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Una publicación de la asociación SER
Doctor en Antropología con Mención en Estudios Andinos. Magíster en Gobierno y Políticas Públicas. Consultor en gestión pública, gobernabilidad local, ambiente, cultura y manejo de conflictos.

¿Mina? ¿Agro? ¡Desarrollo territorial primero!

Los últimos hechos relacionados con el inicio de las operaciones del proyecto minero Tía María, han puesto de manifiesto varias realidades, todas vinculadas entre sí. Una de ellas, mencionada en otro artículo es la crisis de gobernabilidad, entendida como la ausencia significativa de legitimidad y representatividad de las autoridades, así como un gran déficit de ciudadanía, democracia, diálogo, consenso, relaciones de equidad e inclusión, y de ejercicio responsable, eficiente y ético de servicio a la población. Además de esa precaria gobernabilidad se hace evidente la ausencia de planes de ordenamiento territorial a los cuales respondan las actividades de producción de bienes y servicios. Y, como aspecto sustancial, la notable carencia de un proyecto consensuado de desarrollo que sustente una visión de futuro para los millones de mujeres y hombres de este país.

Desde este marco se hace más complejo el análisis y las soluciones a la problemática de Tía María, o a la construcción del aeropuerto de Chinchero, el proyecto especial Majes Siguas (ambos en Cusco), la ampliación del trasvase de Choclococha en Huancavelica, el intento de construcción de las represas de Paquitzapango en el río Ene, y la del río Tambo, en Junín, los proyectos de producción de cacao y de palma aceitera sobre bosques primarios, entre otros.

En el conflicto de Tía María pareciera que el masivo rechazo a la minería es por el gran riesgo de ver afectada la disponibilidad de agua y suelo -en calidad y cantidad- que se destina a la producción agropecuaria, actividad central del valle de Tambo. El conflicto se acrecienta por los antecedentes de la empresa minera y la desconfianza que genera en los actores locales, sumado a la poca transparencia en las negociaciones con las autoridades nacionales, el menosprecio hacia la población y la impertinencia de no compartir participativamente el levantamiento de las observaciones (recomendaciones según la empresa) realizadas al Estudio de impacto ambiental.

Igualmente el caso Tía María ha llevado a extremos de lo que significan la carencia de gobernabilidad, planificación y de visión antes mencionadas. Desde el lado de la CONFIEP y del Ministerio de Energía y Minas se trata de un proyecto prioritario por la inversión y los posibles beneficios que acarrea. Por el lado de la población local y sus autoridades, el proyecto pone en riesgo las inversiones agropecuarias del valle y puede afectar la disponibilidad de agua para riego. Hay que añadir la polarización de actores en Arequipa, las vacilaciones del Ejecutivo, la situación políticamente incómoda del Presidente de la República (presión política, pedido de vacancia, filtración de pormenores de su negociación con autoridades locales, entre otros aspectos coyunturales).

Es importante resaltar que varios de los opositores a la presencia minera en Islay son empresarios agropecuarios medianos y grandes que ven peligrar sus inversiones por los antecedentes que tiene Southern en la zona. Esta situación es un indicador de como el rechazo a una actividad extractiva minería no es una oposición a las inversiones privadas como se argumenta mediáticamente, sino que pone sobre el tapete las alternativas de modelos de acumulación y crecimiento económico que se presentan. Queda claro que el modelo primario exportador de materias primas no es el único.

¿Es la minería la actividad económica más importante del país? Tema discutible cuando además de constituir el principal renglón de exportación (y sujeta al vaivén de los precios internacionales) su aporte en otras variables económicas se muestra más limitado (según BBVA la actividad minera aporta el 60% de las exportaciones, 11% de la inversión privada, 10% de la producción total, 5% de la fuerza laboral, 5% de los ingresos fiscales). Podemos compararlo con otros sectores como el agropecuario, turismo, servicios que  tendrán más aportes al crecimiento económico del país y a la lucha contra la pobreza. El sector agropecuario según el BCRP contribuye con el 13% de exportaciones y de acuerdo a MINAGRI aporta con el 26 % de la fuerza laboral, el 6% del PBI y emplea a más de 418,000 personas de manera directa   Según CANATUR los empleos directos generados por el turismo fueron unos 400 mil en el 2017 (2.5% del total del país). Su aporte agregado alcanzó 1.2 millones de empleos en el 2017 y 1.7 millones en el 2008, (8.8 % del total nacional. Su participación directa en el PBI en el 2017 llegó a 3.8% y a 4.7% en el 2018, aunque el aporte total del sector fue 9.8% del PBI, Los ingresos generados por el turismo en el 2017 representan más del 9% de las exportaciones totales del país.

Considerando otros factores del desarrollo territorial ¿En qué condiciones puede haber una minería más responsable? Se podría empezar afirmando que ninguna minería ilegal, o que afecte negativamente las fuentes principales de agua o las cabeceras de cuenca, ni que degrade ecosistemas y violente culturas locales, estará en esta categoría.

Desde los mismos criterios, ¿toda actividad agrícola puede ser considerada como alternativa sostenible? ¿cuántos cientos de litros de agua consume un kilo de espárragos en el desierto de Ica, cuánto afecta al ecosistema costeño y a la vez a la puna huancavelicana? ¿Cuánta agua utiliza, cuantos campesinos son desplazados de sus tierras, y cuanto afecta la seguridad alimentaria local, la producción agroexportadora de paltas en Petorca, Valparaíso, Chile?¿Cuán distante está este modelo agrícola -fuertemente subsidiado- de la agricultura familiar que cumple el noble y sostenible rol de contribuir a garantizar la seguridad alimentaria de la mayoría de la población nacional y no obstante, se encuentra abandonada de todo tipo de soporte?

Asimismo, ¿la tala ilegal de bosques no es acaso otra actividad extractiva que compromete a la mayoría de empresarios forestales considerando que más del 70% de la madera que se exporta en el país proviene de esta práctica ilícita? ¿Y qué decir del cacao que tanto apreciamos, o de la palma aceitera tan presente en la agroindustria alimenticia, que en varios casos son producidos destruyendo bosques primarios con la complicidad de las autoridades?

Otras actividades como el turismo también debieran ser consideradas como parte de las opciones de diversificación de bienes y servicios en el marco del desarrollo territorial sostenible. Sin embargo y poniendo como ejemplos ¿Se respeta el plan maestro de Machu Picchu recibiendo más de 5,000 turistas al día, el doble de lo recomendado por UNESCO? ¿Y se maneja de manera adecuada buena parte del turismo en la ciudad de Cusco, en Madre de Dios, en Iquitos o en Nazca? ¿Cuánto se evade el pago de tributos? ¡Cuánto se benefician las comunidades locales? Se puede así enumerar múltiples actividades económicas que sin ser netamente extractivistas, están afectando negativamente las condiciones para un desarrollo equitativo, inclusive y sostenible.

Desde el enfoque de desarrollo territorial deberían generarse políticas de promoción económica que garanticen un aprovechamiento sostenible de las potencialidades de los territorios. Este señalamiento es importante porque la realidad actual es muy distinta. Mientras actividades extractivas como la minería, la agroexportación y la industria pesquera poseen beneficios tributarios que no son otra cosa que subsidios o estímulos, no ocurre lo mismo con la agricultura familiar, el ecoturismo, la agricultura ecológica, las micro y pequeñas empresa, que deberían ser favorecidas por sus potencialidades de sostenibilidad, más empleos y aportes tributarios, reducción de la pobreza y generación de inclusión social.

Concluyendo, se trata de generar condiciones para dotarnos de un ordenamiento territorial consensuado y  vinculante, como instrumento técnico y político que de fundamento a una planificación participativa, que identifique y aproveche las potencialidades locales de manera articulada y sostenible, construyendo competitividad territorial (no solo empresarial), fortaleciendo institucionalidad con capacidades humanas solventes, ciudadanas y democráticas. El diálogo intercultural, el enfoque de género y una visión de futuro concertada debieran ser parte sustancial de esta gestión del territorio, más aun en un país como Perú.

Diversas estrategias surgen en este proceso, tal como lo propone también la CEPAL: incremento de productividad y rentabilidad de las iniciativas económicas actuales e integración en cadenas de valor y mercados más dinámicos e inclusivos;  atracción de inversiones en actividades económicas, infraestructura y equipamientos necesarios para el desarrollo económico local; conformar institucionalidad compartida por organismos autónomos locales, con competencias específicas y legitimadas en su territorio, que promuevan una agenda común de desarrollo en torno a la cual se generen los compromisos y la movilización de acciones y recursos en el marco de mancomunidades municipales o regionales y con mecanismos efectivos de vigilancia, control y veeduría ciudadana, entre otras.

Nueva visión de desarrollo, nueva clase política, nueva institucionalidad social y económica y una gran movilización ciudadana serán los sustentos y garantía de estas propuestas renovadas de desarrollo territorial.