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Una publicación de la asociación SER

¿Narco-política en el Perú?

Ya hace un tiempo  que no se habla empíricamente de la situación actual del tráfico ilícito de drogas en el Perú. Las últimas cifras (para el 2011, de UNODC) muestran, para variar, un sistemático incremento cuantitativo en el área destinada al cultivo de coca. Desde el año 1999 (con una trivial excepción en  los años 2003 y 2005) hasta el 2011, el área en cuestión se ha incrementado continuamente de 38,700 a 62,500 hectáreas, lo que nos hace actualmente el primer productor de hoja de coca en el mundo. Recordemos que este espacio todavía incluye la demanda por el consumo tradicional , la cual representa alrededor de 6 mil hectáreas. Aún así, nos queda un alto porcentaje destinado a las actividades ilícitas del tráfico de drogas.

Además de este indicador (y de la producción potencial de cocaína), hay uno al que usualmente no se le destina mucha atención: las estadísticas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Solo para el año 2012, la UIF recibió 3,111 Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de los sujetos obligados a reportar (y en lo que va del año, ha recibido 2,153 hasta junio de 2013). Se preguntarán: ¿Pero qué son estos reportes? La UIF los define como documentos remitidos que informan de operaciones detectadas como sospechosas (cuando se presume que los fondos utilizados proceden de una actividad ilícita). Pero esto no es lo más grave, puesto que los reportes incluyen varios delitos precedentes; sin embargo, hay uno que engloba la mayor cantidad de Informes de Inteligencia Financiera (definidos como los documentos en los que la UIF informa al Ministerio Público de actividades presuntamente vinculadas al lavado de activos y/o al financiamiento del terrorismo) y de millones de dólares involucrados ($5,187): el tráfico ilícito de drogas.

En todo caso (y mal que bien, dadas las limitaciones en la  metodología  de medición), tenemos evidencia empírica  que el narcotráfico está en aumento en el Perú y no se ha logrado absolutamente nada para frenarlo o revertirlo en los últimos 10 años y tres gobiernos. Si me hablan de aumento de incautaciones y de más reclusos por tráfico ilícito de drogas en las cárceles, les hablaré de volúmenes totales de producción potencial de cocaína y de focalización, hacinamiento y violaciones a los derechos humanos.

En ese escenario, es completamente asequible que el tráfico ilícito de drogas pueda llegar a la esfera política en el Perú. Más aún, es posible que no solo el dinero proveniente del lavado de activos del narcotráfico pueda penetrar a instituciones públicas y hacer corruptos a funcionarios públicos, sino que el delito pueda adquirir una suerte de representación política. Es cierto, vivimos en una sociedad en la cual no solo los ciudadanos sino también los delitos tienen representantes. ¿Divertido? En realidad es penoso. ¿Y saben por qué? No porque existan seres amorales que pretendan ocupar cargos políticos sabiendo que tienen nexos con el narcotráfico sino porque la frágil institucionalidad  así lo permite. Y aquí podríamos empezar el debate de perfiles profesionales y vallas electorales; sin embargo, basta con decir que un delincuente no entraría a un recinto si es que hay todo un sistema de seguridad activo y alerta resguardándolo.
Yo no sé cuál es el grado de penetración del narcotráfico en la política actualmente, pero a raíz del caso Obregón asumo que el Presidente Humala pecó de ingenuo al buscar este preciso bolsón electoral cocalero. Sin embargo, tengo que reconocer que, en mi línea de trabajo, he sabido que no todo cocalero (o movimiento cocalero) es narcotraficante ni tiene actividades relacionadas a este negocio ilícito; no obstante sí existen cocaleros y movimientos cocaleros ligados al narcotráfico.

Más allá de esta situación, resulta pertinente establecer un plan inmediato nacional para evitar cualquier penetración del narcotráfico en cualquiera de sus modalidades. Un reforzamiento de la ley en este sentido (aumentando penas por delitos de corrupción de funcionarios por narcotráfico) y una evaluación rigurosa y objetiva de los actuales y futuros postulantes a cargos públicos y políticos son algunas de las medidas que podrían ser tomadas en cuenta.