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Una publicación de la asociación SER

¡No empujen!

Apenas las encuestas revelaron que la propuesta presidencial de ir a un referéndum tenía gran acogida entre la población y, más aún, cuando se ha conocido que la mayoría parlamentaria le daría largas al asunto, se ha desatado una desenfrenada carrera –sin orden ni concierto-  de espontáneos recogedores de firmas “para el referéndum”.

Sin embargo, el procedimiento señalado en la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos exige que para solicitarlo, su promotor o promotores, consigan la adhesión de un número de ciudadanos “no menor al 10 por ciento del electorado nacional”. Esto es 2’337,500 firmas. Para ello se debe comenzar adquiriendo un paquete electoral en la ONPE adjuntando el proyecto de ley para la reforma parcial o total de la Constitución, para poder reunir las firmas en formatos que serán luego revisados por el RENIEC.

Hasta ahora se sabe que el abogado Carlos Torres Caro (ex congresista humalista) compró un kit el 17 de agosto para recoger firmas en favor de un proyecto de reforma constitucional que contemple “la no reelección inmediata de congresistas y garantía de idoneidad en el cargo de congresista”; aunque desde el 27 de marzo del año pasado, el ciudadano Adam Yuri Villegas Calderón lo está haciendo con el mismo propósito. También la congresista Patricia Donayre, el pasado 27 de abril, adquirió un kit para recoger firmas en favor de su proyecto de modificación del Artículo 93° de la Constitución referido a la inmunidad parlamentaria. El decano del Colegio de Sociólogos esta semana anunció la formación de la Red Cívica por el Referendum que recogerá firmas para apoyar la iniciativa presidencial y que incorpore la rebaja del número de firmas requeridas para inscribir un partido político; así como elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de sus candidatos.

Todas las demás iniciativas, incluyendo las de un candidato a alcalde para cerrar el Congreso o de colectivos izquierdistas que recogen firmas para una Asamblea Constituyente; o de feministas, estudiantes de derecho o movimientos vecinales para que Hinostroza y Chávarry se vayan, no tienen valor legal porque no cuentan con los formatos oficiales adquiridos en la ONPE.

Parecería un caudaloso río que trata de canalizar la indignación ciudadana contra jueces, fiscales y parlamentarios corruptos (sin olvidar a los empresarios coimeros, sus abogados y periodistas), pero como son tantas y poco claras, todo puede terminar en un río revuelto que desgaste y genere más desconcierto y, a la postre, más desconfianza.

Sorprende que la mayoría de líderes democráticos siga pasivamente el espontaneísmo de las masas y no señalen con claridad las limitaciones de la consigna “que se vayan todos” y sus funestas consecuencias para un Estado con instituciones tan frágiles.