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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Poderes en riesgo

Quiero hacerla un cuadrado,  
deformarla en un triángulo pero la vida siempre vuelve a su forma circular.
El ciclón de Café Tacuba


Década del ‘90: Cipriani respondiendo que los derechos humanos son una cojudez. Años después, en el último contexto electoral, trató de aclarar que solo lo dijo con relación a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, liderada en ese entonces por la gran Pilar Coll, y al trabajo supuestamente sesgado que hacían. Fue peor. Decir eso no solo fue un insulto a la Coordinadora y a las organizaciones que la conforman. Fue un insulto a todas las personas por las cuales trabajan buscando verdad y justicia. Fue insultar a las cientos de miles de personas a las cuales se les han violado sus derechos humanos.

Hace unos días, el mismo señor señaló que debería realizarse un referéndum para la aprobación del aborto terapéutico [1]  y de la Unión Civil [2] . Ese señor intenta desconocer que el aborto terapéutico es legal en nuestro país desde 1924. No quiere saber del compromiso del ministerio de Salud en aprobar en este semestre un protocolo para viabilizarlo. [3]  No reconoce tampoco la demanda de gays y lesbianas peruanas para que se les reconozca sus derechos fundamentales. Quiere desconocer la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de aprobar la Unión Civil.

Años después, el señor Cipriani sigue (sin decirlo literalmente) repitiendo el sentido de su famosa frase. Esta vez el público es un poco más reducido, solo se tata de los derechos humanos de las mujeres en riesgo por embarazo y de gays y lesbianas.

García Pérez

1985 – 1990: Primer gobierno de García Pérez. No solo fue nefasto en términos económicos y de violaciones a los derechos humanos (matanzas como la del Frontón o Cayara aún no encuentran justicia), fue también un gobierno de grandes escándalos de corrupción. Cuando terminó, el Congreso formuló acusaciones contra el ex presidente por presunto delito de enriquecimiento ilícito.  Dos fiscales de la Nación modificaron los términos de la acusación y el Poder Judicial resolvió falta de mérito para procesarlo. Es decir, nunca se le juzgó por los delitos imputados, tampoco se le sancionó. Luego vino el golpe de Estado, el señor se fue a Colombia. Regresó cuando ya todo había pasado y prescrito. Lo volvimos a elegir presidente para el periodo 2006 - 2011.

2011: Terminado su segundo mandato se creó otra comisión del Congreso específicamente para investigar el gobierno de García [4] . Una de las cosas (de las tantas) más graves encontradas por esta comisión fue el llamado caso de los narcoindultos: la concesión masiva de indultos (232) y conmutaciones de pena (5,246), de los cuales 3,279 de los beneficiados estaban procesados o sentenciados por delito de tráfico ilícito de drogas. Es decir, benefició a narcotraficantes. Esto sería una grave infracción constitucional. La potestad de administrar justicia la ejerce el Poder Judicial (artículo 138° de la Constitución). Lo que se hizo acá fue casi crear un sistema de justicia paralelo.

También encontraron indicios razonables para formular denuncias penales como la asociación ilícita para delinquir en el caso BTR e indultos cuestionables de personas encargadas de la reconstrucción del terremoto de Pisco, entre muchas cosas más.

Sin embargo, el lunes 31 de marzo, luego de una semana de chismes absurdos en la política peruana sobre pseudobombas de infidelidades e hijos no reconocidos, nos enteramos de una resolución que anula los informes de la Comisión Investigadora. Dos de los argumentos del juez Hugo Velásquez para tal decisión fueron:

1)    “No se advierte que se cite al actor en su calidad de investigado o citado”[fundamento octavo de la sentencia]. Si la comisión fue creada para investigar al gobierno de García Pérez, y lo dice así hasta su nombre“Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno de Alan García Pérez…”, para qué más podía ser la citación sino para que se presente como investigado.

2)    “[En la citación]no se precisa de manera puntual la conducta ilícita (mundo fáctico) que  habría cometido en cada tema de investigación el actor; tampoco cual es el presunto delito y/o infracción constitucional que se le imputa en cada tema de investigación (mundo jurídico)”[fundamento décimo segundo]. Lo que ha hecho el juez es tratar de equiparar las reglas del debido proceso en un proceso judicial penal con las reglas del debido proceso de una comisión investigadora. Las cuales no son las mismas por la distinta naturaleza de ambas: en la investigación de la comisión solo se determinará si hay indicios o no de supuestos delitos o infracciones constitucionales, en el proceso judicial penal se le va sancionar como culpable o no de delitos.

El Congreso puede y debe apelar esta resolución. Podría también exponer los informes ante el pleno y de acuerdo a eso el Congreso decidir (como en la inhabilitación de Fujimori cuando renunció por fax), lo cual se encuentra de acuerdo a ley. Aún no todo está perdido.

Lo que queda claro es a qué juegan García Pérez y compañía. Juegan a nuevamente pasar encima de todo y salir impunes. Ya lo hicieron una vez, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Queda también claro que piensa Cipriani Thorne de los derechos humanos de las mujeres, gays y lesbianas. Ya lo dijo hace 20 años ¿Por qué no pensaría lo mismo ahora?

Ojalá este año seamos un poquito capaces de frenar la historia repetitiva, de cambiar el rumbo. De exigir nuestros derechos, porque si lo dejamos en manos de este Congreso no la haremos nunca. Tenemos que salir a las calles a reclamar que nuestros derechos no se negocian (ni siquiera vía referéndum) y decir basta ya de tanta corrupción, de liberalizaciones masivas de narcotraficantes y que después encima vuelvan a dirigir al país. Salgamos a las calles el 5 y el 12 de abril. El 5 para protestar contra la impunidad y el 12 para que Cipriani y compañía no nos sigan insultando.
 

Notas:
1. Aborto inducido cuando está en riesgo la vida de la madre.

2. http://peru21.pe/politica/cipriani-plantea-referendum-sobre-aborto-terapeutico-y-union-civil-2176390

3. El compromiso de la Ministra de Salud ha sido aprobarlo este semestre, es decir hasta junio.http://noticias.terra.com.pe/nacional/reiteran-que-guia-de-aborto-terapeutico-se-aprueba-este-ano,ad3914a6260e4410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

4. “Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del gobierno de Alan García Pérez, como Presidente de la República, y de formular las recomendaciones pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad de presuntos actos de corrupción y/o delitos económicos y financieros durante el período gubernamental 2006-2011”. Es decir, el estatus jurídico de investigado de Alan García estuvo definido desde la misma creación de la Comisión.