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Una publicación de la asociación SER

No hay reforma del Estado con servidores públicos sin derechos

 

El Estado- según el portal institucional del Ministerio de Trabajo-  dice promover un empleo decente y productivo, y el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de la población, fortaleciendo el diálogo social, la empleabilidad y protección de grupos vulnerables.

El 30 de octubre el Primer Ministro Vicente Zeballos anunciaba las políticas de gobierno hasta el 2021. Una de ellas plantea el fortalecimiento institucional del Estado y de sus capacidades, para que esté en condiciones de ofrecer servicios efectivos y de calidad a los ciudadanos. Esta prioridad de su gestión tiene como meta al 2021, que el 100% de las entidades públicas rindan cuentas cada tres y seis meses a través de medios digitales.

Siendo importante el anuncio y saludando la iniciativa es bueno recordarle al ministro Zeballos que las instituciones funcionan con capital humano, y que para el 2018 el régimen CAS concentraba el 22% de los trabajadores estatales, un sistema que subyuga la vida de los servidores púbicos que se encuentran bajo esta modalidad. Cabe precisar que este régimen fue creado como una alternativa a los servicios no personales (SNP) en el sector público, siendo su objetivo la reducción de costos laborales a través de un sistema de contratación más flexible, ello debido a que desde 1993, las leyes de presupuesto han incluido normas de austeridad fiscal, que prohíben el ingreso de personal nuevo a la carrera administrativa con excepción de los reemplazos de las plazas presupuestadas vacantes.

Se habla de igualdad de oportunidades y sin discriminación, con promoción del “empleo digno". Bajo esta lógica ¿será posible que un servidor público tenga un “empleo digno” bajo un sistema que termina esclavizando la labor del funcionario CAS? Más crítica aún es la situación del personal contratado bajo la modalidad de servicios por terceros, los llamados “piratas”, que a la fecha son miles de trabajadores que son explotados laboralmente, sin derecho a un seguro de salud, sin una expectativa de contar con un seguro de vida. Situación de explotación que el Esttado se niega a ver, como se ha puesto en evidencia ante una denuncia hecha por el Colegio de enfermeros del Perú, sobre irregularidades diversas que atraviesa el personal de salud bajo la modalidad de este tipo de contrato.

Es cierto que aun hay grandes deficiencias en la atención al público y en las labores administrativas del Estado. Para superarlas se requiere la implementación de políticas públicas que ayuden a mejorar el sistema, pero para ello hay que ver a los servidores públicos como piezas fundamentales de los grandes cambios que se necesitan, pero ello no va a ser posible mientras no cuenten con un contrato de tiempo determinado, porque se encuentran en manos de un empleador que puede prescindir de ellos en cualquier momento, lo que desincentiva a cualquiera.

El servidor público es un agente clave en la construcción de un país más justo, por ello quienes ocupan cargos gerenciales y de decisión en la administración publica tienen que entender y reconocer que tienen derechos, Basta de ver al servidor como un enemigo. Mientras esto no cambie el trabajo de SERVIR seguirá teniendo un impacto limitado con resultados poco visibles y los intentos de modernización del Estado caerán en saco roto y seguirán condenados al fracaso.