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Una publicación de la asociación SER
Abogada, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Mujeres de Manta y Vilca: ¡Y no podrán callarlas!

Foto: Andina

Veo a las mujeres de Manta y Vilca en la puerta del tribunal y en mi mente de inmediato adapto ese verso dedicado a Túpac Amaru, pero que a mí siempre me recordó a Micaela Bastidas. Y pienso en esa guerrera afro indígena que se hartó y no tuvo más paciencia para soportar todo lo que vivía su pueblo y organizó una legión de guerreras quechuas y aymaras que lucharon para liberarse. Veo a estas mujeres, con esa fuerza capaz de sobreponerse a todo lo que les hicieron y a seguir buscando justicia por ese crimen que duró años, por las violaciones perpetradas por militares que actuaron con el conocimiento de su Estado Mayor. Las veo y las admiro. Ellas son las actuales Micaelas.

Este miércoles 13 de marzo ellas esperaron desde tempranito en la puerta del juzgado. Recién casi a las 10:00am se les permitió entrar. Junto a sus representantes y acompañantes, fueron entrando a la Sala en pequeños grupos, primero de 10, luego de 4 en 4, y –a pesar de haber varias sillas vacías- muchas de las personas que fueron a respaldarlas, a estar con ellas en el juicio, se quedaron en la calle sin poder entrar.

Fue la primera sesión del nuevo juicio oral sobre su caso. El anterior se quebró en noviembre de 2018 debido a muchas irregularidades. Escucho decir a los abogados que incluso la jueza Emperatriz Pérez tuvo que “inhibirse por decoro”. Y esa frase me retumba en la cabeza, vaya eufemismo abogadil para no decir que también estuvo involucrada en los audios de la corrupción que trajeron abajo al Consejo Nacional de la Magistratura y al ex Fiscal Superior del Callao, Walter Ríos.

Ya en la Sala, me siento al lado de las mujeres. Están con los ojos fijos en los magistrados e intercambiando miradas entre ellas, dándose fuerza una a una. Avanza la audiencia y los tres magistrados van señalando que este proceso se realizará con un adecuado enfoque de género y tomando en cuenta el contexto político en el que fue cometido el crimen. Ellas respiran como aliviadas. Todas sabemos muy bien que significa esto.

Al otro lado los 5 inculpados no se mueven ni se miran entre ellos. Me quedo mirándolos un rato. Intento entender qué pudo pasar por sus mentes para que violaran por tantos años a las tantas mujeres. Me doy cuenta de que si me los cruzara por la calle, nada en ellos me haría pensar en su crimen atroz. La banalidad del mal, no son monstruos, no son enfermos mentales, son los sanos hijos del patriarcado… son acusados de cometer terribles atrocidades, y nunca pensaron que las mujeres que violentaron tendrían la fuerza y el valor para denunciarlos. Ellos pensaron que estas mujeres nunca tendrían voz.

Vuelvo a mirar a las mujeres, a las Micaelas indomables, mientras surge la discusión porque sus abogadxs piden interpretes que dominen el quechua de Huancavelica, frente a los abogados de los imputados que dicen que no es necesario, que el quechua de toda la zona se entiende; las escucho comentar bajito entre ellas, con impotencia y rabia, que estos no saben de lo que hablan, que claro que es distinto y que algunas palabras se pueden malinterpretar, que distinto sería si aunque sea conocieran un poquito su pueblo. Terrible país en el que sus mismos habitantes no saben de las diferencias de sus propios idiomas, y que incluso el abogado de la defensa pública, el que el Ministerio de Justicia le brinda a un acusado de violación sexual, está de acuerdo con que no es necesario que las o los interpretes dominen el quechua de Huancavelica.

Dicho esto, es urgente que el MINJUS tenga claro en sus lineamientos para la defensa pública, el respeto a las diferencias culturales, el enfoque intercultural. Ah y también deben tener enfoque de género en todo su accionar. Porque cuando se pasó a discutir sobre la necesidad de que las mujeres cuenten con el apoyo profesional psicológico adecuado, todos los abogados de los inculpados, incluyendo al de la defensa pública del MINJUS, insistieron en que las profesionales que hagan este acompañamiento a las víctimas no estén cerca de ellas cuando tengan que hablar, ya que por medio de señas o mensajes podrían inducir el dicho de las víctimas. Que decepcionante, que haya abogados, incluido uno del Estado peruano, que quieran negar el acompañamiento psicológico en la audiencia, que quieran que las mujeres estén solas en el estrado cuando declaren algo tan doloroso, y que insinúen que un o una profesional de la salud mental si está cerca de la víctima será capaz de inducir las respuestas. Como escuché decir en ese momento a María Ysabel Cedano, directora de Demus, una de las organizaciones que patrocina a las víctimas, este tipo de afirmaciones que denigra a estas profesionales merece un pronunciamiento del Colegio de Psicólogos.

Pero lo más despectivo llegó después, cuando la abogada y los abogados de las víctimas pidieron que el juicio sea público. Los abogados de los inculpados respondieron que no, que por regla general en los casos de violencia sexual el juicio oral debía ser privado. Peor aún, el Ministerio Público también se opuso a que la audiencia sea pública. Si el Ministerio Público no defiende a las víctimas, entonces ¿a quién defiende? Porque la defensa legal pasa por algo tan básico como respetar la voluntad de las patrocinadas, y en este caso las mujeres víctimas no solo piden tímidamente, si no que exigen, quieren y demandan que este juicio sea público. Porque las violentaron por casi 10 años, porque ninguna autoridad militar se inmutó durante esos años ni dio la orden para que la base se retirara, porque toda su comunidad lo sabía en ese momento y también lo sabe ahora, porque han vivido todos estos años con ese dolor, ¿por qué si han pasado por tanto, por qué ahora no puede todo el Perú conocer lo que les pasó?

Esta última e importante decisión quedó pendiente. El tribunal dará a conocer su decisión en la próxima audiencia. Mientras tanto, las mujeres esperan con ansías que se les respete, que el Estado las trate como sujetos de derecho y no como cosas a las que hay que proteger o tutelar. Porque si la privacidad es un derecho, ellas debieran poder renunciar a su derecho. Porque un derecho nunca debe ser una camisa de fuerza que recorte libertades, que cercene la dignidad. Ellas han esperado casi 30 años para alcanzar justicia, y esta pasa porque todo el país conozca lo que les hicieron. Como me dijo una de ellas a la salida de la audiencia: “como si fuésemos niñas nos quieren tratar, cómo si no pudiéramos nosotras pensar y decidir, nosotras somos valientes y queremos que todos sepan que nos hicieron”.

Señores magistrados: escuchen a las mujeres. Después de tantos años de violencia sufrida, sean ustedes esa partecita del Estado que es capaz de no abandonarlas, de entender su dolor y tratarlas como lo que son: ciudadanas. Lo único que les piden ahora es que empiecen a impartir justicia y que todo el Perú sepa que pasó en esos años terribles en Manta y Vilca, que sepan, que sepamos, lo que vivieron estas valientes Micaelas, a las cuales ya no podrán callarlas.

Otrosí digo: Mi solidaridad con las defensoras de derechos humanos Marina Navarro, María Ysabel Cedano, Emilia Salazar y muchas más atacadas físicamente este viernes 8, el mismo Día Internacional de la Mujer, por grupos antiderechos frente al Poder Judicial y frente a una Policía Nacional que no hizo nada por evitar el ataque contra ellas. Ya son muchas veces que la policía se comporta como si defendiera a las y los fundamentalistas antiderechos y no a quienes defienden los derechos humanos, algo acá no es gratuito.

 

“Verdad, verdad mi verdad 
no quiero tu autoridad 
solo quiero caminar con dignidad 
y conquistar mi libertad. 
Ustedes ven el miedo nosotros vemos verdad” 

                Anita Tijoux, Mi verdad