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Una publicación de la asociación SER

Minería en Madre de Dios: ¿El Estado contra sí mismo?

Las actividades mineras informales e ilegales estuvieron en el centro del debate durante el último proceso electoral. La candidata Fujimori fue acusada de promover la minería ilegal cuando se hizo público el compromiso que firmó con los mineros de La Rinconada, en Puno, donde se planteaba un nuevo inicio del proceso de formalización minera. De hecho, en las filas de Fuerza Popular militaron claros opositores al proceso vigente de formalización, como el congresista electo Modesto Figueroa(acusado de financiar actividades mineras ilegales e investigado actualmente por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos ) oNilson Flores(subcoordinador de Fuerza Popular en Arequipa y presidente del Centro Nacional de Mineros del Perú).

Hay, sin embargo, un gesto importante en la actitud de Fujimori ante la minería artesanal y a pequeña escala que parece haber sido ignorado desde el Estado central. Está tendiendo puentes con los liderazgos organizados de la minería y atendiendo una demanda: la creación de soluciones políticas. Esta demanda, hasta ahora, viene siendo impulsada colocando a representantes del gremio minero en cargos públicos a nivel regional y nacional. Tal es el caso de Madre de Dios.

En el periodo 2011 – 2012 la región tuvo por Gobernador a Gilbert Galindo, quien fue responsable de otorgar autorizaciones de transporte de combustible a operaciones mineras ubicadas en reservas naturales y zonas de amortiguamiento. En el 2013 se eligió como Director Regional de Energía y Minas a Jesús Guevara, a pesar de tener un claro conflicto de interés por ser titular de una concesión minera. Ya para el 2015 el gremio minero logra colocar a un líder propio en el sillón regional: Luis Otsuka, presidente de FEDEMIN (Federación Minera de Madre de Dios) y líder de las movilizaciones contra los decretos legislativos de regulan la formalización minera y el proceso de interdicción.

A escala nacional, en estos últimos comicios el gremio minero de Madre de Dios colocó representantes en distintos partidos. Además de Modesto Figueroa, quien resultó elegido, postularon también Gilbert Galindo (sí, el cuestionado gobernador) con Alianza para el Progreso, Luis Alberto Bocángel (dueño de dos dragas hidráulicas) con Peruanos por el Kambio y Eduardo Salhuana (asesor legal de FEDEMIN contra el proceso de formalización) con Perú Posible. Ellos continuarán la agenda del congresista Amado Romero (Gana Perú), el recordado “comeoro” por haber promovido un proyecto de ley que beneficiaba sus concesiones y por respaldar las protestas del 2012 - 2013 contra el proceso de formalización.

La alineación de intereses entre el gobierno central y el subnacional está claramente en jaque con representantes regionales que cuestionan no sólo la viabilidad del proceso de formalización sino su propia legitimidad, pues va en contra de los intereses económicos de los actuales liderazgos políticos. Un indicador de este desajuste de objetivos es el proceso de interdicción a la minería. La destrucción de maquinaria e incautación de insumos fue denunciada por el gobierno regional y también por organizaciones sociales que no necesariamente respaldan el trabajo minero, como los pueblos indígenas. El Estado central termina horadando las bases para establecer la negociación con los actores locales, manteniendo a la violencia como uno de los pocos rostros visibles de su presencia en la Amazonía.

Los gobiernos regionales son los protagonistas del proceso de formalización, ya que de ellos depende revisar los expedientes de cada solicitante, visitar los predios y fiscalizar las actividades mineras. Como revela la Defensoría del Pueblo luego de evaluar los avances en el periodo 2012  - 2014, muchos gobiernos regionales carecen de los recursos logísticos, humanos y económicos para evaluar individualmente las decenas de miles de expedientes acumulados. Por ello, además de plantear un problema de gestión, el reto en la lucha contra la minería ilegal involucra una discusión política con los liderazgos organizados de los distintos sectores económicos de Madre de Dios, como sugiere la presencia del gremio minero en cargos públicos y de representación política: quieren ser reconocidos, quieren participar políticamente y quieren que el Estado central reconozca y acepte sus actividades.

Por supuesto, no es posible. No mientras en las operaciones mineras se camufle la trata de personas y la prostitución de menores de edad. No mientras se contamine impunemente áreas naturales protegidas. No mientras se siga usando el mercurio que contamina ríos y enferma a niños y adultos. Sin embargo, tampoco se podrá avanzar mientras se dinamiten las operaciones y se dañe a la población local. Con la supresión de los medios de subsistencia de buena parte de la población de Madre de Dios. Ni con la estandarización de la política de formalización para vetas y zonas de extracción aluvial. El gobierno central y el gobierno regional deben reconciliar sus objetivos  e iniciar el largo pero necesario proceso de construcción concertada de la presencia del Estado a partir del diálogo político.

 

Gisselle Vila Benites pertenece a la Plataforma Comadres, espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.