ¿Cómo será el guion museográfico del Lugar de la Memoria? ¿Para qué se exhuman restos? ¿Cuántos desaparecidos tiene el país y qué hemos hecho para avanzar en su búsqueda? Cabe entonces preguntarse aquí, ¿cuál es esta memoria que se quiere o se debe transmitir? ¿Dónde quedan los compromisos políticos de las instituciones y funcionarios del Estado?

Bajo ‘políticas de memoria’ me refiero a la dimensión planificada, dirigida o programada desde el Estado en su forma institucional. Lo cultural ha sido el terreno desde donde muchas de estas formas planificadas han tenido lugar –ahí el papel de la sociedad civil, de las asociaciones de víctimas y del movimiento de derechos humanos ha sido clave. Pero estas han sido iniciativas que si bien han tenido un carácter público y político y han servido para difundir y consolidar distintas interpretaciones de acontecimientos del pasado, requieren los compromisos políticos del propio Estado para avanzar como conjunto de país.

Hacer memoria es hacer política. El derecho a la memoria tiene su contraparte en el derecho al olvido –los sujetos tienen derecho al olvido para mantener el derrotero de sus propias vidas. Connerton hace un interesante ejercicio al reflexionar sobre las formas que tiene el olvido. El problema es cuando este olvido es voluntario y proviene del Estado –del Estado que no quiere reconocer a sus propias víctimas, que se niega a aceptar el reconocimiento del otro. La indiferencia mata. Aun en el odio, como escribe el autor del vals del epígrafe, es posible reconocer ‘algo’ de una relación dañada. Pero con la indiferencia el otro no existe como sujeto, como individuo, como historicidad. Lerner en su discurso de entrega del Informe final de la CVR en agosto del 2003 precisamente subraya la indiferencia como la incapacidad moral de pensar en el otro –en esas otras víctimas que nadie recuerda. Ese olvido no permite zanjar con el pasado. No permite que la sociedad avance aprendiendo de su pasado y recogiendo de éste aquello que le da posibilidad de pensarse en futuro.

La forma que toman estas políticas de memoria varían, ya sea utilizando los canales institucionales como el Ministerio de Educación o los mecanismos de justicia transicional como comisiones de la verdad, programas de reparaciones o juicios públicos a violadores de derechos humanos. Estas políticas además corren el riesgo – como el propio reconocimiento – de ser negativas: como aquello que enfatizase Charles Taylor cuando describe que aun uno se puede reconocer como inferior ante el otro, es decir reconocerse como menos y por lo tanto, dejar que otra persona tome decisiones por ti, o instale su voluntad en la forma de dictaduras y aparatos educativos que valiéndose de distintos medios instalan versiones oficiales y autojustificatorias de sus crímenes (“Matamos menos”, “Son excesos”, “Cómo diferenciar quienes eran terroristas”…) y de tejer en el aparato público prácticas y mecanismos dirigidos a hacer valer la razón (mejor dicho, sin/razón) de los perpetradores.

El trabajo de la memoria es en colectivo –aunar esfuerzos para pensar una sociedad y la gran responsabilidad que tenemos de transmitir sus memorias para las futuras generaciones. Ahí las políticas educativas son cruciales –el estudio reciente Secreto a voces de Ucelli et.al. (Lima, IEP, 2013), da cuenta precisamente de las dificultades (o silenciamientos en algunos casos) de abordar un tema como el conflicto armado interno en el aula. El maestro público sigue siendo un personaje de sospecha y aunque los decretos y leyes antiterroristas no tengan vigencia, siguen ahí como filtros a través de los cuales se instala como normas disciplinarias en la conducción de qué decir y cómo decirlo sobre el conflicto armado interno. Este es el tema que abordamos con Vera Lucía Ríos en un estudio de IDEHPUCP en tres colegios en Huancasancos (Ayacucho), Satipo (Junin) y Azángaro (Puno) (aún sin publicarse). Se enseña sobre el periodo pero no se habla de este ni se le describe del mismo modo, aun en los textos escolares que distribuye gratuitamente el Ministerio de Educación. Esta falta de congruencia habla por sí sola de lo complejo que es abordar el tema en el sistema educativo peruano y en nuestras propias luchas por la memoria.

El campo de memoria está en tensión constante y hacer memoria viene a ser además un acto político. Por lo tanto, existen asimetrías entre quienes tienen más medios y recursos para transmitir su memoria y quienes no los poseen, lo que generalmente coincide con la asimetría existente entre la memoria oficial y las múltiples memorias colectivas; incluso dentro de estas existen memorias dominantes. Es difícil encaminarnos a un equilibrio entre la memoria institucional impulsada desde el ámbito de la justicia transicional y de los Derechos Humanos y que demanda inclusión y reconocimiento, y las distintas memorias colectivas, especialmente aquellas de las víctimas del conflicto.

Pero, desde el Estado una política de memoria como política de reconocimiento se vuelve urgente. No se puede seguir negando y dejando de lado la existencia y vidas de los ciudadanos de este país. No se puede seguir exculpando a perpetradores. Honneth hablará de reconocimiento en términos de una moral y un sentido ético, que se traduce en una agencia que lleva al desarrollo de procesos sociales en los cuales los individuos reclaman o demandan para sí aquello que les es negado, arrebatado o simplemente se le asigna como un espacio o posición ‘propias’. El reconocimiento conlleva autonomía, es decir libertad de tomar decisiones. Pero el reconocimiento lleva también al reordenamiento de relaciones sociales y es a ello donde debe apuntar el Estado – a recuperar y retomar el camino de establecer puentes y canales de comunicación con su sociedad, especialmente con su sociedad de víctimas. “Ódiame por piedad yo te lo pido”. Los suplicantes y las suplicantes de este país ya tienen demasiado con hacer llegar sus demandas a un Estado y una sociedad que los mira con desdén e indiferencia.


* Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú.